En la semana que se ha destapado un escándalo sexual en Japón -que ha salpicado tanto a un popular presentador como a su cadena de televisión Fuji TV- ha pasado desapercibido el tijeretazo que ha metido en sus fondos a la ONU.
Japón ha reducido significativamente su financiación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la entidad de Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Al parecer, la medida es consecuencia de un informe muy crítico de dicho Comité de la ONU, que condenaba por discriminatoria la ley japonesa que prohíbe a las mujeres de la familia imperial heredar el Trono del Crisantemo.
Una ley machista
El Gobierno japonés, aunque no vincula explícitamente el recorte de fondos al informe, se ha enfrentado a una creciente presión internacional por su postura sobre la sucesión femenina. El CEDAW, en su reciente revisión del historial de derechos humanos de Japón, destacó la ley como una flagrante violación de los principios de igualdad de género consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos. El informe consideraba la restricción “discriminatoria” e instaba a Japón a modificar su Ley de la Casa Imperial para permitir la sucesión femenina.

En Japón, la reducción del importe de la prestación universal impulsó el empleo femenino
“El Comité recomienda que el Estado Parte estudie las buenas prácticas de otros Estados Partes que han reformado sus leyes de sucesión para garantizar la igualdad de mujeres y hombres, y modifique la Ley de la Casa Imperial para garantizar la igualdad de mujeres y hombres en la sucesión al trono“, rezaba el informe de la ONU.
Una represalia contra la ONU
Asimismo, desde CEDAW instaban a Japón a que permitieran que las mujeres no perdieran su apellido tras el matrimonio, una reforma rechazada por el partido en el Gobierno, el Partido Liberal Democrático.
Muchos consideran que el recorte de fondos, cuyo importe exacto no se ha revelado, es una medida de represalia. Los críticos sostienen que demuestra la falta de voluntad de Japón para hacer frente a las críticas relativas a sus estructuras patriarcales profundamente arraigadas, incluso cuando provienen de organismos internacionales.

Emperador Akihito y Emperatriz Michiko en la Residencia Imperial en el área del Palacio Imperial
Una visita cancelada
Desde el Gobierno nipón aseguran que “la elegibilidad para ascender al trono imperial no forma parte de los derechos humanos básicos”. Solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que gestiona la CEDAW, que no utilizara las contribuciones japonesas para sus actividades. También, según informa la agencia AP, suspenderán una visita a Japón de miembros del Comité prevista para finales de marzo.
La controversia subraya la tensión existente entre el compromiso de Japón con sus costumbres tradicionales y sus obligaciones en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos. Mientras el Gobierno mantiene que la Ley de la Casa Imperial se basa en consideraciones históricas y culturales, la comunidad internacional sigue presionando para que se reforme, argumentando que mantener el sistema actual perpetúa la desigualdad de género.
Un debate anquilosado
Se espera que este recorte de fondos alimente aún más el debate, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Es probable que los detractores de la ley actual intensifiquen sus esfuerzos de defensa, mientras que los partidarios reforzarán sus argumentos basados en la preservación de las tradiciones japonesas. Aún están por ver las consecuencias a largo plazo de esta decisión para la reputación internacional de Japón y su compromiso con la igualdad de género.

La princesa japonesa Aiko saluda a los simpatizantes desde el balcón del Palacio Imperial de Tokio
Lo grave es que la monarquía japonesa se enfrenta a una disyuntiva: o rompe con su estricta ley sálica, o se extingue. En cualquier monarquía europea, la princesa Aiko -única descendiente de los emperadores Naruhito y Masako– tendría todo el derecho a ocupar el trono en Japón, pero las mujeres tienen vetada esta opción. De hecho, desde 1947, cuando una princesa se casa con un plebeyo, ésta pierde su título automáticamente. Eso no sucede con los príncipes y no parece que la cosa vaya a cambiar en un futuro cercano.
No lo tienen nada fácil para perdurar en el tiempo, de los 17 miembros, tan sólo hay tres opciones para convertirse en los herederos al trono de Naruhito, emperador desde 2019 y a punto de cumplir los 65. El tío del soberano, el príncipe Hitachi, que a sus 88 años no está para muchos trotes, queda descartado. En la línea de sucesión quedarían su hermano: el príncipe Akishino, de 58 años; y su sobrino e hijo de éste, el príncipe Hisahito, de 17. Las 12 personas restantes de la Familia Imperial -sin contar con el emperador emérito, Akihito-, son mujeres, incluida la descendiente directa de los actuales emperadores: Aiko.