Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura y todavía presidente de la Diputación de Badajoz, está a punto de formalizar su salto a la Asamblea de Extremadura. Esta incorporación, presentada como un movimiento estratégico para reforzar la posición socialista en la Cámara, ha generado controversia tanto por su ejecución como por sus posibles implicaciones políticas y judiciales.
Gallardo, una figura clave del socialismo regional, no encabezó la candidatura del PSOE en las autonómicas de 2023 puesto que en ese momento era Guillermo Fernández Vara quien lideraba el partido en Extremadura. El actual secretario general de los socialistas extremeños no obtuvo un escaño y continuó al frente de la Diputación pacense. Dos años después, su salto al parlamento regional se ha articulado a través de una serie de renuncias internas cuidadosamente orquestadas.
Tras las elecciones autonómicas de 2023, el PSOE logró 16 escaños por la provincia de Badajoz, siendo Isabel Gil Rosiña la última en obtener acta. Con el paso del tiempo, las renuncias de Guillermo Fernández Vara y Rafael Lemus permitieron la entrada de Antonio Garrote y Fátima Torrado (puestos 17 y 18). Ahora, tras la salida de Maricruz Rodríguez, y con la renuncia voluntaria de los cuatro siguientes en la lista —Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández—, el camino queda despejado para que Gallardo se incorpore como diputado. Se espera que tome posesión de su escaño en el pleno del 29 de mayo.
El PSOE extremeño defiende esta operación como una acción legítima y estratégica. El propio Gallardo ha explicado que su entrada tiene como finalidad fortalecer la oposición frente al Gobierno autonómico del PP, liderado por María Guardiola. Entre sus prioridades como diputado, según dijo, “los recortes en igualdad, los servicios públicos y el aprovechamiento de fondos europeos”.
La dirección regional insiste en que esta maniobra responde a una lógica de liderazgo y refuerzo institucional; una práctica que, según afirman, no es nueva y encuentra precedentes incluso en otras formaciones políticas como el acceso de Alberto Núñez Feijóo al Senado.
Sospechas de blindaje
Las reacciones no se han hecho esperar. Tanto el Partido Popular como Vox han condenado el procedimiento. El PP ha acusado al PSOE de usar la Asamblea como una “agencia de colocación” y Vox ha llegado a proponer la eliminación del aforamiento parlamentario en Extremadura, en respuesta a lo que consideran un uso interesado de los escaños.
El contexto en que se produce este regreso ha alimentado también las sospechas. Gallardo afronta en paralelo una investigación judicial por presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como director del Conservatorio Bonifacio Gil, dependiente de la Diputación de Badajoz.
Su aforamiento automático como diputado autonómico podría, según sus críticos, tener el objetivo de trasladar cualquier causa judicial al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Gallardo, por su parte, ha negado que esa sea la motivación de su regreso al Parlamento.
La polémica se avivó cuando ABC publicó que Maricruz Rodríguez, quien cedió su escaño para posibilitar la entrada de Gallardo, podría ser nombrada subdelegada del Gobierno en Badajoz. De hecho, se le llegó a comunicar el cese a la todavía hoy subdelegada, Maribel Cortés, según algunas fuentes. Finalmente, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, desmintió esta posibilidad el ruido mediático ya estaba servido.
Reconfiguración en el PSOE
El desembarco de Gallardo reestructura internamente al grupo socialista en la Asamblea. Hasta ahora, la oposición ha funcionado con múltiples portavoces adjuntos, sin una figura clara al frente. Con Gallardo en primera línea, el PSOE busca una mayor cohesión discursiva y capacidad de respuesta ante las políticas del Ejecutivo.
Su perfil y su peso en la estructura orgánica del partido lo convierten, de facto, en el nuevo referente parlamentario, aunque con la losa de su maniobra parlamentaria y el hecho de que está investigado por la Justicia.
Dentro del PSOE extremeño hay sectores que ven en esta maniobra una oportunidad para reposicionar al partido tras la derrota de 2023. Otros, más críticos, consideran que el método puede pasar factura si los votantes perciben que el partido antepone los intereses de sus líderes a los procedimientos democráticos.
De hecho, la decisión de Gallardo de saltar a la Asamblea ha generado tensiones dentro del PSOE regional, especialmente entre las provincias de Badajoz y Cáceres. Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres y exsecretario provincial del PSOE en esa provincia, expresó su “tristeza” por la situación del partido. Morales criticó no haber sido informado previamente sobre la maniobra que facilitó la entrada de Gallardo en la Asamblea, señalando que se enteró por los medios de comunicación.
“Lo que me duele es mi partido”, declaró Morales, destacando que las noticias negativas afectan a toda la organización, no solo a sus líderes. Subrayó la importancia de anteponer los intereses del partido a los personales y expresó su preocupación por la falta de transparencia en las decisiones internas.
El 29 de mayo, fecha en que se prevé la toma de posesión de Gallardo, marcará un punto de inflexión en la legislatura extremeña.