El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada tomará declaración este jueves como investigada a Juana Rivas por presunta sustracción de menores, tras la denuncia presentada por su expareja después de que el hijo pequeño que tienen en común no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en Maracena (Granada).
La Corte de Apelación de Cagliari fijó para principios de enero el regreso del niño a Cagliari, donde reside con el progenitor dado que tiene la custodia; si bien el equipo jurídico de Rivas pidió medidas cautelares para evitar que lo hiciera alegando que estaba en “grave riesgo” en tanto que el padre está procesado en Italia por presuntamente maltratarle, en una causa independiente que sigue su curso en el país alpino.
El 7 de enero, el mismo Juzgado de Instrucción 4, que ese día ejercía en funciones de guardia, tomó declaración al menor y acordó la suspensión provisional de su entrega al padre en la línea de lo que habían solicitado tanto la Fiscalía como la representación legal de la madre.
Una jueza protegió al menor en base al Convenio de La Haya
La magistrada Susana Álvarez Civantos -sobre la que ahora ha recaído la instrucción del caso- consideró en ese momento que el relato del niño, de once años, era “serio y convincente”; y acordó su “inmediata protección” en base al Convenio de La Haya y demás normativa existente a fin de primar el “interés superior del menor”.
El pequeño no regresó a Italia hasta el pasado 25 de julio tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes. La defensa de Rivas ve la declaración de este jueves, fijada a las 10:00 horas, como una “oportunidad” para que Juana y sus hijos puedan “escapar del laberinto jurídico en el que se encuentran atrapados”.
Esta parte expone que “Daniel no viajó a Cagliari el 8 de enero” y “eso es una obviedad que nadie niega”, por lo que creen que lo que se discute en este caso es “si existe o no un maltrato físico y psíquico continuado que justificara que Daniel no fuera entregado a su padre, Francesco Arcuri“, que “está siendo juzgado por delito de maltrato familiar en Italia, acusado por la Fiscalía italiana”.
Aunque el Juzgado de Instrucción 4 de Granada archivó inicialmente la denuncia que Arcuri presentó contra Juana Rivas por sustracción de menores, la Audiencia Provincial estimó en julio parte de su recurso y ordenó al juzgado reabrir el caso para practicar las diligencias de investigación adecuadas y, en particular, la declaración en calidad de investigada de Rivas.
La madre protectora de Maracena ya fue condenada por sustracción de menores a raíz de que en 2016 sacara a sus dos hijos de Italia sin consentimiento del padre alegando que huía de una situación de maltrato. Más tarde, en verano de 2017, permaneció un mes en paradero desconocido con los niños.
El Tribunal Supremo rebajó de cinco a dos años y medio de prisión la pena que le fue impuesta y el Gobierno le concedió el indulto parcial en 2021, a condición de que no cometiera el mismo delito en el plazo de cuatro años. Ello, desde la publicación del real decreto en el BOE, que es del 17 de noviembre de 2021, por lo que una hipotética condena podría afectar a la medida de gracia.
Concretamente en la resolución, consultada por Europa Press, el Gobierno conmutó a Juana Rivas la pena impuesta por el Tribunal Supremo por otra de un año y tres meses de prisión.
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