Seguro que han leído alguna noticia donde un agresor evitaba entrar en prisión tras ser condenado si se comprometía, entre otras medidas, a realizar un curso sobre violencia de género. Nuestro ordenamiento jurídico contempla esta medida como requisito para sortear la cárcel. Una solución controvertida que no convence a las asociaciones de mujeres y que ahora vuelve a ponerse en cuestión tras el último movimiento de la Fiscalía.
Cómo funcionan los cursos
Cuando la condena, la pena privativa de libertad no es superior a dos años, el juez o jueza puede suspender su ejecución. La suspensión se condiciona a un periodo de prueba y a reglas de conducta que el tribunal impone como, por ejemplo, no acercarse a la víctima, indemnizarla, realizar trabajos en beneficio de la comunidad o completar estos programas formativos.
Sus defensores explican que su objetivo principal es reducir la reincidencia mediante cambios cognitivo-conductuales y la responsabilización del agresor. En definitiva, lograr una modificación de conducta y que el maltratador se pueda reinsertar.
Transmite el mensaje de que son “hombres enfermos”
La investigadora, Pilar Talavera Cordero, cree que esta obligatoriedad transmite el mensaje equivocado de que los agresores son “hombres enfermos”, medicalizando el problema y restando responsabilidad personal, cuando en realidad la violencia de género responde a un sistema patriarcal y socialmente aprendido, no a una patología individual.
Además, al ser un requisito obligatorio, muchos agresores participan sin verdadera voluntad de cambio, lo hacen por que no les queda más remedio, lo que reduce la efectividad del programa.
Facilitar la vida de los agresores
Sea como fuere, en Burgos, se ha detectado que los agresores incumplen de forma sistemática la obligación de asistir a estos cursos y así lo reflejaron en la Memoria de 2024. La fiscal delegada de violencia sobre la mujer en Castilla y León, María Boado, explica que los condenados alegan incompatibilidad de horarios porque coinciden con su jornada laboral. En otras ocasiones, los maltratadores se excusan en las “dificultades en la comprensión derivadas al desconocimiento del idioma” en el caso de los condenados extranjeros.
Por ello, Boado propone modificar estos cursos presenciales con un “cumplimiento online que permita compatibilizar todas estas circunstancias y asegurar al mismo tiempo el cumplimiento de la condición” reflejada en la sentencia.
Es decir, que cuando condenen a un maltratador a una pena inferior a dos años, un simple curso online podría ser suficiente para evitar la cárcel.
Una solución que no convence a las víctimas, que ya eran reacias a los cursos presenciales. Esta propuesta de simplificar la formación e intervención con los agresores les parece una tomadura de pelo.
“Lo que estamos viendo es una auténtica burla a la justicia y a las víctimas”, opina Andrea Cabezas, presidenta de la asociación Stop Violencia Vicaria.
“El sistema está premiando al agresor y despreciando a la víctima”
“La impunidad en los delitos de violencia de género no es una excepción: se ha institucionalizado. Y lo más grave es que cuenta con el aval de la propia Fiscalía. Suspender las penas a maltratadores condenados es una incoherencia intolerable. Se les está enviando el mensaje de que agredir a una mujer no tiene consecuencias, de que pueden seguir ejerciendo violencia sin miedo a la cárcel. Si además se les permite eludir los cursos de reeducación o hacerlos online desde el sofá de su casa, el sistema está premiando al agresor y despreciando a la víctima”.
Otra de las razones por las que Cabezas se muestra contrariada es porque que sea precisamente la Fiscalía, “la que debería proteger a las víctimas, a la infancia y a la sociedad, quien proponga que esos cursos sean online para ‘facilitarles las cosas’, es el colmo del despropósito”, denuncia.
Para la presidenta de Stop Violencia Vicaria a los responsables del Ministerio Públicos se les olvida algo esencial: “no son alumnos, son delincuentes”.
“¿Dónde quedan los derechos de las víctimas? ¿Dónde queda la reparación del daño? Su violencia no tenía horarios cuando las golpeaban, cuando las violaban, cuando las humillaban. Pero parece que para aplicar la justicia sí los hay. Estas medidas no sólo no reparan, sino que revictimizan. Cada vez que un agresor elude su condena, el Estado le da la espalda a las mujeres y a sus hijas e hijos”, se pregunta.
“La impunidad no reeduca: la impunidad perpetúa la violencia. Y cuando la justicia deja de proteger, se convierte en cómplice“, concluye.
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