En las proximidades del cruce de Zikim en el norte, así como en Rafah y Jan Yunis al sur de la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes abrieron fuego este domingo contra civiles palestinos que esperaban con desesperación la ayuda humanitaria que debía ser facilitada por la Organización de la Naciones Unidas. Según diversas fuentes, alrededor de noventa personas perdieron la vida en el transcurso de esta operación. En el primer enclave mencionado, se habían formado largas colas con la esperanza de adquirir harina. Sin embargo, de forma repentina, los presentes fueron el blanco de una multitud de disparos. A consecuencia de ello, setenta y nueve personas murieron. En Rafah otras nueve personas fallecieron. El día anterior, en ese mismo lugar, se registraron treinta y seis víctimas mortales. En Jan Yunis cuatro personas más fueron abatidas.
Los testimonios desde el norte de Gaza describen escenas de extrema violencia y caos. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha sido uno de los principales testigos de lo sucedido, lo que –como es lógico– le ha llevado a alzar la voz ante una situación que atenta contra los derechos más básicos de los individuos. De manera más detallada, la referida organización ha denunciado que, cuando sus camiones superaban el último puesto de control, la multitud congregada fue sorprendida con una ráfaga de disparos. Israel, por su parte, ha argumentado que el ataque respondía a una “amenaza inminente”, aunque no ha ofrecido más detalles al respecto. Lo que sí se sabe es que las autoridades israelíes emitían también –en este pasado y nefasto fin de semana– un aviso dirigido a la población civil en el que advertían que diversos lugares del norte de Gaza eran considerados “zonas de combate”, por lo que todo movimiento ha quedado estrictamente prohibido. El final del comunicado es tan claro como contundente: “Quienes escucharon, han sido advertidos”.
Los muertos por hambre
El panorama no puede ser más desolador. Por un lado, la población palestina se enfrenta a una situación de hambre extrema que, lamentablemente, se prolonga de forma insostenible en el tiempo. En este contexto, no sorprende que las autoridades sanitarias gazatíes hayan informado de 19 muertes por inanición el día anterior a los hechos anteriormente descritos. Por otro lado, como se está viendo en estos días, Israel está atacando algunos de los puntos en los que se distribuye ayuda internacional. Este tipo de maniobras resultan profundamente alarmantes y moralmente reprobables. Son, desde mi punto de vista, una negación deliberada del acceso a recursos básicos para la supervivencia.
Un crimen de guerra
En el plano jurídico internacional, el Estatuto de Roma (tratado fundacional de la Corte Penal Internacional) indica que hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método para conducir una contienda bélica constituye un crimen de guerra. Un valioso precedente se halla en un informe emitido tras el final de la Primer Guerra Mundial. En ese momento, se estipuló que semejante estrategia constituía una vulneración de las leyes y costumbres de la guerra, lo que a su vez permitía la posibilidad de promover el procesamiento penal oportuno. En cualquier caso, la prohibición de no imponer condiciones de hambruna con fines bélicos quedó primigeniamente recogido en el artículo 53.1 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (la misma idea se desprende del artículo 14 del Protocolo II Adicional aplicable a los conflictos no internacionales). Con el tiempo, esta regla ha pasado a formar parte del Derecho Internacional consuetudinario. Se trata, por lo tanto, de una norma que se aplica con carácter universal. Es, pues, del todo indiferente que un Estado la haya suscrito o no. Consecuentemente, Israel no puede eludir los comentados preceptos jurídicos que, sin embargo, están siendo abierta y constantemente ignorados.
Pero hay más. A la luz de los hechos, Israel estaría utilizando el hambre no sólo como arma de guerra, sino como un instrumento deliberado para generar las condiciones “óptimas” que lleven a la destrucción física (parcial o total) de la población en Gaza. Esta maniobra se encuadra dentro de otro ilícito internacional: el genocidio. Así lo recoge el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Un precepto legal que, por cierto, el Estatuto de Roma ha reproducido con carácter íntegro a la hora de dictaminar qué constituye un acto genocida.
Una ayuda humanitaria que no llega
En conclusión, la ayuda humanitaria sigue sin llegar en condiciones seguras. Se permite, en apariencia, el ingreso de alimentos; sin embargo, en el momento en que la población intenta acceder a ellos, es atacada. Este patrón de conducta vulnera la regulación internacional y, por supuesto, agrava la crisis humanitaria de Gaza que a estas alturas está alcanzando unos niveles intolerables.
Utilizar la alimentación como un instrumento de sometimiento constituye una práctica moralmente insoportable y una línea roja que ningún Estado debería cruzar sin consecuencias. El Derecho Internacional lo estipula alto y claro. A la luz de todo ello, cabe preguntarse lo siguiente: ¿en qué momento la comunidad internacional comenzará a reaccionar de forma tajante y sin contemplaciones ante una situación donde no se observan siquiera principios mínimos de humanidad?