Un año después de la fecha que congeló en el barro la provincia de Valencia, el aniversario de la dana se ha convertido en una disidencia política que silencia el trabajo que queda por hacer. Mientras los homenajes a las víctimas huyen de las instituciones políticas, las asociaciones afectadas se desentienden de las mismas y las administraciones organizan el funeral, las calles siguen en proceso de reconstrucción.
El 25 de octubre de 2025, miles de personas se manifestaron en el centro de Valencia para recordar a las víctimas y exigir responsabilidades. Al grito de “Mazón dimisión” y “Ni oblit, ni perdó”, hicieron sonar dispositivos de alarma a las 20:11, hora exacta en la que se activó la alerta durante la catástrofe, como símbolo de recuerdo y protesta.
Hoy, 29 de octubre de 2025, se celebra el funeral de Estado por las víctimas de la DANA en la Ciutat de les Arts i les Ciències. La ceremonia, presidida por los Reyes de España y con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, será un acto solemne y laico que también contará con familiares de las 237 víctimas. La aconfesionalidad del mismo, por petición de las asociaciones de víctimas, lo convierte en el primero de este tipo en la historia democrática de España. El funeral contará con intervenciones limitadas: solo el Rey Felipe VI y tres familiares de las víctimas fallecidas en Valencia, Albacete y Málaga tomarán la palabra.
Sin embargo, más allá de los actos institucionales, el verdadero día a día de la recuperación se vive lejos de los focos políticos, en los hogares, las consultas de psicología, los negocios que siguen luchando por salir adelante, los edificios que intentan no derrumbarse y las calles que todavía llevan las marcas del barro. Es aquí donde entra una de las profesiones más afectadas por esta catástrofe: la administración de fincas.
Después de doce meses de trabajo exhaustivo, muchas comunidades de propietarios siguen sin ascensores y con problemas en las infraestructuras. Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, explica que “todavía” hay casi medio millar que no están operativos, incluidos los elevadores de vehículos en garajes. “La reconstrucción es fundamental para que los vecinos puedan llevar una vida normal”, afirma Cucala.
La reconstrucción no para
El presidente señala que pesar de que la prioridad del primer momento, “restablecer los servicios básicos de agua y luz en los edificios más afectados”, está solucionada, las reparaciones continúan. Esta reconstrucción también afectó a los profesionales en primera persona, con “25 administraciones que lo perdieron todo” y tuvieron que luchar por sacarse adelante, además de a sus clientes. “La falta de mano de obra y la disponibilidad limitada de empresas retrasan la finalización de los trabajos”, lamenta.
Un equipo de Unidad de Evaluación de Daños, gestionada por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) llevó a cabo durante meses una exploración exhaustiva en 67 localidades valencianas afectadas, analizando el estado de edificios residenciales y sótanos. De las 130.000 viviendas afectadas que recogieron los primeros estudios, las cifras tras este trabajo alcanzan 11.228 edificios de viviendas y unifamiliares revisados y con algún daño, de los que más de 300 precisan de algún tipo de demolición, así como se han inspeccionado 655 sótanos que quedaron inundados.
Las demoliciones totales necesarias se concentran en zonas especialmente vulnerables por su proximidad a cauces y barrancos. El caso más significativo es el de Torrent, donde se derribarán 15 edificios o viviendas unifamiliares, muchos de ellos ubicados junto a los barrancos de l’Horteta y el Poyo. Algunos de estos derribos ya han comenzado, debido al riesgo existente para la población. En cuanto a las 294 demoliciones parciales, la mayor parte se localiza en municipios del área metropolitana más golpeados por la dana. Encabeza la lista Paiporta, con 45 viviendas afectadas, seguida de Picanya (42), Catarroja (24), Massanassa (22) y el barrio de La Torre en València, con 17 inmuebles que requieren intervenciones parciales en su estructura.
Raquel, vecina de Paiporta, describe cómo la situación en las calles sigue marcada por la catástrofe: “Hay zonas que todavía están igual que hace un año. Sacaron el barro, pero se quedaron así. Otras han sido tapiadas, y es muy triste pasar. La vecina relata que ve casas que se tuvieron que abandonar y negocios que no han podido volver a abrir. Las infraestructuras también muestran secuelas, Raquel reclama: “Seguimos sin auditorio ni gimnasio municipal. Los metros funcionan, pero no cumplen los horarios. Los puentes peatonales están regulares, y cuando llueve los carriles bici se llenan de barro”.
Estrés postraumático
Esta situación condiciona el día a día y paraliza la recuperación más importante: la psicológica. Mónica, madre de dos niños, relata cómo la catástrofe dejó secuelas psicológicas profundas en sus hijos: “Mi hijo de seis años está en tratamiento psicológico porque piensa que vamos a morir todo el rato. Está constantemente alerta y tiene miedo de morir por cualquier cosa. Incluso situaciones cotidianas, como beber agua o lavar el coche”. La vecina afectada protesta ante el colapso de la Seguridad Social, ya que para que su hijo menor –“que es más urgente porque así no puede vivir”- pueda acudir, ellos, en una situación similar, no pueden. “Las citas eran cada dos meses y siempre con personas distintas. Ahora acude a terapia privada, que cuesta 200 euros al mes”, lamenta.
Cada avance hacia la vida anterior al 29 de octubre de 2025 supone un salvavidas para las personas afectadas. Para los hijos de Mónica el deporte ha sido un salvavidas. “El fútbol le da la vida. Tanto él como su hermano mayor están volviendo a la rutina y eso les ayuda mucho”, explica Mónica. Sin embargo, Raquel declara: “Todavía es pronto para asimilarlo completamente porque en las calles se sigue hablando de aquel día y cada vez que suenan las alarmas, miramos al cielo y a las alcantarillas con miedo”.
Ante la lentitud de las reparaciones Sebastián Cucala reconoce que lo único que pueden hacer los profesionales es “intentar agilizar”, y los afectados, “tener paciencia”. De momento, se han conseguido gestionar 388.238 solicitudes de indemnización. El portavoz de los administradores subraya que la dana ha dejado aprendizajes que van más allá de las reparaciones: “Se ha fomentado una cultura preventiva y se han creado protocolos para que las comunidades sepan cómo actuar ante alertas de emergencia”.
Durante el aniversario, el mayor homenaje recae en la prevención. El presidente del colegio de administradores de fincas valenciano celebra que ahora muchas comunidades siguen recomendaciones, como dejar los ascensores a media altura durante inundaciones para proteger cabinas y contrapesos. Además, asegura que se han revisado las pólizas de seguro en aquellas comunidades que detectaron infraseguro, garantizando que la cobertura se ajuste al valor real de los edificios y evitando problemas futuros. “La prioridad es siempre preservar la seguridad de las personas”, advierte Cucala.