Llegó el día. El rey don Felipe preside hoy, viernes, la apertura del año judicial en un contexto de tensión absoluta. Todos los ojos estarán puestos en Álvaro García Ortiz, que asistirá a pesar a ser el primer fiscal general imputado de la historia. Una decisión, la de no hacerse a un lado, que ha soliviantado a buena parte de la judicatura y ha llevado al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a ausentarse. La expectación también es máxima sobre qué dirá la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, que defenderá la independencia judicial, tras las críticas de Pedro Sánchez a una parte de los jueces.
La tensión en el Salón de Plenos será máxima, según auguran las distintas fuentes consultadas por este periódico. García Ortiz se sentará en el estrado para presidir el acto. A su derecha Perelló, y a su izquierda estará sentado Andrés Martínez Arrieta, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, junto al resto de magistrados de la misma sala.
Se da la circunstancia de que esos magistrados de la segunda sala son los encargados de enjuiciar al fiscal general en las próximas semanas. Una decisión que es “inminente”, según ha podido saber este periódico. “Si no es en los próximos días, en pocas semanas” se producirá su juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos, según avanzan las fuentes consultadas en el Supremo.
“No haberle invitado”
En el Alto Tribunal opinan que, llegado a este extremo, Perelló tendría que haber tomado la decisión de “no haberle invitado” porque “cualquier subordinado de García Ortiz en la misma situación procesal en la que está él ya no estaría en el ministerio fiscal”. Se refieren estas voces del Supremo al estatuto fiscal, que obliga al cese de aquellos fiscales a los que se le abra juicio oral, pero deja un vacío para el caso concreto del fiscal general.
Sin embargo, desde el entorno de García Ortiz ratificaron que, pese a las críticas, acudirá porque la Ley Orgánica del Poder Judicial “establece” que tiene que entregar la memoria de la Fiscalía en el acto. “No puede elegir si ir o no ir, cumple con la ley. Es un acto solemne e institucional”, concluyen las fuentes.
En la víspera del acto, la judicatura se presentó abierta en canal. Las asociaciones conservadoras de fiscales pidieron que García Ortiz se abstenga de acudir al evento porque “constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado”. Y pese a que respetan “la presunción de inocencia del fiscal” creen que debería dar un paso al lado por la situación en la que deja al Ministerio Público. “El respeto a las instituciones y a lo que representan está por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos”, manifestaron.
Un acto que demanda serenidad
García Ortiz también tendrá detractores en la bancada que ocupen los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los diez vocales del bloque conservador enviaron este jueves in extremis una carta a Isabel Perelló solicitando que pidiera al fiscal que se ausentara al acto por considerar que su presencia “no resulta apropiada, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda”.
En la carta, también respondieron a las últimas críticas de Pedro Sánchez afirmando que “hay jueces que hacen política”. Para los vocales “tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho”.
Poco después, los nueve vocales progresistas enviaron un comunicado contrario lanzando un mensaje de “normalidad institucional, alejado de cualquier forma de polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne que marca el inicio del curso judicial”.
¿Por qué está procesado?
El fiscal general está decidido a quedarse porque cree que “la mentira no puede derrotar a un fiscal general”. Él se declara inocente de la filtración de los datos fiscales de la pareja de Isbel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien se querelló contra el Ministerio Público por la publicación de una nota de prensa sobre sus problemas fiscales.
La circular, con datos particulares, tenía el objetivo de aclarar que había sido el abogado de González Amador el que había ofrecido un pacto de conformidad y no la fiscalía de delitos económicos, como querían hacer ver desde el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El caso se enredó, con la denuncia de González Amador de que el fiscal general filtró, antes de dicha nota, la cadena de correos intercambiados entre su letrado y el fiscal.
Durante el año de instrucción, García Ortiz ha reconocido que fue el último responsable de la nota de prensa “para desmentir un bulo” pero que “nunca” filtró antes a la prensa esa cadena de correos electrónicos.