Ver para creer. La Delegada del Gobierno para la violencia de género, que depende del Ministerio de Igualdad, inauguró ayer en Barcelona la Conferencia Europea sobre Violencia Doméstica, organizada por personas que han cerrado filas en torno a un catedrático de la Universitat de Barcelona, líder del grupo de investigación CREA, acusado por 11 mujeres de haber ejercido coerción sexual y abuso de poder durante años. Aunque el nombre del catedrático fue retirado del programa tras el escándalo, el comité organizador local sigue formado por miembros de CREA —que oficialmente dejó de pertenecer a la UB en 2020— y por AUCFEM, una organización satélite dirigida también por integrantes de CREA. La Asamblea Feminista de la UB, que ha denunciado públicamente esta situación, advierte que las ponencias de las invitadas locales están mayoritariamente a cargo de investigadoras del mismo grupo, muchas de las cuales han expresado en redes sociales que no creen las denuncias de sus excompañeras.
El congreso ha seguido adelante con el aval del Ministerio de Igualdad. CREA, el grupo de investigación fundado por el propio catedrático, desapareció como organizador directo o indirecto del evento. El nombre de Ramón Flecha fue retirado del programa tras el estallido del caso, pero su estructura y su red de influencia siguen marcando el tono del congreso. De hecho, días antes del inicio, se hizo llegar a los comités científico, organizador y local una indicación clara: no comentar nada sobre el caso del catedrático hasta que la conferencia hubiera terminado. La prioridad parece proteger la reputación del evento, no generar un espacio seguro para debatir sobre los límites del poder, el consentimiento o la violencia simbólica en contextos académicos.
La Asamblea Feminista de la Universitat de Barcelona ha respondido a esta situación con firmeza. Ha llamado al boicot del congreso y ha puesto el foco en la hipocresía que supone acoger un evento sobre violencia de género organizado por un entorno que se ha negado a escuchar a las denunciantes, a revisar sus propios mecanismos internos y a rendir cuentas públicamente. La paradoja es tan evidente que resulta obscena: se está utilizando la lucha contra la violencia como un escudo para silenciar a quienes denuncian precisamente ese tipo de dinámicas dentro del mundo universitario.
Las mujeres que han roto el silencio relatan un patrón inquietante y reconocible: relaciones sexuales marcadas por la desigualdad jerárquica, exigencias de disponibilidad total, tareas domésticas camufladas como favores profesionales, castigos académicos encubiertos, presiones psicológicas. Todo esto sostenido bajo una estructura que se presentaba a sí misma como profundamente igualitaria, progresista, feminista. El propio catedrático ha sido descrito durante años como un ejemplo de compromiso ético con la igualdad y asegura ser el más citado bajo el concepto Gender Violence. Esa construcción discursiva, avalada por premios, publicaciones y alianzas institucionales, habría servido no solo para blindarlo frente a cualquier crítica, sino para desacreditar a quienes osaban cuestionarlo.
El caso CREA nos enfrenta a una verdad incómoda: el abuso no siempre se disfraza de autoritarismo clásico, a veces se enmascara bajo el lenguaje de los derechos, la equidad y la inclusión. En este contexto, los reconocimientos institucionales, algunos congresos internacionales, determinados fondos de investigación, funcionan como capas que cubren y protegen estructuras profundamente desequilibradas. La violencia no desaparece por cambiar de vocabulario; a veces, se vuelve más difícil de señalar.
La responsabilidad institucional aquí no es abstracta. Quienes han avalado este congreso, sabiendo o no lo que había detrás, están fallando a las víctimas. Hay que revisar cómo se legitiman determinadas figuras, cómo se construyen redes de poder académico, cómo se silencian voces críticas incluso dentro de espacios que se definen a sí mismos como feministas.