El Gobierno cede a la presión de Canarias y reanuda los traslados de menores con asilo

En una reunión urgente entre el Ministerio de Migraciones y la Consejería de Bienestar Social, se acordó que cinco menores salgan este sábado hacia un recurso dependiente del Estado

El Gobierno central ha dado marcha atrás y reactivará las derivaciones de menores migrantes con protección internacional desde Canarias hacia la Península, después de que el martes anunciara la cancelación del segundo traslado previsto y se desatara un pulso político con el Ejecutivo autonómico.

En una reunión urgente celebrada esta mañana entre el Ministerio de Migraciones y la Consejería de Bienestar Social, se acordó que cinco menores procedentes de Malí, alojados en el centro Canarias 50, salgan este sábado 16 de agosto hacia un recurso dependiente del Estado. La decisión responde a la exigencia del Gobierno canario de acelerar las salidas para aliviar la presión sobre unos dispositivos que, según la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, están al límite de su capacidad.

El pacto incluye una segunda derivación para el 21 o 22 de agosto, con un grupo de diez niños y entre cinco y diez niñas. Estas últimas deberán ser evaluadas previamente por el equipo técnico de la entidad Engloba y por personal de la Dirección General para determinar su traslado.

En el caso de las menores, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias solicitó expresamente que no fueran trasladadas al recurso de tránsito Canarias 50, gestionado por el Estado, y que las evaluaciones previas al traslado se realizaran en los centros canarios donde están actualmente tuteladas por el Gobierno autonómico. El objetivo, según explicó el departamento, es garantizar su seguridad y bienestar, evitando exponerlas a cambios innecesarios y asegurando que permanezcan en un entorno estable hasta que se concrete su derivación a la Península.

Si el calendario se cumple, al término de la próxima semana habrán salido entre 25 y 30 menores de los 1.070 que permanecen bajo tutela en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI) y que aún gestiona Canarias, a pesar de que la competencia corresponde al Estado, según ha reiterado el Tribunal Supremo en tres autos.

Clavijo: “No son mercancías; son seres humanos”

El presidente canario, Fernando Clavijo, denunció la “falta de planificación” del Ejecutivo central. “No son botellas, no son mercancías; son seres vivos, vulnerables, que merecen un trato digno y con garantías”, afirmó en RNE. Criticó que en la primera derivación no se comunicara con antelación suficiente quiénes serían los cuidadores asignados y que se retrasara el viaje por “cuestiones administrativas” sin resolver desde hace meses.

Clavijo recordó que el Consejo de Ministros aprobó en julio la creación de 1.200 plazas para acoger a estos menores en la Península, pero a día de hoy “se desconoce cuándo y dónde estarán disponibles”. A su juicio, con el ritmo actual “el proceso podría prolongarse más de diez meses”, lo que coincide con la previsión de un repunte de llegadas a partir de septiembre por las condiciones favorables del mar.

El presidente canario insistió en que el fallo del Tribunal Supremo es “claro y contundente” al establecer que el Estado debe asumir la tutela y el alojamiento de los menores solicitantes de asilo, y advirtió que las Islas “no pueden seguir soportando solas” un volumen de menores que desborda su sistema de protección a la infancia.

Fernando Clavijo, respondió ayer a las acusaciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien lo tildó de desleal y de faltar a la verdad. “Las declaraciones de la ministra se contestan solas. El Gobierno de España dijo hace un mes que iba a crear 1.200 plazas. ¿Cuándo y dónde? Se aprobó una partida específica en Consejo de Ministros. Hay un protocolo —un decreto de 2022, hecho para los menores ucranianos— que exige entrevistas y garantías. No son cajas ni mercancía; son niños y niñas”, afirmó. Clavijo subrayó que su Ejecutivo pidió un compromiso para aplicar ese itinerario y que el Estado lo rechazó. “No quiere sacarlos. Quien falla a esos menores es el Gobierno de España, que dice estar del lado de los vulnerables pero lleva más de dos años y medio abandonando a niños de Malí con protección internacional. El Supremo, en tres autos, le ha recordado que debe cumplir”.

Un problema estructural

La Dirección General de Infancia calcula que actualmente hay más de 5.600 menores no acompañados en la red de acogida de Canarias, sumando solicitantes de asilo y otros en situación de desamparo. Las plazas ordinarias —diseñadas en 1997 para acoger a 1.700 niños— están completamente saturadas, y muchos dispositivos abiertos de forma temporal durante la emergencia de 2023 y 2024 se han convertido en centros permanentes, incluidos inmuebles “no siempre adecuados”, como naves industriales.

El Ejecutivo regional advierte de que, sin un flujo constante de derivaciones, el Archipiélago podría volver a situaciones de hacinamiento como las vividas hace dos años, con colchones en el suelo y ratios de ocupación muy por encima de lo permitido.

Reunión con Sánchez el lunes

El próximo lunes, Clavijo se reunirá en Lanzarote con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar el reparto territorial de menores y el cumplimiento de las derivaciones forzosas contempladas en el Real Decreto-Ley 2/2025, que establece un sistema de redistribución entre comunidades autónomas cuando se declare la contingencia migratoria extraordinaria.

El Gobierno canario reclamará, además, que el Estado declare formalmente esa contingencia, lo que obligaría a trasladar a la Península en un plazo máximo de 15 días a todos los menores que lleguen a partir de entonces, evitando su permanencia en las islas. Clavijo también pedirá un incremento de la financiación para compensar los gastos de acogida, que en 2024 superaron los 180 millones de euros, de los cuales solo se recibieron 50 millones del Estado.

“Cuando un menor llega a Canarias, llega a España. Y la respuesta debe ser de país, no un problema que se deja en los márgenes geográficos para que lo resuelvan solos”, subrayó el presidente canario, advirtiendo que el tiempo perdido desde marzo —cuando el Supremo dictó el primer auto— “es una oportunidad desaprovechada para garantizar los derechos de cientos de niños”.