La polémica participación de España en Eurovisión 2024 ha generado un debate sobre el papel de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y su concepto de neutralidad. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez puede estar contento con la controversia, que le sitúa como adalid del rechazo generalizado de la población española al papel de Israel en Gaza. El 71% de los españoles considera que Israel está cometiendo un genocidio, según la 44ª oleada del barómetro del Real Instituto Elcano, de mayo de 2024. Un año después, la ofensiva israelí ha dejado más de 50.000 muertos, muchos de ellos niños.
Y más allá de los resultados del televoto o de la posición de Melody, lo más grave de esta edición ha sido la advertencia que la UER lanzó a España: una amenaza de sanción si los comentaristas del ente público hacían referencia al conflicto en Gaza durante la retransmisión. La justificación, según el reglamento del certamen, era evitar “declaraciones políticas que comprometan la neutralidad del evento”. Ante esto, RTVE respondió proyectando una cartela negra con letras blancas en la que se leía: “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina”.
Este gesto, aunque simbólico, fue un acto de resistencia que evidenció el sinsentido de una organización que se autodefine como “la principal alianza mundial de medios de comunicación de servicio público” y, al mismo tiempo, exige a sus miembros que callen ante una masacre.
Eurovisión se presenta como un evento que promueve la diversidad, la inclusión y la unión de los pueblos a través de la música. Sin embargo, cuando un miembro de esa comunidad vulnera de forma sistemática el derecho internacional y comete crímenes atroces con la connivencia de grandes potencias, la música no puede ser un escudo detrás del cual esconder la injusticia o mantenerse equidistante. Es más, pedir silencio a los medios de comunicación públicos —precisamente aquellos cuya función es informar con veracidad, rendir cuentas a la ciudadanía y defender los derechos humanos— no es solicitar un acto de neutralidad, sino de complicidad.
A Pedro Sánchez, por otro lado, la polémica parece encajarle como anillo al dedo. La petición de RTVE al director general de la UER, Noel Curran, solicitando la abertura de un debate sobre la participación de Israel en Eurovisión, se hizo en el mejor momento para Sánchez, en plena intensificación de su ofensiva diplomática contra el país semita. A las puertas del certamen, Sánchez tilda Israel de estado genocida y encabeza una declaración internacional en la que se condena el bloqueo impuesto por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu sobre la Franja de Gaza. En pocos días, los comentaristas se hacen eco de la carta presentada por sus superiores, la UER responde con su petición inaceptable, llega la cartela a toda pantalla y hasta el presidente hace declaraciones sobre el certamen. Por último, ayer martes a última hora estaba previsto que el PSOE votara a favor de blindar el embargo a la compraventa de material militar con Israel.
Si se trata de una campaña orquestada, una conveniente instrumentalización de la torpeza de la UER, una legítima defensa de los derechos humanos o de una cortina de humo para ocultar los escándalos del gobierno, lo dejo a su criterio. No creo que podamos saberlo nunca y lo más probable es que tenga un poco de todo.
Lo que sí sé es que Eurovisión ha dejado a la vista sus tramoyas más turbias. La música también sirve para denunciar, despertar conciencias y poner sobre la mesa los conflictos que desgarran el mundo. Lo contrario —imponer el silencio— es tan solo una forma más de encubrimiento.