Nicolás Maduro repite la palabra ‘paz’ como si fuera un mantra. Pero mientras la pronuncia -a veces hasta en inglés- firma leyes, ordena maniobras y hasta exhibe misiles. Su discurso pacifista, advierten los expertos, avanza al mismo ritmo que la militarización de su país.
Pero las operaciones estadounidenses, que ya han hundidoc 19 embarcaciones y dejado 76 muertos desde septiembre, han sido denunciadas como ejecuciones extrajudiciales por la ONU. Ninguno de los fallecidos había sido juzgado ni condenado. Expertos en derecho internacional alertan de que se trata de una vulneración flagrante de los tratados sobre el uso de la fuerza, y advierten de que un bloqueo naval real podría tener consecuencias imprevisibles: asfixiar económicamente a un régimen sostenido en buena parte por el narcotráfico y desatar una crisis regional sin precedentes.
El tema es tan delicado que las alarmas se han encendido también al otro lado del Atlántico, en Londres. El Reino Unido ha decidido suspender la cooperación con el Pentágono en materia de inteligencia marítima, dejando de compartir la información que sus bases recogen en territorios de ultramar como las islas Vírgenes, Caimán o Montserrat. El gesto, discreto pero significativo, marca distancia con la ofensiva estadounidense en el Caribe.
“El dominio naval es el espacio natural para una escalada de presión”, explica Francisco J. Girao, director de Defensa de Atrevia, en conversación con este periódico. “La Armada venezolana es débil. Si el Pentágono quisiera ejercer una denegación marítima, le bastaría con ocupar la zona y cortar el acceso al mar. Sería un bloqueo de manual”, advierte.
El despliegue estadounidense es el más poderoso en la región en medio siglo. Alrededor de 15.000 efectivos, destructores y hasta un submarino nuclear rodean las aguas venezolanas. Los analistas militares creen que la llegada del Gerald Ford anticipa una fase nueva del pulso geopolítico: una presión sostenida sobre las rutas marítimas que conectan Venezuela con el narcotráfico internacional.
Para Maduro, el Caribe es el límite de su soberanía. Para Washington, es el punto donde puede herirle de verdad. Desde hace años, distintas investigaciones judiciales en Estados Unidos han descrito a Venezuela como un narcoestado: un entramado de sobornos de poder donde militares, funcionarios y empresarios se benefician de las rutas de cocaína hacia Centroamérica y Europa. Si esas rutas se cierran, la red de lealtades que sostiene al régimen se resiente. Con menos rentas ilícitas, se reducen los sobornos, los favores y las prebendas que el chavismo reparte entre sus filas para mantener el control.
Lo que está claro es que una acción prolongada tendría efectos colaterales: afectaría al comercio regional, a las rutas petroleras y a los flujos migratorios. La Casa Blanca evita hablar de bloqueo pero en Caracas la diferencia semántica no importa. La televisión pública habla ya de una “invasión encubierta” y Maduro ha respondido con una única herramienta: la militarización total.
¿Paz armada?
La nueva ley para la formación de comandos de defensa integral crea una estructura paramilitar donde se integran civiles, funcionarios y militares bajo un mando único. Es el modelo de “defensa popular” que el chavismo presenta como prueba de soberanía y que, en la práctica, refuerza el control político sobre todos los niveles del Estado.
El discurso, sin embargo, se mantiene intacto. “Paz”, repite Maduro. Una paz armada que se ha convertido según los expertoss en la doctrina oficial de un régimen que lucha por intentar defenderse en unas aguas, nunca tan calientes, como ahora.