El próximo martes, el Gobierno tiene previsto llevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de violencia vicaria. El texto llega tras años de denuncias de madres, asociaciones y profesionales que alertan de una misma realidad: niñas y niños siguen siendo obligados a mantener contacto con progenitores violentos, incluso cuando existen indicios claros de violencia de género, y el sistema judicial continúa fallando en su protección.
El anteproyecto nace con la promesa de nombrar por fin una violencia largamente invisibilizada. Sin embargo, el trámite de audiencia pública ha puesto de manifiesto que el debate ya no está en si la violencia vicaria existe, sino en si la ley será capaz de prevenirla o si volverá a llegar cuando el daño ya esté hecho.
Un diagnóstico compartido
Más allá de sus diferencias, todas las alegaciones presentadas —por juezas, asociaciones de víctimas y entidades especializadas— coinciden en un diagnóstico de fondo: el sistema actual es reactivo, fragmentado y permite que la violencia continúe por vías institucionales.
El problema no es solo el agresor, sino cómo el propio sistema judicial gestiona la violencia. La falta de medidas automáticas, la amplia discrecionalidad judicial y el uso de conceptos ambiguos han dejado a muchas infancias atrapadas en procedimientos que, lejos de protegerlas, prolongan el control del agresor.
Existe un consenso claro en tres puntos clave:
-La violencia vicaria es una forma específica de violencia de género, ejercida para dañar a la mujer a través de sus hijas e hijos, y no un conflicto familiar neutro.
-Las niñas y los niños son víctimas directas, no testigos, y su protección no puede depender exclusivamente de una condena firme.
-Escuchar no basta si esa escucha no se traduce en decisiones que rompan el vínculo con el agresor cuando existe riesgo.
A partir de este suelo común empiezan las diferencias. No tanto en el diagnóstico, sino en cómo cerrar las grietas del sistema: qué debe ser automático, qué margen debe conservar el juez y cómo evitar que una ley mal definida acabe reproduciendo la violencia que pretende erradicar.
Cuatro miradas sobre una misma falla del sistema
Las alegaciones al anteproyecto proceden de cuatro espacios distintos, con trayectorias y lenguajes propios, pero con un punto de partida común: el sistema no está protegiendo a las infancias frente a la violencia de género vicaria.
Por un lado, están un grupo de juezas, que advierten de las disfunciones estructurales del modelo actual. En sus alegaciones señalan la falta de criterios homogéneos, el peso excesivo de informes psicosociales poco especializados y la confusión persistente entre el interés superior del menor y los derechos parentales del agresor. Su enfoque pone el acento en la técnica jurídica: reclaman una ley clara, coherente y aplicable, que reduzca la arbitrariedad entre juzgados y evite respuestas contradictorias.
Junto a ellas, las asociaciones de madres víctimas, como el colectivo Madre Mía, aportan una lectura desde la experiencia directa del sistema judicial. No cuestionan solo la falta de medidas automáticas, sino cómo se aplican —o se vacían— las que ya existen. Denuncian que conceptos como el “interés superior del menor” se utilizan para justificar la continuidad del contacto con el agresor, que los puntos de encuentro familiar y los informes psicosociales operan a menudo como espacios de revictimización y que el falso SAP sigue filtrándose por vías indirectas.
Para este colectivo, el problema no es solo cuándo se suspenden las visitas, sino que la patria potestad siga siendo una herramienta de control del agresor. Reclaman una protección real en la primera infancia, límites claros a la discrecionalidad judicial y una ley que no deje resquicios para reinterpretar la violencia vicaria como un conflicto familiar más.
En otro frente se sitúan Stop Violencia Vicaria, Alanna y CERMI Mujeres, que coinciden en una advertencia central: una ley mal definida puede no solo fallar en la protección, sino generar nuevas formas de violencia institucional.
Stop Violencia Vicaria y Alanna ponen el acento en el riesgo conceptual y penal del anteproyecto. Alertan de que una definición ambigua de la violencia vicaria, desvinculada explícitamente de su naturaleza como violencia de género, puede abrir la puerta a interpretaciones neutras o simétricas que diluyan su sentido y permitan incluso usos inversos contra las madres protectoras. Desde este enfoque, insisten en la necesidad de blindar jurídicamente el concepto y señalan un vacío estructural del texto: la ausencia de la violencia económica como herramienta clave para prolongar el control del agresor tras la separación.
CERMI Mujeres comparte ese diagnóstico, pero añade una capa decisiva: la desigualdad en el acceso a la protección. Advierte de que niñas, niños y mujeres con discapacidad están especialmente expuestos a la violencia vicaria cuando el sistema judicial carece de accesibilidad, apoyos comunicativos, ajustes razonables y formación especializada. Su aportación no introduce un problema distinto, sino una pregunta incómoda: a quién protege realmente la ley cuando no se adapta a todas las capacidades. Reclaman que la protección automática vaya acompañada de garantías reales de acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
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