El Parlamento Europeo señala al Gobierno de Sánchez por obstruir la investigación de Barbate y denuncia el abandono policial en España

La Confederación Española de Policía pide la dimisión inmediata del ministro de Interior tras el informe europeo

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska durante una sesión de control al Gobierno
EFE/Javier Lizón

El Parlamento Europeo ha publicado un informe demoledor contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a raíz de una iniciativa de la Confederación Española de Policía (CEP), que denuncia la falta de medios y protección de los agentes en la lucha contra el narcotráfico y la violencia criminal. El documento, elaborado tras la misión parlamentaria que visitó Andalucía el pasado mayo, lanza duras críticas al Ministerio del Interior y pide acciones concretas en un plazo máximo de 18 meses para reforzar la seguridad, la cooperación y la transparencia en España.

El texto acusa directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de haber ocultado pruebas clave relacionadas con el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, ocurrido en febrero de 2024. Según el informe, la retirada de la zodiac en la que se produjo la tragedia durante la visita de los eurodiputados constituye una “grave obstrucción” a la misión europea. Además, el Parlamento critica que el Gobierno ascendiera a los mandos responsables del operativo, una decisión adoptada “contra la voluntad de las familias” de las víctimas.

David Gutierrez, portavoz de la CEP, confirma a Artículo14 que con Marlaska al frente del Interior España ha vivido la etapa más violenta y desprotegida de la Policía en democracia. “Es el ministro bajo cuyo mandato más agresiones han sufrido los agentes, y ahora un informe oficial del Parlamento Europeo confirma lo que llevamos años denunciando: obstruccionismo, abandono y falta total de respaldo institucional. La situación es insostenible“. Europa ha certificado la urgencia de las medidas impulsadas por la Confederación Española de Policía —reconocer la profesión como de alto riesgo y castigar las agresiones como eurodelitos—, por lo que Marlaska debe “asumir su responsabilidad y marcharse inmediatamente“.

Entre las conclusiones más contundentes, el Parlamento exige la reinstauración inmediata de la unidad antidroga OCON-Sur, desmantelada por Interior antes de la tragedia, y la creación de una “zona especial de seguridad” en el Campo de Gibraltar, donde se concentran los principales flujos de narcotráfico hacia Europa. El informe también reclama que la Comisión Europea y el Consejo actúen en un plazo de 18 meses, recopilando datos homogéneos sobre agresiones y suicidios entre los agentes, para establecer políticas comunes de protección y prevención.

El documento, aprobado por amplia mayoría, urge a Bruselas a proponer una directiva europea que reconozca la labor policial como una “profesión de alto riesgo”, garantizando condiciones laborales, sanitarias y de jubilación específicas. Asimismo, pide que las agresiones, intimidaciones o resistencias a los agentes sean tipificadas como “eurodelitos”, con sanciones más severas y homogéneas en todos los Estados miembros.

Otra de las demandas clave es reforzar la protección jurídica plena del uso de armas de fuego en defensa propia, una cuestión que ha generado creciente preocupación entre los sindicatos policiales. “No se puede pedir a los agentes que arriesguen su vida si no saben si serán procesados por hacerlo”, apunta el texto, que describe una situación de “inseguridad legal e indefensión profesional” que compromete la capacidad de actuación policial.

El informe recuerda que en España se registran más de 16.800 agresiones en 2024 a miembros de las fuerzas de seguridad, y que al menos 26 agentes han muerto en acto de servicio desde 2016. Además, subraya que 480 policías y guardias civiles se han suicidado en la última década, lo que evidencia la necesidad de reforzar el apoyo psicológico y las medidas de prevención.

El documento llega en un contexto de nueva oleada de violencia contra las fuerzas de seguridad. En las últimas semanas, agentes han sido atacados en Sevilla, donde narcotraficantes abrieron fuego con armas de guerra; en Madrid, donde un policía fue brutalmente agredido al ser reconocido fuera de servicio; y en Valencia, donde otro resultó herido en un altercado similar. Los eurodiputados subrayan que estos episodios confirman la urgencia de adoptar medidas inmediatas para proteger a quienes combaten el crimen organizado.

Durante la votación, el PSOE fue el único grupo que votó en contra de las propuestas destinadas a reforzar la protección policial, lo que generó críticas del resto de formaciones. El texto final, impulsado a instancias de la CEP y respaldado por el Comité de Peticiones, concluye que el problema no es local ni coyuntural, sino estructural y de alcance europeo.

La resolución reclama a la Unión Europea que reconozca de forma oficial a policías, guardias civiles, militares y funcionarios de prisiones como profesiones de alto riesgo, con un marco legal común para su protección. “Proteger a quienes nos protegen” es una obligación democrática, subraya el informe, que será remitido a la Comisión Europea y al Consejo de la Unión para su tramitación formal.