El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es un arma de doble filo según ha podido constatar la Airef, la Autoridad Fiscal. Recibir la ayuda económica que se puso en marcha hace ya cinco años por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, conlleva también que los beneficiarios, en su mayoría mujeres, tengan un 3% menos de probabilidades de trabajar que antes de percibirlo. De media, las personas que lo cobran trabajan 0,6 días menos al mes (un 11%).
Si tenemos en cuenta que las mujeres representan el 71% de los titulares del ingreso mínimo, la dificultad para introducirse en el mercado laboral les afecta especialmente a ellas. Sobre todo y, según el organismo, en menores de 30 años, en hogares monoparentales y que reciben importes de la prestación superiores a la media. No obstante, hay ligeras mejoras en la calidad del empleo entre quienes siguen trabajando: un 3% más de probabilidades de firmar un contrato indefinido.
Para la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, “la literatura académica ya señala que las prestaciones de último recurso pueden afectar a la oferta de trabajo, al elevar el salario mínimo por el que una persona está dispuesta a aceptar un empleo. El IMV aumenta la probabilidad de tener un contrato indefinido, facilita rechazar empleos precarios, un mejor emparejamiento entre formación y empleo y ofrece posibilidades de recualificación profesional”.
En su cuarta Opinión sobre el IMV, la Airef revela que el incentivo al empleo ha llegado al 30% de los hogares beneficiarios del IMV, aunque “con escasa eficacia. Este incentivo no ha generado efectos significativos ni sobre la intensidad laboral ni sobre las tasas de participación, y esto se debe a problemas de diseño que no se van a solucionar”, recuerda su presidenta.
La Autoridad Fiscal también analiza el tiempo que se cobra esta prestación. El 90% de los receptores permanece más de un año recibiendo el IMV, el 75% supera los 24 meses y el 60% permanece más de tres años. Esto genera dudas sobre la efectividad del Ingreso Mínimo como puente hacia el empleo. “Lo que está claro es que la probabilidad de abandonar la prestación es menor cuanto más lleves en la misma. Plantea serias dudas sobre la eficacia del incentivo al empleo, que tiene el objetivo de mitigar el efecto desincentivador que tienen prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital sobre la participación laboral”, ha explicado Herrero.
El número de beneficiarios ha aumentado en un año, desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, un 14% y en el caso del complemento CAPI, la prestación asociada al ingreso mínimo que está dirigida a la infancia, ha crecido aún más hasta el 34%. Se ha mejorado además la rapidez a la hora de tramitar la ayuda, ya se está agilizando y de media se tarda 45 días menos en tener que gestionarla.
Uno de los principales problemas que detecta el organismo es la dificultad para hacer llegar el dinero a quienes lo necesitan, aunque cumplan con todos los requisitos. Más de la mitad de los hogares que tienen derecho al ingreso mínimo, el 55%, no lo solicitan, por lo que su alcance es todavía muy limitado. El 72% de los que podrían recibir el CAPI, las ayudas a la infancia, tampoco acceden a él, son siete de cada diez potenciales beneficiarios que se quedan sin un ingreso que podría ser fundamental en sus economías domésticas.
Propuestas de mejora
Entre las propuestas para optimizar la prestación, la Airef plantea mejorar el incentivo para trabajar, hacer que los beneficios al empleo sean claros, visibles y adaptados a la realidad de cada persona, automatizar la gestión de las ayudas, usar los datos que ya tiene el Estado para comprobar los ingresos y activar automáticamente el CAPI cuando nace un niño. Y por último, ofrecer acompañamiento personalizado con programas específicos a quienes reciben la ayuda y no solo dar el dinero.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Social considera que esta evaluación del incentivo al empleo es demasiado prematura porque “solo se dispone de datos del primer año de aplicación (2023) y sería conveniente esperar a contar con más datos, a que el mecanismo esté más consolidado y sea más conocido por los beneficiarios para hacer una evaluación más fiable”. Cinco años de una prestación que ha demostrado tener sus pros y sus contras pero que cada año mejora su efectividad.
