Han pasado casi dos meses desde que Matilde Muñoz, una española de 72 años residente a temporadas en Lombok (Indonesia), desapareciera sin dejar rastro. Desde entonces, sus familiares y amigos viven con una creciente frustración: aseguran sentirse abandonados por las autoridades españolas y denuncian un contraste evidente con la atención prestada en otros casos recientes en el sudeste asiático, como el de Daniel Sancho.
La situación de Matilde, conocida como Mati entre sus allegados, se complicó a inicios de julio, cuando desapareció tras abonar veinte noches por adelantado en el hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi, donde se hospedaba con frecuencia. Días después, la policía encontró gran parte de sus pertenencias en un vertedero cercano, aunque su pasaporte, el teléfono móvil y las tarjetas bancarias seguían sin aparecer.
Un silencio incomprensible
El rastro más inquietante apareció seis días después de su desaparición, cuando desde su teléfono alguien respondió a los mensajes de una empleada del hotel con la que Mati había trabado amistad. Sin embargo, su familia sostiene que no fue ella quien contestó: los graves errores ortográficos en los mensajes no encajan con el estilo de la mallorquina de adopción. Mientras tanto, los centenares de llamadas y mensajes enviados por amigos y parientes quedaron sin respuesta.
Ante estos indicios, la familia lleva semanas reclamando algo tan básico como la geolocalización del móvil. Solo ahora, casi dos meses después, el Consulado de España en Yakarta ha comunicado que tanto la Interpol como la policía indonesia iniciarían ese proceso. Para los allegados, esta tardanza ha supuesto una pérdida de tiempo crucial.
Falta de presencia institucional
Lo que más indigna al círculo cercano de Matilde es la ausencia de apoyo diplomático en el terreno. Ningún representante de la embajada española en Indonesia ni del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha desplazado a Lombok para seguir de cerca la investigación. Una situación que, comparan, dista mucho de la respuesta que se dio en otros casos.
Recuerdan, por ejemplo, el asesinato de Diego Bello en Filipinas en 2020, cuando la presión diplomática española resultó clave para que los responsables, varios policías locales, acabaran en prisión. Y mencionan también el caso de Daniel Sancho en Tailandia: pese a tratarse de un español acusado y posteriormente condenado a cadena perpetua por asesinato, recibió asistencia consular continua, con presencia de diplomáticos durante el proceso judicial.
“Dos varas de medir”
Para la familia y amigos de Matilde, el contraste es doloroso. Mientras Sancho contó con respaldo oficial en todo momento, ellos sienten que se enfrentan solos a la incertidumbre. “No entendemos cómo para un joven condenado por asesinato se desplegó una ayuda diplomática intensa, y en cambio para una mujer de 72 años, desaparecida en circunstancias sospechosas, el apoyo es prácticamente inexistente”, lamentan.
El paso de los días sin avances no hace más que alimentar la inquietud. Para ellos, lo ocurrido apunta a un posible robo con violencia y temen que cada retraso en la investigación dificulte saber qué ocurrió realmente con Mati.