Invisibles en las estadísticas, dispersas en cárceles rurales, sometidas a normas pensadas para hombres y atrapadas durante meses -a veces años- sin haber cometido delito alguno, así están las mujeres encarceladas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Por primera vez en la historia de Estados Unidos, más de 70.000 personas están detenidas por la polémica fuerza antimigratoria.
Según datos oficiales actualizados a 25 de enero de 2026, 70.766 personas se encontraban detenidas por el ICE. De ellas, 52.504 –el 74,2%- no tienen ninguna condena penal. Muchas de las restantes solo registran infracciones menores, como multas de tráfico. En ese universo mayoritariamente no criminal, las mujeres representan entre el 9% y el 10% de la población detenida, una proporción que se mantiene estable desde hace más de una década, pero que oculta desigualdades profundas.
Detenciones prolongadas
El endurecimiento de la política migratoria bajo la Administración de Donald Trump ha coincidido con un aumento drástico de las detenciones prolongadas. A mediados de enero, 7.252 personas llevaban al menos seis meses bajo custodia del ICE, más del doble que en diciembre de 2024, el último mes completo del mandato de Joe Biden. Según la agencia AP, 79 personas llevaban más de dos años detenidas. Entre ellas hay migrantes que han ganado protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura: no pueden ser deportados a sus países de origen, pero tampoco son liberados. “Simplemente están reteniendo a estas personas indefinidamente”, resume Sarah Houston, abogada principal del Immigrant Defenders Law Center.
En el pasado, quienes obtenían esa protección eran puestos en libertad y podían solicitar un permiso de trabajo. Hoy, según Houston, el ICE niega sistemáticamente las solicitudes de liberación que los abogados presentan cada 90 días. “Estamos viendo personas que realmente ganan sus casos de inmigración languideciendo en la cárcel”, asevera.
Separación familiar
Para las mujeres, la detención prolongada tiene efectos específicos y más severos. La mayoría está concentrada en solo seis centros del país, ubicados en el sureste y suroeste, con una excepción en el noroeste. Las demás son repartidas en pequeñas cantidades por cárceles estatales y locales. Esa dispersión implica traslados lejanos de sus hogares y familias, lo que debilita el acceso a abogados, fragmenta la unidad familiar y reduce las posibilidades de frenar una deportación, como ha documentado Human Rights Watch.
En las instalaciones más pequeñas, las mujeres suelen representar menos del 3% de la población detenida. Esa minoría se traduce en menos “libertad de movimiento”: acceso restringido a bibliotecas legales, servicios religiosos, atención médica, recreación o salas de visitas. En algunos centros, las mujeres solo pueden participar en audiencias migratorias por videoconferencia, mientras que los hombres comparecen en persona, una diferencia que plantea serias dudas sobre el debido proceso.
El episodio ocurrido en la cárcel del condado de Baker, en una zona rural de Florida, ilustra esa invisibilidad. Tras recibir llamadas desesperadas de mujeres detenidas allí, abogadas de Americans for Immigrant Justice acudieron al centro. El alcaide insistió en que no había mujeres bajo custodia. Se marcharon. Al día siguiente, volvió a llamar una mujer desde Baker pidiendo ayuda. Las mujeres habían estado allí todo el tiempo; simplemente no figuraban en el radar de la administración del centro.
Mezcladas con presas comunes
La Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) descubrió que a las mujeres las mezclan más con delincuentes que a los hombres. Esto se debe a que más de la mitad de las instalaciones que detienen a mujeres albergan a menos de diez en un día cualquiera, lo que es insuficiente para llenar toda una unidad de alojamiento. En lugar de desperdiciar espacio, estas instalaciones encierran a las inmigrantes detenidas junto con las reclusas delincuentes. Esta mezcla no solo viola las normas del ICE, sino que también causa angustia emocional y renueva el trauma.
La situación es aún más grave para las mujeres embarazadas. Aunque el ICE cuenta con directrices que desaconsejan su detención, organizaciones como la ACLU han documentado un patrón de negligencia médica, malos tratos y violaciones sistemáticas de esa política. En una carta enviada al Congreso, la ACLU recoge testimonios de mujeres encadenadas mientras sufrían abortos espontáneos, privadas de atención prenatal, de alimentos adecuados y de agua suficiente.
Embarazadas y en un centro del ICE
En el centro de detención de Basile, en el sur de Luisiana, el propio ICE reconoció que en abril de 2025 había 14 mujeres embarazadas detenidas. Entrevistas realizadas por la ACLU y otras organizaciones revelan detenciones sin previo aviso durante citas rutinarias con inmigración, ausencia de intérpretes en hospitales, negación de vitaminas prenatales y retornos a los centros horas después de abortos espontáneos, con sangrados persistentes y sin seguimiento médico.
“La detención migratoria es conocida por la negligencia médica y el desprecio por la dignidad humana”, señala Eunice Cho, abogada principal del National Prison Project de la ACLU. “Aun así, lo que escuchamos de mujeres embarazadas detenidas se encuentra entre los relatos más horribles que he oído”, confiesa.
La separación familiar agrava el daño. Las mujeres son más propensas a ser madres solas, lo que significa que su detención puede dejar a menores sin cuidador. El ICE no garantiza llamadas telefónicas, dificulta la participación en procesos de custodia y, en algunos casos, impide incluso comparecer -aunque sea por teléfono- en audiencias donde se decide la pérdida de derechos parentales.
Mientras tanto, la Administración Trump ofrece pasajes de avión y 2.600 dólares a quienes acepten abandonar el país voluntariamente. “Las condiciones son tan malas que la gente dice: ‘Me rindo’”, resume Sui Chung, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice.