El funcionamiento del sistema público de pensiones en España es único y centralizado, pero los datos muestran notables diferencias entre comunidades autónomas. Así lo explica José Antonio Herce, presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, tras analizar el estudio “Las pensiones de la Seguridad Social en las Comunidades Autónomas españolas”. El informe subraya que para comprender estas desigualdades es clave observar indicadores demográficos, económicos y laborales de cada territorio. Factores como la productividad, el nivel salarial o la proporción de cotizantes respecto a pensionistas influyen directamente en el importe medio de las prestaciones y en la sostenibilidad del sistema.
Productividad y salarios, elementos determinantes
Las regiones con economías más dinámicas, empleos de mayor calidad y salarios más elevados tienden a registrar pensiones medias más altas, ya que las bases de cotización durante la vida laboral son más elevadas. Por el contrario, en territorios donde predominan las carreras laborales más cortas, con sueldos bajos o intermitencias en la cotización, las prestaciones resultan más reducidas.
Aun así, Herce recuerda que el sistema español funciona bajo un principio de caja única, lo que significa que no se financia por comunidades, sino de forma conjunta para todo el país. De este modo, las diferencias regionales no impiden que se garanticen las pensiones en las zonas con menor capacidad recaudatoria.
Solidaridad territorial
El mecanismo de solidaridad entre regiones se plasma en dos niveles:
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A través de los complementos y topes de las pensiones. Los límites establecidos entre pensión mínima y máxima ayudan a equilibrar, en parte, las diferencias regionales.
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Mediante la redistribución de cotizaciones. Al existir comunidades con más cotizantes que pensionistas (regiones jóvenes), estas contribuyen a sostener las prestaciones de aquellas con población más envejecida.
Un ejemplo ilustrativo es el de Canarias y Asturias. En las islas, la ratio es de 2,47 afiliados por cada pensión, mientras que en Asturias apenas llega a 1,19. Esto supone que Canarias, pese a tener pensiones medias más bajas, financia en parte las de territorios más envejecidos como el asturiano, donde la pensión media de jubilación de las nuevas altas supera en casi un 30% a la de los canarios.
El debate de fondo: sostenibilidad del sistema
Más allá de las diferencias territoriales, el estudio plantea una cuestión clave: la viabilidad del sistema en un contexto de envejecimiento poblacional y de menor proporción de trabajadores por pensionista. En este escenario, surge la duda de si el actual modelo de cálculo de pensiones —basado en cotizaciones durante menos de 35 años frente a prestaciones que se abonan durante más de dos décadas— puede mantenerse sin ajustes. La relación entre aportaciones y tiempo de cobro se desequilibra a medida que aumentan la longevidad y la presión sobre el sistema.
El mensaje de fondo no es tanto territorial como funcional: la cuantía de las pensiones está condicionada por la productividad, los salarios y las carreras de cotización de los trabajadores. Pero la posibilidad de pagarlas depende de que haya suficientes cotizantes en activo. Si la ratio sigue disminuyendo, advierten los expertos, el sistema deberá adaptarse para seguir siendo sostenible.