Análisis

¿Un cupo para contentarlos a todos?

A vueltas con el 'cupo catalán', ya en ciernes, algunos economistas plantean soluciones para la financiación autonómica española

Descentralización fiscal en España
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El acuerdo en materia fiscal entre el Gobierno y la Generalidad de Cataluña ha levantado ampollas entre el resto de gobiernos autonómicos. Si se materializa este “pacto fiscal“, la nueva Hacienda catalana pasaría a recaudar y gestionar hasta 20.000 millones en impuestos propios que dejarían de estar controlados por el Estado central. En la práctica, este modelo implica que Cataluña salga del régimen común, por el cual el Estado recauda la mayor parte de los impuestos en cada una de las comunidades -salvo en País Vasco y Navarra-. Posteriormente es el Gobierno central quien las financia mediante la entrega de fondos.

Este cupo catalán constituye un nuevo foco de profunda discrepancia y malestar en la política española y no sólo en las comunidades dirigidas por el Partido Popular; regiones como Asturias y Castilla-La Mancha con Barbón y Page a la cabeza, se han manifestado en contra de esta decisión. Tal como decía un rótulo del programa de La Sexta Al Rojo Vivo, el café para Cataluña amarga a todos.

En este escenario, algunos economistas han propuesto en ocasiones extender este cupo o régimen foral a todas las regiones. Es decir, apostar por una descentralización total en la recaudación (actualmente son las competencias de gasto las que están ampliamente descentralizadas al recaer sobre las autonomías). Esto supondría que, de facto, desapareciese la caja común y cada región gestionase sus ingresos y gastos como si de un estado propio se tratase. ¿Con qué objetivo? Estos economistas consideran, básicamente, que esta competencia fiscal entre autonomías favorecería la llegada de inversiones ya que para captar más, los impuestos deberían ir a la baja. Consistiría en emular, a menor escala, lo que ya sucede dentro de una organización supranacional como la Unión Europea, donde hay países como Irlanda que tratan de atraer empresas con mejores condiciones fiscales que las de sus vecinos.

Pedro Sánchez
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Un ejemplo de estos economistas es Juan Ramón Rallo, analista económico en diversos medios, divulgador, columnista y profesor universitario, quien siempre ha defendido y con pundonor la !descentralización tributaria”: “Completamente lógico, pues, que algunos políticos catalanes y muchísimos ciudadanos catalanes pugnen por disminuir la magnitud de esa redistribución forzosa a su costa (bastante menos lógico, por cierto, que la Comunidad de Madrid no enarbole esa misma bandera cuando, según este mismo cálculo, cada madrileño redistribuye en promedio al resto de España casi 4.000 euros)”, escribía en las páginas de El Confidencial en marzo del pasado año.

Son los ciudadanos quienes pagan impuestos, pero son las administraciones públicas quienes gastan esos impuestos, y lo que con razón reclaman muchos catalanes es que las administraciones públicas gasten dentro de Cataluña muchos más de esos impuestos que hoy pagan y que son gastados fuera de Cataluña; o, alternativamente, que los contribuyentes catalanes paguen menos impuestos en relación con el gasto público que efectivamente están recibiendo”, continúa Rallo, quien concluye: “El pacto fiscal defendido ahora mismo por el nacionalismo catalán es una buena idea: descentralización tributaria, corresponsabilidad tributaria y competencia tributaria“.

Sin embargo, otros economistas, más o menos de la misma cuerda ideológica, como Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de economía en la Universidad de Pensilvania, han explicado en X su rechazo a semejante propuesta. En un post en dicha red social, Fernández-Villaverde afirma: “El ‘cupo para todos‘ es, para la hacienda pública, lo que la teoría del flogisto a la química moderna: una idea tan ridículamente estúpida que casi no merece ni el esfuerzo de refutarla. Pero, como estamos en España, no queda más remedio”.

Villaverde expone cuatro puntos básicos por los que el llamado “cupo para todos” es “tan absurdo”:

1) La pérdida de economías de escala: “Recaudar impuestos es carísimo. Fragmentar la recaudación en 19 haciendas (15 comunidades + 4 forales) multiplica el coste de gestión. Ya lo vemos con las haciendas forales actuales”.

2) Más fraude: “Fraccionar la recaudación multiplica los agujeros. El mayor foco de fraude fiscal en España hoy está en las haciendas forales”.

3) Mayor coste para el contribuyente: “19 agencias tributarias, 19 normativas distintas, 19 interpretaciones diferentes de la legislación. Una pesadilla administrativa para personas y empresas”.

4) Caos institucional: “Un ‘cupo para todos’ implica negociaciones constantes, de una escala dos órdenes de magnitud mayor que la actual. Y hace inviable un Estado operativo y coherente”.

5) Colapso de la equidad territorial

6) Competencia fiscal sobrevalorada (principal argumento de los defensores de este modelo)

Una anomalía histórica

Fernández-Villaverde añade: “Lo del País Vasco y Navarra es una anomalía histórica, fruto del fracaso del Estado liberal español en el siglo XIX. No tiene equivalente en ningún país avanzado del mundo”. Y remata dejando una reflexión más: “Si ningún país del planeta ha decidido organizar su hacienda territorial con un ‘cupo para todos’, lo más probable es que sea por un buen motivo”.

En otro post posterior en la misma red social, Fernández-Villaverde explica que países como Estados Unidos, Suiza, Alemania o Canadá cuentan con sistemas fiscales como el federalismo simétrico, competitivo o cooperativo, pero en los que en ningún caso hay cupos. Además, vuelve a incidir: “País Vasco y Navarra disfrutan de un sistema único en el mundo: conciertos bilaterales blindados y privilegios fiscales heredados, sin contribución al déficit común, especialmente en pensiones y con un ajuste del IVA diseñado para tomarle el pelo al resto de los españoles”, mientras que “las otras 15 comunidades están sometidas a un régimen más equitativo y controlado. España es la única democracia avanzada con un sistema de cupo bilateral sin rendición de cuentas y con efectos regresivos. Y lo peor: hay quien quiere extenderlo al resto del país“.

En paralelo, el inspector de Hacienda Francisco de la Torre ha defendido recientemente en el programa Espejo Público: “Si otras CCAA piden una financiación singular similar a la catalana el sistema no lo aguantaría“, en línea con lo que Fernández-Villaverde piensa. Para De la Torre, este pacto “pone en jaque el sistema de financiación autonómica, amenaza la solidaridad entre territorios y podría abrir la puerta a una fragmentación fiscal que debilite al conjunto del Estado”.