Dos días pueden hacerse muy largos cuando concentran varias crisis. El Gobierno intenta desvincularse de Leire Díez y de sus movimientos para buscar información contra un teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mientras ve surgir nuevos frentes.
Esta semana tiene que lidiar con la publicación de nuevos audios de la supuesta fontanera del PSOE, con las críticas de todas las asociaciones de la Guardia Civil, que han respaldado a la UCO en un comunicado. Y, desde la tarde del martes, con la dimisión del hasta ahora número dos de Interior y mano derecha de Fernando Grande-Marlaska, Rafael Pérez.
Interior asegura que el hasta ahora secretario de Estado de Seguridad -desde 2020-, antes jefe de Gabinete del ministro, deja el cargo por “motivos personales”. Fuentes del PSOE apuntan al desgaste y al cansancio que arrastra tras cinco años como segundo espada del Ministerio. Ya había amagado con irse antes, y fuentes de Moncloa inciden en que efectivamente le impulsan “razones familiares”.
Sin embargo, aunque intentan restarle hierro a la situación, sí reconocen que el momento escogido para dimitir es “extraño”. Es lo mismo que en el Gobierno y en el PSOE están dispuestos a asumir al hablar del aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, hoy en el centro de la polémica.
Sólo reconocen que los tiempos resultan llamativos, pero intentan convencer de que no hay otras motivaciones tras estas decisiones: en el caso de Gallardo, defienden que no se le ha pedido tomar posesión de un escaño en la Asamblea para dilatar la causa por la que se sentará en el banquillo, junto al hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez. También afirman que él no ha forzado el aforamiento para mover el juicio al TS extremeño.
Algo parecido esgrimen sobre el que ha sido la mano derecha de Marlaska durante cinco años. Que dimite, además, una semana después de que el ministro asumiera como un “error” propio el contrato con una empresa israelí para comprar balas por un importe de 6,6 millones de euros.
Un episodio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideró un “lamentable error”, por el que Izquierda Unida amenazó con romper el Ejecutivo de coalición. Hoy intentan desvincular la crisis del contrato de esta renuncia, como hacen también con la escalada de tensión con la UCO. El comunicado de todas las asociaciones profesionales del Instituto Armado evidencia el malestar que late en este cuerpo.
“Queremos trasladar todo nuestro apoyo y reconocimiento a la labor de la UCO y del teniente coronel Balas. La afirmación ‘Si Balas está muerto, mejor’, aparecida en unos audios deleznables, nos parece muy grave y creemos que con ello se pretende manchar la imagen de esta unidad de élite de la Guardia Civil, perteneciente a la Jefatura de Policía Judicial”, reza el texto.
El Ejecutivo, además, ha pasado de deslizar que la UCO o el juzgado están detrás de determinadas filtraciones, como la de las conversaciones privadas de Sánchez y José Luís Ábalos, a reiterar su confianza en los agentes.
Marlaska cuestionaba durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a los medios que publican informaciones sobre investigaciones de la UCO en curso. Y desde Moncloa insistían poco después: “Tenemos que confiar en la UCO y en la Guardia Civil”.
Lo cierto es que, semanas después de la publicación de las conversaciones, Sánchez sigue sin denunciar estas filtraciones, pese a que se comprometió a ello si la Justicia o el propio Instituto Armado no denunciaban de oficio. “Entendimos que de oficio se investigaría”, explican.
Hay dirigentes socialistas que restan importancia a los escándalos que están aflorando estos días, al entender que son tantos “los bulos y mentiras” difundidos que la ciudadanía está parcialmente “insensibilizada”. Otra cosa es que para la parte más movilizada de su militancia estas revelaciones supongan “un mazazo”. O que desgasten la imagen de un Ejecutivo ya tocado por su fragilidad parlamentaria.
La estrategia, en líneas generales, pasa por denunciar ser víctimas de una ofensiva, y por negar los hechos. “Hay una maraña que pretende dar a entender una mentira, que es que el presidente del Gobierno tiene corrupción a su alrededor”. “No hay nada, hay noticias que dan esa sensación”, zanjan fuentes de Moncloa.
El Gobierno se desvincula de la “fantasma” Leire Díez: “Ofrece cosas que no puede prometer”
Al Ejecutivo le está costando recuperar el control de la agenda pública. Las últimas informaciones espinosas son las que ha difundido El Confidencial desde el lunes. Las que vinculan a los socialistas con una supuesta campaña para conseguir información comprometedora para el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lidera investigaciones sobre temas sensibles para el partido y para el propio Sánchez (el caso Koldo o la causa del hermano del presidente), Antonio Balas.
En el PSOE niegan que Ferraz tuviera nada que ver con Díez, que ha ostentado cargos en dos empresas públicas con el actual Ejecutivo. Hay dirigentes socialistas que admiten haber coincidido con ella en actos de partido, y otros con muchos galones que niegan haberse cruzado jamás con esta “militante” socialista. Como hacen los ministros en público, en privado fuentes de Moncloa se remiten a las explicaciones que el PSOE facilitó este lunes, cuando fue incapaz de despejar varias incógnitas sobre Díez.
“No está en nómina”; “No actúa por voluntad del partido”; “Ofrece cosas que no puede prometer, pero no dice haber hablado con el Gobierno”, destacan. Un ministro la tilda de ser “una fantasma”, y otro interlocutor insiste en que no es “una intermediaria”. “No podemos controlar lo que dice cualquier fanfarrón por el mundo”, insisten. Díez, periodista de formación, se reconoce en las grabaciones difundidas, pero niega un complot contra la Guardia Civil y afirma que estaba desarrollando un trabajo de investigación.
Un mes del apagón, sin diagnóstico y con campaña del PP
Este miércoles se cumple un mes del apagón que fundió España a negro el 28-A. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, afrontará preguntas sobre este incidente en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, así como en una interpelación parlamentaria posterior. Todavía no hay diagnóstico oficial de lo ocurrido.
Fuentes del Gobierno reconocen que las empresas energéticas ni siquiera han remitido toda la información requerida sobre esa jornada, pero insisten en que trabajan “sin descanso” para que la investigación que dirige Aagesen no se eternice. Previsiblemente desvelarán el origen del apagón antes de que transcurran dos meses más, dentro del plazo marcado por Bruselas.
A falta de diagnóstico, sí aseguran que la información del prestigioso diario británico The Telegraph, que publicó que el fallo obedece a una supuesta prueba del Gobierno con la generación renovable, “roza lo absurdo”. Critican que el PP dé alas a la explicación de este medio, “como si fuese verdad”, pese a que la consideran “una aberración” y “una barbaridad” .
El catalán en la UE tendrá que esperar
La otra decepción del martes llegó cuando el Consejo de Asuntos Generales de la UE constató que no existe consenso para aprobar la propuesta de oficialidad de las lenguas cooficiales españolas, ante las reticencias de varios países, y decidió retrasar la votación.
Se trata de una exigencia de Junts per Cataluña que el Ejecutivo lleva tiempo peleando, y fuentes de La Moncloa se declaran “optimistas” sobre sus posibilidades de lograrlo a futuro, en una fecha por desvelar.
Por lo pronto, tanto ellos como Carles Puigdemont, líder de Junts, han culpado de este fracaso al PP. “Trabajaremos para sacarlo adelante cuanto antes”, insisten. Al menos en este frente han logrado calmar a sus aliados y evitar un nuevo incendio.