Todo escala, las tensiones, las amenazas, el volumen de las naves de guerra movilizadas por los Estados Unidos por el Caribe, los líderes regionales involucrados en la pugna… y al mismo tiempo, aumenta el silencio al interior de Venezuela, el país amenazado —o, al manos, su dictadura— por la formidable potencia gobernada por Donald Trump.
En las calles venezolanas nadie alude al conflicto. Es como si no existiera. Desde luego, nadie se atreve a dar una declaración y, cuando circula un comentario en las redes sociales se puede jurar que quien lo firma está en el extranjero. Trump amenaza y las fuerzas represivas de Maduro le aprietan el alicate a la población.
En una entrevista en el programa ’60 Minutes’ de CBS, al ser preguntado si “si (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro tiene los días contados”, Trump fue rápido: “Diría que sí, creo que sí”.
Milicias contra portaaviones
El despliegue naval de alto perfil en el Caribe marca una fase “pre-bélica” del conflicto, en esto hay consenso. Washington ha lanzado múltiples ataques a embarcaciones “vinculadas al narcotráfico” y ha posicionado en la zona un portaaviones con su grupo de combate, que ya parece una ciudad de acero flotando en el océano. Caracas lo presenta como una amenaza directa a su soberanía y responde con retórica beligerante, maniobras internas y muchas detenciones arbitrarias.
Los ataques en alta mar han tenido un saldo humano mayor al inicialmente informado por algunas fuentes oficiales: según recuentos periodísticos recientes, al menos entre 57 y 61 personas han muerto en una serie de ofensivas contra embarcaciones, entre septiembre y octubre de 2025, distribuidas en varias incursiones en el Caribe. La cifra varía según la agencia y la fecha del conteo, porque las operaciones continuaron y se han ido confirmando nuevos incidentes.
En Washington, la justificación oficial ha combinado la lucha contra el narcotráfico con demostraciones de fuerza. Trump afirmó, tras una de las primeras operaciones, que “el ejército mató a 11 personas” en el ataque a una embarcación y mostró imágenes del impacto; según Reuters, Trump dijo que el bote transportaba “una gran cantidad de drogas” y que “hay más de donde vino eso”. El secretario de Estado, Marco Rubio, fue explícito sobre la dureza de la táctica: según medios, dijo que “en vez de interdictarlo, por orden del presidente lo volamos y volverá a suceder”; y advirtió que la administración “irá a la ofensiva” contra lo que llama “organizaciones narcoterroristas”.
Caracas reaccionó con una mezcla de alarma y movilización. Nicolás Maduro denunció la presencia de buques que, a su juicio, “apuntan a Venezuela”, afirmó que el país, donde escasea el agua, la electricidad y la gasolina, se encuentra en “máxima preparación” y describió las maniobras estadounidenses como una amenaza “inmoral y criminal”. Al mismo tiempo, el régimen organizó maniobras y ejercicios cerca de instalaciones estratégicas y potenció la difusión pública de sus fuerzas auxiliares.
Un elemento central de la estrategia del régimen ha sido la exhibición de las milicias bolivarianas, incluso de noche, cuando las luces de las motos confirman un espectáculo en medio de calles a oscuras por falta, en muchos casos total, de alumbrado público.
En actos televisados y desfiles recientes se ha mostrado a civiles uniformados y entrenados junto a unidades regulares, una puesta en escena destinada a enviar tres mensajes simultáneos: disuasión simbólica ante una eventual intervención, control social —la milicia como fuerza de vigilancia y reacción local— y reforzamiento de la narrativa de “pueblo en armas”. Desde luego, estas fuerzas no compensan la superioridad tecnológica estadounidense —de allí la avalancha de chistes y memes—, pero sí funcionan como herramienta política para mantener control territorial y cohesión interna.
El pasaporte de Leopoldo entre los caídos
Una cosa es cierta, los venezolanos les tienen más miedo a Diosdado Cabello y sus encapuchados que a los drones Made in USA.
La escalada externa ha venido acompañada por un recrudecimiento de la represión interna. Organizaciones de derechos humanos y reportes periodísticos documentan detenciones arbitrarias, allanamientos nocturnos, hostigamiento a periodistas y procesos judiciales contra activistas, muchas veces presentados por el Estado como actuaciones contra “colaboradores del enemigo”. Esa estrategia —llamada por algunos analistas “guerra contra la población”— busca neutralizar liderazgos que podrían catalizar protestas en un contexto de tensión internacional.
En ese marco, el Ejecutivo venezolano dio un paso de gran carga simbólica y política: “solicitó” al Tribunal Supremo revocar la nacionalidad venezolana de Leopoldo López, líder opositor exiliado en España, alegando que sus llamados y su respaldo a medidas o presencias extranjeras constituyen “traición” o colaboración con maniobras de intervención. La acción judicial persigue deslegitimar al opositor, dificultar su actuación internacional y enviar un mensaje de castigo a adversarios en el exilio; López y organizaciones jurídicas han contestado que la Constitución impide retirar la nacionalidad a quienes nacieron en Venezuela.
Alerta en el vecindario
La reacción regional es de creciente inquietud. Colombia denunció muertes de civiles en algunos de los ataques y advirtió contra cualquier violación de su espacio soberano; Brasil llamó a la contención y a priorizar la diplomacia, y México expresó su preocupación por los riesgos humanitarios y la estabilidad regional. En foros multilaterales, Caracas intenta convertir las operaciones estadounidenses en materia de debate sobre soberanía y violaciones internacionales; Washington, por su parte, insiste en que las operaciones son antinarcóticos y necesarias para cortar rutas de tráfico.
El riesgo más real es la escalada por error: un dron derribado, una persecución marítima que termine en fuego o un incidente entre guardacostas podrían obligar a respuestas automáticas que ninguno de los dos bandos querría admitir después. En la práctica, ambos gobiernos necesitan la narrativa de fuerza: Estados Unidos para demostrar control frente al crimen transnacional; Maduro para justificar militarización, exhibición de milicias y represión de la disidencia. Mientras tanto, la población venezolana sufre la doble presión: la amenaza externa en sus costas y la represión interna que limita toda respuesta cívica.
En definitiva, el pulso entre Washington y Caracas ya no es solo un conflicto geopolítico: es un juego de supervivencia política. Estados Unidos muestra músculo; Maduro exhibe milicias y reprime para sostenerse. Cuando la diplomacia queda subordinada a la propaganda y la fuerza se normaliza, el continente entero queda rehén de los cálculos de dos gobiernos que necesitan la tensión para mantener sus narrativas. La guerra aún no ha comenzado, pero el terreno está preparado. Y como suele ocurrir, quienes pagan el precio no son los líderes que gritan desde los balcones, sino las familias que sólo quieren vivir sin miedo a la represión ni a las sirenas en el mar.