La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) denuncia que no se forma a los agentes dedicados a la violencia de género. Se trata de un hecho bastante grave, sobre todo porque son estos guardias los encargados de la seguridad en los municipios pequeños y zonas rurales, donde no hay Policía Nacional. Y son, precisamente, las mujeres víctimas de violencia de género en estas localidades, unas de las más vulnerables.
Estos agentes tramitan las denuncias, realizan la Valoración Policial de Riesgo (VPR), se encargan del seguimiento y protección de las víctimas, se coordinan con los juzgados, casas de acogida y servicios sociales… En definitiva, son la piedra angular en la lucha contra la violencia machista en estos territorios, y es fundamental que estén especializados.
El 39, 58% de las víctimas mortales de 2024 vivían en localidades de menos de 20.000 habitantes
De las 48 mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas el año pasado, diecinueve de ellas vivían en municipios de menos de 20. 000 habitantes, lo que supone casi cuatro de cada diez. Un 39,58 por ciento del total de asesinatos. De ellos, el 64% tuvieron lugar en municipios de menos de 10.000 habitantes y el 36% restante ocurrió en municipios de más de 10.000 y menos de 20.000 habitantes.
A menos población, menor número de denuncias
Los entornos rurales tienen sus particularidades. Por ejemplo, el 35 por ciento de los hogares en pueblos de 10.000 habitantes solo tienen acceso a un único servicio público. Lo que significa que los municipios más pequeños no cuentan con un juzgado, puesto de la Guardia Civil, centro de salud o centros específicos de atención a la mujer, lo que complica el pedir ayuda o recibir asistencia.
Una circunstancia que tiene efectos en las víctimas y que se puede palpar. Tanto es así, que a medida que disminuye el número de habitantes de un municipio, se reduce el porcentaje de mujeres que verbalizan el maltrato. Denuncian el 83,3 por ciento de las víctimas que viven en municipios de 100.000 habitantes; el 78,5% en municipios de entre 10.000 y 2.001 habitantes, mientras que en los municipios de menos de 2.000 solo han denunciado el 66,9% de las mujeres, según la asociación Afammer.
El cotilleo y “el qué dirán”
Hay más factores. La idiosincrasia de los pueblos juega también un papel importante a la hora de romper el ciclo de la violencia. El Ministerio de Igualdad realizó un estudio en 2020, a través de la asociación Fademur, donde se señalaba varias circunstancias que permitían invisibilizar, en mayor medida, las situaciones de malos tratos en el mundo rural.
El hermetismo, el secretismo y el miedo al “qué dirán” de este tipo de poblaciones complica la denuncia. Lo mismo que el “cotilleo y las envidias” que se cuecen en estos ambientes. “La falta de anonimato, la falta de credibilidad y cuestionamiento de las propias víctimas así como la ausencia de solidaridad de la sociedad: “La gente prefiere mirar para otro lado”, señalaba el estudio.
Más machismo y roles estereotipados
El rol estereotipado de los hombres está también más marcado en los pueblos donde existe una fuerte masculinización de la sociedad rural. Hombres y mujeres, en general, realizan distintas tareas lo que favorece la dependencia económica y tener un poder absoluto sobre tu pareja. Suelen ser espacios donde predominan creencias más conservadoras y esto dificulta dar el paso y verbalizar la situación de violencia en las que están envueltas las víctimas, así como la denuncia por parte del entorno o testigos.
Por todo ello, no formar a los guardias civiles en violencia de género dedicados a su protección es peligroso. Son mujeres más vulnerables y necesitan, si cabe, una mayor especialización y dedicación en unos entornos donde hay más permisividad con la violencia machista.