Hace una semana, la actriz Jedet anunciaba que había ganado un juicio por agresión sexual al productor Javier Pérez Santana. El caso había terminado con una condena y, sobre el papel, con un final feliz. Sin embargo, el foco de su mensaje no estuvo en la sentencia, sino en el camino recorrido para llegar hasta ella: un proceso largo, duro y profundamente desgastante que, según explicó, le había afectado a su salud mental, a su trabajo y a su vida personal. “Porque denunciar también tiene un precio”, escribió.
Este miércoles, apenas una semana después, ese precio vuelve a hacerse visible en el caso de Elisa Mouliaá, que ha decidido retirarse del procedimiento contra Íñigo Errejón después de que la Fiscalía optara por no formular acusación, justo cuando el proceso estaba a punto de sentarlo en el banquillo de los acusados. Pese a que el juez apreciaba indicios suficientes para continuar, la retirada del apoyo de la Fiscalía dejó a la actriz sola ante un juicio de alto coste personal.
¿Qué está pasando para que solo el 10 % de las mujeres que sufren una agresión sexual denuncien y, aun así, muchas de las que lo hacen relaten una revictimización que no depende del fallo judicial, sino del propio funcionamiento del sistema?
Las expertas en violencia sexual llevan tiempo alertando de que esta revictimización no es un efecto colateral inevitable, sino una consecuencia directa de cómo está configurado el sistema judicial. Denunciar, explican, supone para muchas mujeres enfrentarse a uno de los procedimientos más duros que existen, con un coste que rara vez se tiene en cuenta.
“Procesos largos donde se trata fatal a las víctimas”
Isaac Guijarro, abogado del bufete Olympe Abogados, lo resume así: “Los procedimientos más duros que hay en España son los que tienen que ver con los delitos contra la libertad sexual. Son procesos larguísimos en los que se trata fatal a las víctimas: te niegan pruebas, testigos, no quieren prorrogar los plazos de instrucción y tienes que estar recurriendo todo constantemente”.
Ese desgaste acumulado explica por qué muchas mujeres llegan exhaustas al momento clave del procedimiento. “Después de cuatro o cinco años, pensar en volver a contarlo todo, en que te traten mal y en escuchar a la defensa sacar ‘trapos sucios’ de tu vida es un mundo”, señala Guijarro. En ese punto, añade, muchas víctimas optan por aceptar acuerdos a la baja o por abandonar el proceso para poder seguir adelante con su vida.
Una carrera de resistencia
Este escenario ayuda a entender por qué tantas mujeres aceptan acuerdos a la baja o deciden retirarse justo antes de sentar al acusado en el banquillo. No es falta de pruebas ni de convicción, sino una reacción lógica ante un sistema que ha convertido el proceso judicial en una carrera de resistencia. Como en el caso de Elisa Mouliaá, el problema no es solo llegar hasta el juicio, sino el precio personal que implica mantenerse ahí.
Qué daño queda sin reparar
La retirada de la Mouliaá también deja en el aire una cuestión central que la ley dice situar en el centro de los delitos sexuales: la reparación. Cuando una mujer se queda sola antes del juicio, cuando el procedimiento se cierra sin una valoración pública de los hechos o cuando la salida es un acuerdo a la baja, la pregunta no es solo si hubo o no condena, sino qué daño queda sin reparar.
La Ley del solo sí es sí concibió la reparación como algo más amplio que una indemnización económica: incluye el daño psicológico, social y simbólico, así como garantías de no repetición. Sin embargo, en la práctica, muchos procedimientos se resuelven sin que esa reparación llegue a materializarse. Ni para la mujer que se retira exhausta antes del juicio, ni para la que acepta una conformidad para poder cerrar el proceso.
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