Glovo, plataforma de reparto de comida a domicilio propiedad del grupo alemán Delivery Hero, ha decidido reforzar su estrategia en plena tormenta judicial y política por la Ley Rider con la creación de un Consejo Asesor. Estará formado por exministros, exconsejeros y directivos. Este órgano, concebido como foro de consulta y apoyo estratégico para el equipo directivo, busca aportar experiencia política, económica y empresarial en los retos y decisiones estratégicas a las que se enfrenta.
La compañía encara actualmente sanciones millonarias, demandas realizadas por la empresa de reparto Just Eat por competencia desleal y la obligación de transformar su modelo laboral tras la aprobación de la ley para repartidores de plataformas digitales aprobada en agosto de 2021.
Sector público y privado
La lista inicial de nombres refleja la apuesta de Glovo por rodearse de figuras con amplio recorrido y experiencia en la gestión pública y privada. Entre ellos figuran José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores entre 2011 y 2016, eurodiputado y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en el Parlamento Europeo; Raül Blanco, expresidente de Renfe y experto en política económica industrial; y Manel Arroyo, exdirectivo de Dorna Sports y exvicepresidente del FC Barcelona.
En este órgano, paritario desde el punto de vista de género, participan tres mujeres. Marta Pascal, politóloga, historiadora y exsenadora (2018-2020), ex secretaria General PDeCAT (2016-2018) y profesora de Ciencia Política en la UPF; Anna Miralles Jaime, directora de Sistemas y Tecnologías de la Información de Pro a Pro, empresa del Grupo Metro; y Natàlia Mas, directora general de Respira Energía y ex consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya.
Apuesta por un nuevo modelo laboral
Este nuevo Consejo Asesor se enfrenta, en primer lugar, a la reclamación de la Seguridad Social a una cifra de 450 millones por cuotas y multas al que habría que sumar reclamaciones de IVA, intereses de demora y multas extra. Sin embargo, según las estimaciones de la compañía, la cifra que podría llegar a ascender a una potencial cifra de 850 millones de euros.
Ante las exigencias de la legislación sobre los riders, Glovo anunció en diciembre de 2024 un nuevo cambio en el que dejaría atrás a los autónomos y contrataría directamente a los repartidores como trabajadores asalariados. En el comunicado informó que “con el fin de evitar mayores incertidumbres legales que provoquen un aumento de contingencias. Se espera que el cambio de modelo operativo, limitado al negocio de Glovo en España, tenga un impacto aproximado de 100 millones de euros”.
La compañía añadió que asumiría los gastos de contratación de personal laboral así como todos los costes derivados de las reclamaciones judiciales. En este sentido, elevó sus previsiones de contingencias: de los 330-550 millones recogidos en el informe financiero semestral de 2024 a una horquilla de 440-770 millones de euros en el balance anual. Esa dotación incluye cotizaciones pendientes, sanciones, reclamaciones de IVA y otros cargos relacionados con el periodo hasta finales de 2024.
Batalla legal con Just Eat
El otro gran frente se libra en los tribunales con otra de las grandes empresas de delivery. El pasado mes junio, Glovo se impuso a Just Eat en la demanda por competencia desleal, que reclamaba 295 millones de euros por daños y perjuicios tras los beneficios obtenidos bajo un modelo que supuestamente incumplía la ley.
La sentencia consideró que el servicio de reparto de comida a domicilio mediante plataformas digitales es “un negocio innovador, tecnológicamente avanzado y que el marco laboral de su regulación resulta controvertido y obsoleto”.
También concluyó que Glovo había actuado dentro de la legalidad y que los contratos empleados desde 2019 garantizaban “la autonomía de los repartidores”. Sin embargo, la batalla, de momento, está lejos de finalizar: Just Eat ha recurrido el fallo y el caso sigue su curso en la Audiencia Provincial de Barcelona. Ante este movimiento, Glovo tiene diez días para responder desde el momento en que reciba la notificación del recurso.
Con este panorama judicial, el nuevo Consejo Asesor se perfila como pieza clave para acompañar a Glovo en una de las etapas más delicadas de su historia, en la que deberá consolidar su nuevo modelo laboral y hacer frente al gasto económico de las sanciones.