La decisión de Estados Unidos de imponer restricciones de visado a cinco figuras europeas ha abierto un nuevo frente de tensión política y cultural entre Washington y la Unión Europea. La medida, anunciada el martes, ha sido interpretada por varios líderes europeos como un intento directo de presión sobre quienes han impulsado normas destinadas a regular a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.
Entre los afectados se encuentra Thierry Breton, excomisario europeo y uno de los principales arquitectos de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Junto a él, las sanciones alcanzan a cuatro activistas contra la desinformación: Imran Ahmed, director ejecutivo británico del Center for Countering Digital Hate, con sede en Estados Unidos; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización alemana HateAid; y Clare Melford, cofundadora del Global Disinformation Index.
“No nos dejaremos intimidar”
Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, denunciaron públicamente la decisión de Washington y aseguraron que no modificarán su labor pese a las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump.
En un comunicado conjunto, ambas rechazaron de plano las acusaciones estadounidenses y afirmaron: “No nos dejaremos intimidar por un Gobierno que instrumentaliza acusaciones de censura para hacer callar a quienes defienden los derechos humanos y la libertad de opinión”. Las responsables de HateAid subrayaron que la prohibición de entrada en Estados Unidos no solo las afecta profesionalmente, sino también en el plano personal y familiar. Aun así, recalcaron su determinación de continuar con su trabajo: “A pesar de la enorme carga y de las limitaciones que las medidas de EE UU suponen para nosotras y nuestras familias, seguiremos realizando nuestro trabajo con todas nuestras fuerzas, ahora más que nunca”.
El caso de Josephine Ballon ilustra de forma concreta el alcance de las medidas. Según explicó HateAid, Ballon disponía de un visado ESTA válido para viajar a Estados Unidos, que le fue revocado mediante un correo electrónico. La organización calificó esta decisión como un acto de represión por parte de una administración que, a su juicio, muestra un creciente desprecio por el Estado de derecho y trata de silenciar a quienes la critican.
Tanto Ballon como von Hodenberg reclamaron una respuesta clara por parte del Gobierno alemán y de la Comisión Europea. En su comunicado, consideraron que la actuación de Washington no es “aceptable” y supone una “escalada”, al cuestionar la soberanía europea y tratar de impedir que las corporaciones estadounidenses se sometan a la legislación vigente en Europa. HateAid, fundada en Berlín en 2018, es una organización sin ánimo de lucro que ofrece apoyo jurídico y financiero a personas afectadas por la violencia y el acoso en el entorno digital.
“No vamos a ceder”
La reacción en Europa fue inmediata. El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a Washington de recurrir a “intimidación y coerción” para socavar la soberanía digital europea. En un mensaje difundido en la red social X, afirmó que “estas medidas equivalen a intimidación y coerción destinadas a socavar la soberanía digital europea”, y subrayó que las normas digitales de la UE fueron adoptadas mediante “un proceso democrático y soberano” por el Parlamento Europeo y el Consejo. Macron insistió en que dichas reglas se aplican únicamente dentro de Europa, sin dirigirse contra terceros países, y remarcó que “las reglas que rigen el espacio digital de la Unión Europea no están destinadas a ser determinadas fuera de Europa”.
France condemns the visa restriction measures taken by the United States against Thierry Breton and four other European figures.
These measures amount to intimidation and coercion aimed at undermining European digital sovereignty.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 24, 2025
Posteriormente, el mandatario francés explicó que había hablado con Breton y le había agradecido su labor. “No vamos a ceder, y protegeremos la independencia de Europa y la libertad de los europeos”, declaró. En la misma línea, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, sostuvo que “los pueblos de Europa son libres y soberanos y no pueden permitir que otros impongan las reglas que rigen su espacio digital”.
Desde Washington, la justificación llegó de la mano del secretario de Estado, Marco Rubio. En X, defendió las sanciones al afirmar: “Durante demasiado tiempo, ideólogos en Europa han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a castigar puntos de vista estadounidenses que no comparten. La administración Trump ya no tolerará estos actos flagrantes de censura extraterritorial”. La administración estadounidense considera la DSA una forma de censura y sostiene que sus efectos extraterritoriales buscan debilitar a las empresas tecnológicas y a los ciudadanos de Estados Unidos.
“La libertad de expresión es la base de nuestra democracia europea”
Bruselas respondió con firmeza. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “la libertad de expresión es la base de nuestra democracia europea fuerte y vibrante. Estamos orgullosos de ella. La protegeremos”. Un portavoz de la Comisión añadió que, “si es necesario, responderemos con rapidez y decisión para defender nuestra autonomía regulatoria frente a medidas injustificadas”. En un comunicado oficial, la Comisión Europea “condena enérgicamente” la decisión estadounidense y recordó que la libertad de expresión es “un derecho fundamental en Europa y un valor compartido con Estados Unidos en todo el mundo democrático”.
Freedom of speech is the foundation of our strong and vibrant European democracy.
We are proud of it. We will protect it.
Because the @EU_Commission is the guardian of our values. https://t.co/J7u6GIyi6J
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2025
Alemania, España y el Reino Unido se sumaron a las críticas. El Ministerio de Justicia alemán expresó su “apoyo y solidaridad” con las dos activistas afectadas y calificó de inaceptables las restricciones de visado. Desde España, el Ministerio de Asuntos Exteriores defendió que “un espacio digital seguro, libre de contenidos ilegales y desinformación, es un valor fundamental para la democracia en Europa y una responsabilidad de todos”, y advirtió que calificar estas normas de censura supone “tergiversar nuestro sistema constitucional”.
La Ley de Servicios Digitales, aprobada en 2022, obliga a las grandes plataformas digitales a demostrar que adoptan medidas contra riesgos en línea como el discurso de odio, la difusión de contenidos ilegales y el uso de la desinformación para manipular elecciones. En este contexto, la plataforma X, propiedad de Elon Musk, fue multada recientemente con 120 millones de euros tras dos años de investigación por infracciones relacionadas principalmente con la transparencia.
El choque entre la UE y Trump parece no parar de intensificarse. Con Bruselas advirtiendo que responderá “con rapidez y decisión” si es necesario, y Washington defendiendo su postura en nombre de la libertad de expresión, el pulso sobre quién fija las reglas del espacio digital global apenas comienza.