El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este miércoles que su Ejecutivo ha solicitado la contingencia migratoria al triplicar su capacidad de acogida con el fin de que se inicie la distribución de los menores migrantes no acompañados -las islas tienen unos 5.200- en virtud del decreto ley aprobado este martes.
En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el presidente ha comentado que “ya no hay excusas” para iniciar el proceso y advertido de que está “convencido” de que la Fiscalía intervendrá “de oficio” para garantizar su cumplimiento. “La Fiscalía nos ha ayudado mucho en este proceso de atención”. “Esperemos que no tengamos que llegar a eso, esperemos que el sentido común impere”, ha apuntado, subrayando que se trata ahora de ser “diligentes” y acabar con el “hacinamiento” de los menores.
El presidente canario ha insistido en que el decreto no se puede paralizar salvo que “algún órgano judicial determine una medida cautelar, que no es el caso”, pues el Tribunal Supremo “ha hablado con tres autos muy claramente de la situación de los menores”, concretamente los que están en protección internacional, pero el Constitucional también ha avanzando que es una “competencia concurrente” y las comunidades autónomas tienen “obligaciones porque son menores”. Asimismo, Clavijo ha asegurado que el Estado también tiene la obligación de poder garantizar esa “solidaridad” y, sobre todo, “proteger el interés superior del menor”.
Por ello ha pedido ayuda a los presidentes autonómicos: “En un país de 50 millones de habitantes no puede ser un problema distribuir cuatro niños“. En su opinión, la integración de los menores debe ser “plena” y con todos los servicios garantizados. “No hay que olvidar que hay niños que salieron en este viaje con sus padres, que estos han muerto y se han quedado solos. Pongámosle humanidad a este asunto”, ha destacado.
En cuanto al Estado, ha reclamado “agilidad” en los procedimientos y que no se produzca la lentitud del sistema de los menores demandantes de asilo. “Creo que se puede hacer mucho mejor. Vamos a contratar un refuerzo de 26 trabajadoras hasta final de año para poder ayudar a tramitar toda esa documentación porque al final son niños, con su tutela, con sus derechos”, ha comentado.
De esta forma, el procedimiento fija que a partir de este miércoles, todos los menores que lleguen no acompañados, en un plazo de 15 días, tienen que estar asignados a la comunidad autónoma en la que van a ser derivados, y para los que ya están acogidos en el archipiélago, se da un plazo de un año. “Es lo que dice la ley y es lo que nosotros esperamos que se cumpla. Esperamos no tener que acudir a los tribunales nuevamente para que se cumpla la ley pero el procedimiento yo creo que está establecido”, ha explicado.