Tradicionalmente, la fecha del 15 de octubre estaba señalada en el calendario como el día en el que el Gobierno tenía que remitir a la Comisión Europea su plan presupuestario para el año siguiente. Ahora, este hito se diluye con el nuevo marco de gobernanza fiscal comunitaria, que requiere compromisos de gasto plurianuales estables durante al menos cuatro años. Este año, el Ejecutivo logró que las autoridades comunitarias le permitieran omitir esta información. De hecho, tal y como advirtió recientemente la presidenta de la Autoridad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, España fue el único país de la UE que no ha presentado un plan presupuestario específico sobre 2025.
El Gobierno se mantiene firme en su compromiso de unas nuevas cuentas públicas para 2026, aunque sin una fecha en el horizonte, una vez vencido el plazo constitucional del 30 de septiembre. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo reiteró ayer en el pleno del Congreso de los Diputados: “Sí, vamos a presentar Presupuestos”. Entretanto, para un país que enfila el próximo ejercicio sin unas cuentas públicas aprobadas, la nueva flexibilidad de Bruselas supone un respiro.
Según confirmaron a Artículo14 fuentes del Ministerio de Hacienda, la Comisión Europea ha comunicado a los países la posibilidad de no remitir el plan presupuestario anual en la fecha del 15 de octubre. Esta modificación deriva de las nuevas reglas fiscales de la UE, que exigen a los Estados la elaboración de un Plan Fiscal y Estructural cada cuatro años.
Plan Fiscal y Estructural
En abril de 2024, la Comisión Europea puso en marcha una nueva forma de gobernanza que sitúa a los planes estructurales fiscales a medio plazo como el núcleo del nuevo marco. Estos planes definen los objetivos fiscales, las reformas e inversiones prioritarias y las medidas para abordar los posibles desequilibrios macroeconómicos durante el periodo de ajuste fiscal. Es decir, el marco temporal dentro del cual los países tiene que reducir su endeudamiento para cumplir con el Pacto de Estabilidad: que el déficit no supere el 3% del PIB ni la deuda el 60% del PIB.
El 15 de octubre de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el primer Plan Fiscal y Estructural 2024-2028. Según explicó entonces el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este marco de medio plazo, “irá acompañado año a año del plan presupuestario, donde se detallarán todas las medidas necesarias para ir cumpliendo los objetivos del año siguiente“. La realidad es que este plan presupuestario está vinculado a los Presupuestos Generales del Estado. Hace un año, Cuerpo aseguraba que “lo mandaremos [a Bruselas] cuando tengamos los presupuestos sobre la mesa”. La ausencia de presupuestos dejó ese documento en suspenso.
Reformas europeas en marcha
En este contexto, la posición de partida del Ejecutivo este año es la misma que hace doce meses. Según detallan a este medio las mismas fuentes, una vez que se presenten los Presupuestos de 2026 es cuando habría que remitir a la Comisión Europea el plan presupuestario. De esta forma, la Comisión Europea estaría siguiendo el mismo criterio que el año pasado, cuando también dio la opción a los países que no tenían proyecto de presupuestos de no presentar el citado plan hasta contar su legislación nacional. En 2024, por estas fechas se encontraban en la misma circunstancia que España, Bélgica y Austria.
🇪🇺 La Comisión ha adoptado hoy propuestas de cambios específicos en algunas normas de gobernanza económica de la UE.
Al eliminar requisitos obsoletos y reducir la complejidad administrativa, podemos ayudar a los países a destinar los recursos allí donde más se necesitan.
Info⬇️
— Comisión Europea en España (@ComisionEuropea) October 2, 2025
Esta mayor flexibilidad responde a la nueva filosofía de la Comisión Europea, que aspira a reducir la carga administrativa y mejorar la coherencia del nuevo marco de gobernanza de la UE. Así, el pasado 2 de octubre, Bruselas propuso “adaptar plenamente el proyecto de Reglamento sobre el plan presupuestario”. En la práctica, supondrá revisar incoherencias, simplificar los procedimientos y las obligaciones de información para mejorar la eficiencia de la supervisión presupuestaria. También abordará una revisión de las normas sobre sanciones financieras.
Menos cargas administrativas
Según justificó Bruselas, el objetivo de las nuevas propuestas es simplificar la legislación de la UE y eliminar requisitos administrativos redundantes para que la ayuda financiera sea más eficiente. Así, beneficiarán directamente a las administraciones nacionales al aliviar su carga de trabajo administrativo, facilitar la aplicación del Derecho de la UE y permitirles reorientar los recursos hacia otras tareas.
Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en la práctica estas mejoras incluyen un intangible más valioso: España evitará tener que presentarse ante sus homólogos europeos como un país incumplidor en el plazo del 15 de octubre ante las dificultades de sacar adelante los presupuestos. El riesgo como ya ha avisado la AIReF es que mantenga la “anestesia” sobre el marco fiscal, dejando “a ciegas” la supervisión.