Un policía que se encarga de velar por la seguridad de una víctima de violencia machista tiene, como mínimo, tres obligaciones: contactar permanente con la víctima, hacer un seguimiento diario de su caso y estar disponible “total” para responder llamadas urgentes 24 horas al día, todos los días de la semana.
Y para cumplir con estas obligaciones, un trabajo “sensible y exigente”, hacen falta valores, como el compromiso y la empatía con la víctima; experiencia y medios. “Algo que no se da”, denuncian desde el Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP).
Cien víctimas atendidas por un solo policía
No se da, aseguran, porque hay comisarías donde un solo policía (de la UFAM Protección) se hace cargo de atender a cien víctimas. Uno frente a 100. Cien víctimas de violencia machista que necesitan de esa atención casi imposible de garantizar: “Es un maltrato institucional añadido a las víctimas, por parte de una administración que presume de ser pionera en la lucha contra la violencia de género, pero no la sostiene con medios reales”.
La media nacional no es mucho más esperanzadora: sesenta para cada policía. Y tampoco mejoran las cifras- y, por tanto, esa atención necesaria- en la UFAM Investigación: “Además de no contar con personal suficiente, asumen también todos los casos relacionados con menores o delitos sexuales, sin importar si existe o no una relación previa entre autor y víctima”.
El problema no es si existe o no relación entre el autor y la víctima, sino la especialización de cada uno de esos policías. Más bien, la falta de especialización. No por gusto, sino por (una vez más) falta de recursos.
Sobrecarga laboral y emocional
“Muchas UFAM cuentan con agentes sin experiencia ni formación, recién llegados a la Policía, porque nadie quiere ir a estas unidades: la sobrecarga laboral y emocional es insoportable”, aseguran. El aumento de denuncias por violencia machista y la falta de atención por parte del Ministerio de Interior en estas unidades provocan que “los policías no den abasto”.
Si a eso le sumas que “se trabaja con horarios abusivos” o que “se realizan horas extra no pagadas” y que “esos mismos policías están obligados a acudir a juicios en su tiempo libre sin compensación económica alguna” el coctel molotov está servido.
Situaciones escandalosas que vive la UFAM
La historia va a más. Desde SUP narran situaciones escandalosas. Situaciones que, en sí mismas, son un ataque directo también a las víctimas: “En ocasiones solo hay un vehículo para todo el grupo, el mismo que se usa para detener agresores, acompañar víctimas o asistir a menores”. Y si ese vehículo no está disponible, “deben esperar a que otra unidad de policía judicial se lo preste”. Con su maltratador presente.
La única forma de mejorar la protección a las víctimas es respondiendo a todas estas -evidentes- carencias: “No con frases huecas, sino con una inversión directa y urgente en las unidades especializadas que las protegen. Porque las muertes no cesan.”
Recordemos, siempre, el significado de las UFAM (tal y como se detalla en el ministerio de Interior): “Unidades de Atención a la Familia y Mujer. Unidades policiales especializadas en la lucha contra la Violencia de Género”. Especializadas. Lucha. Contra.
Si, tal y como aseguran desde la SUP, existe una falta de especialización y la “lucha” no se puede llevar a cabo eficazmente, solo se salva el contra. Saquen conclusiones.
Asociación Alanna se pone a disposición del Ministerio
De esta situación también son conocedoras las asociaciones que acompañan y velan por la reconstrucción personal de las mujeres víctimas de violencia machista. Por eso, desde la Asociación Alanna, están trabajando ya en un escrito dirigido al Ministerio de Interior, al que Artículo14 ha tenido acceso.
Se dirigen, directamente, al ministro Marlaska: “En un contexto de creciente visibilización y denuncia de la violencia de género en España, resulta alarmante que los recursos humanos asignados a su prevención y atención no hayan evolucionado en consonancia”.
La Asociación Alanna y las UFAM tienen contacto permanente: “se encuentran desbordadas y nos lo transmiten”. Recuerdan al ministro que permitir que un solo policía se encargue de una media de 60 víctimas “pone directamente en riesgo la vida, integridad y bienestar de miles de mujeres, niñas y niños”.
Desde 2018 no ha habido un incremento en dotación policial. Y a Marlaska también le recuerdan que está incumpliendo la Ley: “Este estancamiento implica una falta de adecuación estructural que vulnera las obligaciones estatales derivadas de la Ley Orgánica 1/2004, del Convenio de Estambul y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.
Desigualdades por provincia: otro ataque más contra las víctimas
Además, tratan de hacerle entender, “el hecho de que en algunas comisarias la ratio de atención ascienda al uno para cada cien, refleja una desigualdad estructural de protección, que varía según el lugar de residencia”.
Esta realidad implica que las víctimas no acceden al mismo nivel de seguridad ni seguimiento policial en todo el territorio. Las zonas rurales y provincias con menor dotación policial son especialmente vulnerables.
“En los territorios más desbordados, las víctimas pueden tardar días o semanas en ser contactadas por su agente de referencia, lo que ralentiza las medidas de protección, seguimiento y respuesta ante amenazas, incrementando el riesgo de feminicidio o violencia reincidente”, sentencian desde Alanna.
Recomendaciones urgentes
Añaden a estas explicaciones una serie de “recomendaciones urgentes” diseñadas por el equipo de especialistas de la Asociación Alanna y la Federación Consejo de Asociaciones de mujeres resilientes de la Violencia de Género.
Abordan cinco puntos clave: aumento del personal especializado en las UFAM; reforzar “específicamente” las provincias con ratios críticas; crear indicadores públicos de cobertura policial por víctima en cada provincia, (para garantizar la transparencia y el derecho a la información, puesto que estas cifras no son públicas); incorporar la voz de las organizaciones VioGen en las unidades; y garantizando que el lugar de residencia no determine el nivel de seguridad frente a la violencia machista.
Este escrito, al que ha tenido acceso Artículo14, y sus respectivas peticiones, será enviado en “unos días” al Ministerio de Interior.
Un ministerio “mudo”
Un ministerio “mudo” desde 2021: el SUP elaboró entonces un informe analizando en profundidad la situación de un equipo que entonces ya necesitaba atención para seguir luchando contra una violencia que, a fecha de hoy, no cesa.
Si las cifras de SUP o Alanna no son suficientes, este periódico, les deja otra: desde ese año 2021, 222 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en nuestro país.
