De momento, nadie se salta el guion. Tampoco Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, que este lunes negaron la mayor en la Audiencia Nacional, tal y como “se esperaban” desde el entorno de Koldo García. Un pacto de no agresión por el contenido aún no conocido que el ex asesor de José Luis Ábalos amaga con publicar. Así, quienes fueran presidenta de Adif y director general de Carreteras respectivamente desmintieron su participación en la adjudicación de obra pública presuntamente amañada por la “organización criminal” que lideraba Santos Cerdán y que urdían Ábalos y su entonces asesor.
Pardo de Vera reconoció que envió a Ineco el curriculum de Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos. Dijo que hacer llegar el documento era algo “habitual” y que, en ese momento, no sabía la relación que mantenía con el exministro. Añadió que sospecha que fue la última en enterarse de la relación. “Quizá por mi condición de ser mujer”, aseguró ante el juez Ismael Moreno, insinuando que se le trataba de forma diferente en el ministerio.
Jésica Rodríguez estuvo contratada durante año y medio en dos empresas públicas dependientes del ministerio. Primero en INECO y después en Tragasatec. La joven dijo en el Tribunal Supremo que jamás acudió a su puesto de trabajo, pero que cobraba un sueldo público. Según el informe de la UCO, fue precisamente Pardo de Vera quien advirtió a Koldo García de su contratación: “Ya toca revisión del contrato. ¿Lo hablo contigo?”, le envió por Whatsapp.
Con respecto a esto, explicó que para esa fecha ya conocía la relación sentimental con Ábalos y le generó “una situación violenta”. Así que decidió “dar largas” en lugar de prorrogar el contrato. Contó en sede judicial que llamó a Ábalos para advertirle: “Me costaba molestar al ministro, pero la situación no era ética”, aseveró.
Pardo de Vera se desvinculó por completo de haber intercedido en la adjudicación de obra pública -“Estoy segura de que las adjudicaciones abiertas se dieron a la mejor oferta”- y de todos los tejemanejes para conceder adjudicaciones a Acciona. Dijo no conocer a Fernando Merino, otrora director de Acciona en Navarra, con el que presuntamente despachaban Koldo García y Cerdán. Y añadió: “Si Koldo me hubiera dicho algo sobre Acciona me hubiera extrañado muchísimo”.
También aseguró no conocer a Víctor de Aldama, otra de las personas clave de la trama. Admitió que tan solo se cruzaba con él en el ministerio y que era una persona “afable”.
Además, alegó no tener competencias para conceder esos contratos porque esos procesos incluyen un 60% de valoración económica, a la empresa que mejor presupuesto tenga, y un 40% de valoración técnica, la que mejor proyecto presente. “La técnica no pasa por Presidencia de Adif. Se evalúa por un equipo que se va a hacer cargo de la obra”, explicó para distanciarse de la decisión final de la adjudicación.
El machismo de Koldo García
Pardo de Vera solo se quejó de que Koldo García le pidiera información que no procedía dado su rango y su actitud machista: “Me decía bonita con esas expresiones que las mujeres a veces tenemos que aguantar”, denunció.
Por su parte, Javier Herrero también desmintió haber participado en el amaño de obra pública, y aseguró que su papel era “muy limitado” y que solo intervenía en la valoración técnica. Atribuyó a una confusión de la UCO las sospechas vertidas sobre él porque dijo que mezclaron los procesos de licitación, de adjudicación y de modificación.
Además, aseguró que toda la información que remitió a Koldo García era pública. Que le informó de obras que ya habían terminado los procesos de adjudicación porque estaban en campaña de unas elecciones municipales y quería saber de cuáles podía hablar el exministro en los actos de partido. De ahí, el “Bingo en Logroño” que le escribió por Whatsapp a Koldo hablando de la adjudicación de una autovía, según su versión de los hechos.
Pese a todas las explicaciones que intentaron dar, el magistrado Ismael Moreno considera que “existen motivos suficientes para considerar responsables criminalmente a los investigados” y decretó la prohibición de salir del país como medida cautelar.