Un sector de la Fiscalía exige que Álvaro García Ortiz dimita antes de la apertura del año judicial, el próximo cinco de septiembre, el acto por excelencia para la magistratura, que está presidido por el jefe del Estado, el rey Felipe. “Es una descalificación a la opinión pública” que pretenda resistir para entonces, denuncian desde una parte del ministerio fiscal. Además, interpretan que asistiendo “desafiará” directamente al Tribunal Supremo.
Así, la cúpula fiscal observa con enorme recelo que García Ortiz se mantenga en el cargo pese a que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado esté a punto de redactar el auto de apertura de juicio oral para sentarle en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos. ¿El motivo? Haber filtrado presuntamente los datos fiscales de la pareja de Isabel Díez Ayuso, Alberto González Amador.
García Ortiz ha defendido siempre su inocencia tras y por eso no piensa dejar el cargo y ejercerá sus funciones con normalidad, según fuentes consultadas por este periódico. Y de ahí que tenga intención de acudir a la apertura del Año judicial pese a la reprobación de la mayoría de la carrera fiscal, que considera que su presencia en el acto supondrá “un desafío” para el Tribunal Supremo.
Sin embargo, esta decisión no es compartida. Fiscales del Supremo trasladan a este periódico su malestar con la presencia de García Ortiz en el acto: “En la Carrera, muchos lo vivimos como un oprobio y como la mejor manera de asentar la desconfianza que los Tribunales y la ciudadanía tienen en el Ministerio Fiscal por su dependencia del Gobierno que, en este caso concreto, ha pasado de ser una inclinación personal a una cuestión de autodefensa y supervivencia”.
Y añaden estas fuentes consultadas por Artículo14 que García Ortiz “está devaluando” la valor de los jueces que lo han investigado. “Es un desafío al Tribunal Supremo. Una suerte de descalificación a la opinión del juez de Instrucción inicial, del instructor del TSJ, de la Sala de Apelación del TSJ, del Instructor del Tribunal Supremo y de la Sala de Apelación del alto tribunal”, aseguran.
Además, lamentan que el Rey tenga que soportar la anómala situación, toda vez es la primera vez en democracia que un fiscal general se encuentra en esta situación judicial. “El Rey está por encima de esto, lo peor es la degradación indisimulada de la Fiscalía a la condición de apéndice del Gobierno”, sentencian.
Todos los ojos estarán puestos en el discurso de García Ortiz, que tendrá difícil contentar a una judicatura, como se constata de las opiniones recabadas por Artículo14. Se da la circunstancia que días después de este acto, el fisal general podría ser suspendido ya que una acusación popular solicitó esta medida cautelar al juez Ángel Hurtado.
A principios del mes de septiembre se acaba el plazo para que el resto de las partes se pronuncien sobre la posible suspensión y el juez instructor tome una decisión final. Y existe debate debate en la Justicia en torno a si es legal suspender del cargo a un fiscal aunque Hurtado no se cierra a esta posibilidad, según fuentes del caso.
En el discurso del año pasado, García Ortiz aún no había sido imputado y defendió que “la Fiscalía es imparcial” y llamó a promover “la confianza institucional” así como hacer una reflexión sobre la función de las acusaciones populares. Una reforma pendiente que el ministro de Presidencia y Justicia Feliz Bolaños tiene pendiente de acometer tras la oleada de casos de corrupción política nacidos a raíz de las denuncias de las acusaciones populares.