La nueva publicación de millones de documentos sobre Jeffrey Epstein coincide con la presentación en el Congreso de “la ley de Virginia”, una iniciativa impulsada por demócratas y supervivientes que busca eliminar los plazos de prescripción para que las víctimas puedan presentar demandas civiles.
La publicación de millones de documentos vinculados a la investigación federal estadounidense sobre Jeffrey Epstein ha vuelto a sacudir a las élites políticas, económicas y culturales de Estados Unidos y de otros países. La nueva remesa de archivos, desclasificados en virtud de la Epstein Files Transparency Act, ha ampliado la lista de personas mencionadas en el entorno del financiero condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019. Aunque la mera aparición de un nombre en estos documentos no implica delito alguno, la magnitud de la revelación ha reactivado el debate sobre las responsabilidades políticas y el trato dispensado a las víctimas.
De hecho varios congresistas han tenido acceso a los documentos sin censurar. El demócrata Jamie Raskin declaró el martes en una entrevista con Axios que, cuando buscó el nombre del presidente Donald Trump en los archivos sin censurar sobre Epstein, apareció “más de un millón de veces”.
Entre los nombres más conocidos figura el del empresario tecnológico Elon Musk. Los archivos incluyen intercambios de correos electrónicos entre Musk y Epstein en 2012 relacionados con posibles planes de viaje. En uno de ellos, Musk preguntaba por “la noche más salvaje” en la isla privada de Epstein; en otro manifestaba su interés por “la escena de fiesta” en el Caribe. Musk ha negado haber visitado la isla y, tras la publicación de los documentos, afirmó en la red social X que esos correos podrían utilizarse para “manchar su nombre”, aunque subrayó que su principal preocupación es que se procese a quienes cometieron delitos junto a Epstein y no deja de mencionar en sus mensajes a Steve Bannon.
También aparece el cofundador de Microsoft, Bill Gates, a través de dos correos fechados en julio de 2013 que parecen estar redactados por el propio Epstein, aunque no está claro si llegaron a enviarse ni si son auténticos. Uno de ellos adopta la forma de una supuesta carta de dimisión de la Fundación Bill y Melinda Gates e incluye afirmaciones de carácter sexual. Un portavoz de Gates ha calificado esas acusaciones de “absurdas y completamente falsas”. Melinda French Gates, por su parte, reconoció en declaraciones a la radio pública NPR que la publicación de los documentos le ha traído recuerdos dolorosos de su matrimonio y la ha llevado a reflexionar sobre el sufrimiento de las víctimas.
Parte de esas referencias proceden de una lista elaborada por el FBI a partir de llamadas a una línea telefónica de denuncias, muchas de ellas sin verificar y sin pruebas que las respalden. Trump ha negado reiteradamente cualquier implicación delictiva relacionada con Epstein y sostiene que rompió su relación con él hace décadas. Ninguna de las víctimas de Epstein le ha acusado formalmente.
Otro nombre recurrente es el de Andrew Mountbatten-Windsor, duque de York. Los documentos incluyen varias fotografías sin contexto que aparentemente lo muestran en una situación íntima con una mujer no identificada. No se especifica cuándo ni dónde fueron tomadas. El duque ha negado en repetidas ocasiones cualquier conducta ilegal. Legisladores demócratas que investigan el caso han solicitado que comparezca ante el Congreso estadounidense, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Al no residir en Estados Unidos, no puede ser obligado a declarar mediante citación judicial, pero su hermano, el rey Carlos de Inglaterra, ha abierto por primera vez la puerta a una investigación de la policía británica.
La polémica amenaza con proyectarse sobre los Juegos de 2028.
Más allá de estos nombres, la atención mediática se ha concentrado en Casey Wasserman, uno de los ejecutivos más influyentes del deporte y el entretenimiento en Estados Unidos y actual presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Wasserman, heredero del imperio mediático fundado por su abuelo Lew Wasserman, participó en 2002 en un viaje humanitario a África invitado por el expresidente Bill Clinton. En ese viaje coincidió con Epstein y Ghislaine Maxwell, posteriormente condenada a 20 años de prisión por conspirar para abusar sexualmente de menores.
Los nuevos archivos aportan más detalles sobre ese viaje y sobre la relación posterior entre Wasserman y Maxwell, incluyendo correos electrónicos de tono sexual intercambiados cuando él estaba todavía casado. Wasserman ha pedido disculpas públicas por esa correspondencia y ha asegurado que aquel viaje fue la única ocasión en la que trató con Epstein.
Wasserman dirige una potente agencia de marketing deportivo y representación artística que gestiona las carreras de deportistas de élite y de músicos de primer nivel como Kendrick Lamar, Coldplay, Kacey Musgraves o Chappell Roan, quien hoy mismo ha abandonado la agencia. En Los Ángeles muchos temen que el goteo constante de revelaciones dañe la imagen internacional del evento, aunque por ahora el comité organizador mantiene su respaldo al ejecutivo.
El debate se ha intensificado por la gestión de las redacciones en los documentos. Los congresistas Thomas Massie, republicano, y Ro Khanna, demócrata, han denunciado que muchos nombres fueron ocultados de forma indebida. Tras revisar versiones no censuradas, afirmaron haber identificado al menos a seis hombres “probablemente incriminados”. El Departamento de Justicia ha rechazado esas acusaciones y sostiene que las redacciones responden a la obligación legal de proteger la identidad de las víctimas.
Empezando por los miembros del Comité Judicial, los legisladores tienen acceso a los archivos en las terminales de la sede del Departamento de Justicia de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., de lunes a viernes.
La ley de Virginia
En paralelo a la publicación de los archivos, demócratas y supervivientes de Epstein presentaron en Washington un nuevo proyecto legislativo conocido como “la ley de Virginia”, en referencia a Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del caso. La iniciativa busca eliminar los plazos de prescripción que impiden a muchas víctimas presentar demandas civiles décadas después de los hechos.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó durante la presentación que “la justicia no debería caducar”. La ley no se refiere a procesos penales, sino a la posibilidad de demandar civilmente a los presuntos agresores. Familiares de Giuffre recordaron que muchas víctimas no hablan hasta pasados los 40 años y que uno de los objetivos de SOAR era eliminar esas barreras legales.
La propuesta llega en un contexto de frustración. Pese al volumen de los documentos desclasificados, el Departamento de Justicia mantiene que no dispone de pruebas suficientes para abrir nuevas causas penales. Mientras la lista de nombres continúa creciendo y el foco se desplaza del ámbito judicial al político y legislativo, las élites parecen seguir manteniendo su impunidad frente a las víctimas.