Fue el pasado 16 de julio cuando la Guardia Civil desnudó el catálogo de golferías de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos provocando una sacudida que hizo temblar los cimientos de la sede del PSOE.
Aquel día apareció en la sala de prensa de Ferraz un presidente del gobierno grogui por el golpe que le había propinado la UCO. De manera que ante el aluvión de evidencias delictivas hizo el papel que Sánchez mejor sabe desarrollar: jugar a la contra. Desmintió la corrupción que carcome al Gobierno y a su partido y alertó al PP del catastrófico apocalipsis que le aguardaba al PP para cuando terminase el verano porque “empezarían a resolverse muchas de las causas pendientes que tiene el Partido Popular”. Sánchez le puso la guinda al pronóstico anunciando: “Entonces se verá quienes son los delincuentes de verdad”.
Lo manifestó con pretendida convicción. Y con una mirada fría anunció lo que creía cierto: una catástrofe, una salvación temporal para los suyos, una transformación radical de la agenda pública que le permitiría un respiro, cambiar el foco y, lo más importante, recuperar el pulso perdido en las encuestas. Pero septiembre terminó y nada ocurrió.
De haber acertado con este vaticinio la oficina de corte y confección de cortinas de humo del Palacio de la Moncloa podría haberse tomado vacaciones en septiembre. Pero la realidad es que han tenido que trabajar de sol a sol para tratar de controlar la agenda apadrinando a los manifestantes que reventaron la vuelta y a los activistas la flotilla de la libertad. Y, por supuesto, hubiera sido necesario poner a todo el Consejo de Ministros a hiperventilar con la anunciada reforma constitucional para incluir el derecho al aborto.
Uno imagina a Pedro Sánchez a lomos de la agenda como el cowboy que se sube a un potro desbocado en un rodeo de Texas, donde la pregunta es cuánto tiempo será capaz de aguantar porque la certeza es que acabará por los suelos.
Porque la semana pasada fue en la que se oscureció aún más el horizonte procesal de Begoña Gómez conocimos las investigaciones que pesan sobre dos altos cargos del gobierno de Sánchez, la fecha del juicio contra el fiscal general del Estado y el informe de la UCO con los sobres llenos de billetes de 500 con el membrete del PSOE.
Así no hay manera. La agenda en España la marcan los tribunales de justicia y la preocupación por el nuevo escándalo que nos aguarda mañana. Y este es el problema de Sánchez: no logra enfocar la atención pública en los temas que considera prioritarios. Es un político que empieza a gobernar a la defensiva. En lugar de proponer, se ve obligado a justificar. En lugar de liderar, se ve arrastrado por escándalos, investigaciones, titulares y declaraciones de adversarios que encuentran en su caída una oportunidad. Cuando la justicia marca el ritmo, el discurso político se vuelve defensivo. El foco ya no está en las propuestas, sino en las explicaciones. La gestión queda opacada por el escándalo, y cada decisión que toma el presidente se interpreta como una reacción en clave de supervivencia, no de servicio público.
El presidente es consciente de que hace mucho tiempo que en España la narrativa la tomaron justo esos poderes fácticos e institucionales que se encuentran al otro lado del muro: los pseudomedios, los jueces prevaricadores, la oposición golpista, e incluso aliados traicioneros que buscan alejarse del escándalo para tratar de sobrevivir a la septicemia. Aunque el poder se gana en las urnas sólo se sostiene con integridad.