La falta de medidas de conciliación lastra la presencia de diplomáticas en el extranjero

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sentó cátedra en la Conferencia de Embajadores del pasado mes de Enero con la afirmación de que una de las patas de su acción exterior sería el feminismo. Uno de los primeros pasos en aras de dicha defensa por los derechos de la mujer ha sido establecer la primera estrategia de cooperación feminista en España. “En la actualidad, España lleva a cabo una política exterior feminista  y una cooperación y una acción humanitaria feministas, incluyendo la igualdad de género como un elemento prioritario, buscando a la vez avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, reza parte del documento.

Desde la Asociación de Diplomáticos, en conversación con este medio, aseguran que si el titular de Exteriores quiere ayudar a la mujer, el primer paso sería modificar el reglamento del cuerpo diplomático, que data desde 1955 y que está basado en el Código franquista, y adecuar dichos parámetros al modelo europeo, como nuestro vecino Portugal. El gobierno del país vecino, entre otras cuestiones, entiende que si el cónyuge ha tenido que interrumpir su actividad laboral por el trabajo de su pareja diplomática, el Ministerio de Negocios Extranjeros (MNE) portugués debe asumir los costes de su inscripción en el Seguro Social Voluntario, para garantizar la continuidad contributiva.

Asimismo, se asumen los costes de los descuentos de seguridad social de los cónyuges/parejas de hecho, se firman convenios bilaterales para sellar acuerdos de reciprocidad con otros países para permitir que los cónyuges de sus diplomáticos realicen actividades remuneradas en el país receptor, y se establecen medidas para que los cónyuges tengan prioridad para trabajar en las mismas delegaciones diplomáticas y consulados, en puestos de carácter técnico y especializado.  Estas medidas se han aprobado para que resulte atractivo a las familias con un miembro en el cuerpo diplomático establecerse en un país extranjero.

Por el contrario, en España, al no existir una regularización actualizada, se da la situación de que los cónyuges, y en su mayor representación, las mujeres, ven mermadas sus carreras por seguir a sus maridos en su proyección profesional. “La omisión de medidas concretas y reales de apoyo a estos familiares: trabajo de los cónyuges, indemnización a la educación de los hijos, y, en general, medidas de conciliación, las sufren estas familias en el extranjero”, afirma Alberto Virella, presidente de  la Asociación de Diplomáticos. “Parece que esta carencia que padecemos sí tiene más impacto en las diplomáticas, pues así lo recoge el informe del Tribunal de Cuentas sobre igualdad de género en el ministerio de Asuntos Exteriores”. En concreto, ese informe recoge una brecha salarial del 37% entre hombres y mujeres, y desprende que las mujeres contemplan las medidas de conciliación como un obstáculo para sus respectivas carreras.

Esta falta de regularización no sólo afecta a los cónyuges, sino también a los propios diplomáticos, concretamente a las mujeres. Porque se suma la inexistencia de concreción en las ayudas a la escolarización de los hijos, o del transporte. Según datos de la Asociación de Mujeres Diplomáticas, en 1975, las mujeres representaban tan sólo el 0,22% de los integrantes de la Carrera Diplomática española. En su último informe de abril de 2024, se desprende que las mujeres han pasado a representar el 32,5% del total de la carrera diplomática, con 318 mujeres frente a 661 hombres. Y, en la actualidad, de 138 embajadas, 36 las ocupan las mujeres.

“Se concluye que las diplomáticas tienen muy en cuenta estos aspectos a la hora de elegir/solicitar destinos, descartando aquellos en los que, por no existir estas medidas, la dificultad del puesto a nivel familiar resulta prácticamente inasumible”, afirma Virella. “La falta de apoyo a las familias es gravísima para todos los funcionarios públicos (diplomáticos o no) destinados en el exterior y conlleva la pérdida de valiosos profesionales para el Servicio Exterior o, cuando menos, que los funcionarios presten servicio en condiciones muy duras en términos personales y familiares”.

El ascenso de la mujer

Asimismo, si Albares modificara el actual Estatuto y se pareciera al modelo luso, la mujer tendría más posibilidades de llegar a embajadora. El actual reglamento español limita los ascensos a una cuestión de antigüedad, con requisitos adicionales como años de servicio en el extranjero, cursos en la Escuela Diplomática y experiencia en puestos de nivel alto. El ascenso a embajador es discrecional por el Consejo de Ministros, y se reserva a ministros plenipotenciarios de primera clase. Por el contrario, el modelo portugués se basa en criterios de meritocracia, y se prioriza el rendimiento, historial de servicio y clasificaciones cualitativas, sin entrar la antigüedad en la ecuación. Actualizar nuestro reglamento y adaptarlo al modelo portugués ayudaría a la mujer en su ascenso dentro de la carrera diplomática. La predecesora de Albares en el cargo, Arancha Laya, fue lo que intentó hacer en su corta etapa al frente del ministerio, desde 2020 hasta 2021.

Laya proponía otorgar el ascenso a embajador a aquel personal funcionario de la Carrera Diplomática que, “teniendo la categoría de Ministro/a plenipotenciario/a de primera clase, se encuentre en activo o en servicios especiales y haya desempeñado una Jefatura de Misión Diplomática u otro alto cargo en la Administración General del Estado”.

La Asociación de Diplomáticos escribió al presidente Sánchez para presentar una queja por esta situación, misiva que fue respondida con el énfasis en el “firme compromiso” con una “acción exterior eficaz y coherente con los principios constitucionales que rigen nuestro Estado social y democrático de Derecho”. Un compromiso que difícilmente encaja con un reglamento que data del franquismo.