Por primera vez en la historia moderna de Colombia, un expresidente ha sido declarado culpable en un juicio penal. Ayer, Álvaro Uribe, una de las figuras más influyentes del país en las últimas décadas, ha sido condenado por soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. La decisión marca un antes y un después en la política colombiana y lanza un mensaje contundente: ni siquiera los más poderosos están por encima de la ley.
La jueza Sandra Heredia, responsable del fallo, dejó claro que Álvaro Uribe tenía pleno conocimiento de lo que hacía cuando ordenó a su abogado, Diego Cadena, ofrecer beneficios a testigos clave con el objetivo de influir en el curso de una investigación penal.
Un juicio sin precedentes
El proceso judicial contra Álvaro Uribe comenzó en febrero tras más de una década de maniobras judiciales y recursos para tratar de archivar el caso. La Fiscalía General, dirigida durante años por aliados del expresidente, se había mostrado reacia a acusarlo formalmente.
Sin embargo, con la llegada de Luz Adriana Camargo al Ministerio Público en 2024, la postura cambió drásticamente. En mayo de ese mismo año, Uribe fue formalmente acusado de liderar una estrategia para manipular testimonios y desviar la investigación.
La jueza Heredia subrayó que la justicia debía aplicarse de forma serena, sin presiones ni revanchas políticas. “Este juicio no es contra la historia política, es un acto de justicia y solo de justicia”, recalcó en su alegato. La condena a Álvaro Uribe ha generado un terremoto político y jurídico en Colombia.
¿Qué le puede pasar ahora a Álvaro Uribe?
Aunque el veredicto contra Álvaro Uribe es firme en primera instancia, su defensa ya ha anunciado que apelará. El Tribunal Superior de Bogotá tendrá que ratificar o revocar la condena. En caso de que mantenga la sentencia, la defensa del exmandatario ha dejado claro que acudirá incluso a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La pena para los delitos de los que ha sido declarado culpable puede alcanzar hasta nueve años de prisión. Aunque es poco probable que Álvaro Uribe entre en prisión de forma inmediata, el fallo abre la puerta a que cumpla condena en arresto domiciliario, como ya ocurrió en 2020 cuando fue detenido preventivamente por la Corte Suprema de Justicia.
Un caso que empezó con una denuncia
El origen del proceso contra Álvaro Uribe se remonta a 2012, cuando el senador de izquierdas Iván Cepeda lo acusó de vínculos con grupos paramilitares. Cepeda basó su denuncia en el testimonio de exparamilitares, en especial de Juan Guillermo Monsalve, quien alegó que el expresidente y su hermano Santiago fundaron el Bloque Metro en la Hacienda Guacharacas, propiedad familiar.
Uribe respondió con una denuncia contra Cepeda por manipulación de testigos. Sin embargo, una investigación de la Corte Suprema reveló que fue el entorno de Álvaro Uribe quien intentó alterar testimonios. En 2018, el abogado Diego Cadena fue grabado ofreciendo beneficios a Monsalve en prisión. Esa grabación, obtenida con un reloj espía, fue pieza clave en el juicio.
La caída del político más popular de Colombia
Álvaro Uribe fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Su política de “seguridad democrática” y su mano dura contra la guerrilla lo convirtieron en uno de los líderes más populares del país. Durante años mantuvo una imagen de firmeza, con niveles de aprobación que rondaban el 70%.
Sin embargo, su mandato también estuvo marcado por denuncias graves de violaciones a los derechos humanos. A Álvaro Uribe se le atribuyen escándalos como los “falsos positivos” —ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros muertos— y prácticas de espionaje ilegal contra opositores y periodistas. Estos casos aún no han sido juzgados, pero la condena actual fortalece las demandas de que se investigue todo su historial político.