Me too en el ejército

“La Justicia militar debe ser revisada. Su estructura endogámica la hace inviable”

La abogado Lourdes Peraza ha atendido a 160 militares que han denunciado acoso en la última década. "Acudir a la UPA penaliza. Se juegan su ascenso y sólo les queda acogerse a una baja médica o cambiar de destino"

Formulario de denuncia ante la UPA
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Viene de una familia de militares. Su hermano -D.E.P- fue Jesús Manuel Peraza Casajús, teniente coronel y  jefe de Sanidad de la UME. De hecho, la abogado Lourdes Peraza estudió para ser jurídico militar, y si hubiera sacado las oposiciones sería en estos momentos teniente coronel. Lo dice claro: “Adoro el Ejército. Es una Institución que desde pequeña me han enseñado a valorar mucho”.

Igual de cristalino que sus críticas a los protocolos frente al acoso. Afirma que, desde 2014, ha llevado una media de 160 casos de mujeres militares que se han puesto en sus manos tras presentar sus denuncias en las Fuerzas Armadas, a través de los cauces que garantizan un acompañamiento y protección de confidencialidad de la denunciante. “No se protege a la víctima. La UPA -Unidad de Protección frente al Acoso- no es eficiente”. Tampoco, a su juicio, la Justicia castrense. Y pide a este medio durante la entrevista que se le permita hacer un llamamiento: “La jurisdicción militar debe ser revisada. Su estructura endogámica y su ineficacia procesal la hace inviable. Es una realidad jurídica”.

¿Cuándo llegó a sus manos el primer caso de una militar por acoso? ¿Estaba vigente la UPA?

Fue en 2014. Estaba en proceso, no vigente. Fue una agresión sexual de una militar que pertenecía a los Cuerpos Comunes y estaba destinada en el Ejército de Tierra.

¿Ha habido un proceso evolutivo de mujeres que se animan a denunciar?

Ha ido in crescendo. Cada vez hay menos miedo, afortunadamente. El miedo es superior en mujeres con titulación que las que no, por lo que denuncia más el colectivo de suboficiales que el de oficiales. Es una realidad flagrante porque se juegan el ascenso. Si es una comandante se juega el convertirse en teniente coronel. Y si es una teniente coronel, se juega llegar a coronel. Porque los IPEC -Informe Personal de Calificación- son negativos en caso de que haya acudido a la UPA o a la jurisdicción militar para denunciar.

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¿Asegura entonces que denunciar ante la UPA penaliza? Es una afirmación muy grave. 

Es totalmente falso que la UPA sirva para algo, sinceramente. Me gustaría decir otra cosa, pero no tiene ninguna funcionalidad porque no hay una independencia funcional en las UPAS. No se las desliga de la cadena de mando. Debería haber jurisdicción ordinaria en materia de acoso, abuso y violencia de género. Es necesario que haya magistrados especializados que juzguen con objetividad delitos contra la libertad sexual o de género. Y en este caso, no lo hay. Un juez militar no asciende por haber aprobado una oposición. Aprueba la oposición de militar, pero asciende por ser teniente coronel o coronel. No hay especialización.

¿De qué manera se presenta esa penalización?

Yo lo que tengo comprobadísimo es que se genera una revictimización. Se crean entornos hostiles en torno a esa mujer que denuncia, interrogatorios no adaptados, declaraciones reiteradas, un aislamiento profesional con degradaciones de destino, pérdidas de oportunidades de ascenso, efectos disuasorios para no denunciar por temor a represalias y un daño reputacional irreversible.

¿Qué fallos principales ve en la jurisdicción militar?

Llevo 25 años ejerciendo. Nuestro despacho, Casajús Abogados, es multidisciplinar, venimos de oposiciones, jueces y fiscales de la misma. Y he sido letrado consistorial en distintos ayuntamientos. Fui concejal de personal en Ciudadanos le legislatura del año 2019 -afirma que dejó el partido por acoso profesional-. Yo soy procesalista y llevo muchos asuntos en el ámbito penal, laboral, civil, mercantil… Y como abogado civil no estoy sometida a una jerarquía. Presento recursos que en la jurisdicción ordinaria se consigue fácilmente y aquí es un muro de hormigón. Hay un claro enfoque corporativista. Además, aquí los casos se cierran y no hay ministerio fiscal que continúe el caso.

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Las militares denuncian que no se preserva la confidencialidad de sus datos cuando acuden a los protocolos de acoso.

Efectivamente. El denunciado sabe quién le denuncia, qué cargo tiene y se produce el posterior hostigamiento. Así lo he vivido con mis clientes.

¿Cree que los profesionales de la UPA están suficientemente formados?

Ese es otro de los principales problemas. No hay una formación adecuada. Con un cursillo no te formas. Yo llevo casos de víctimas de violencia de género, y cuando viene a mí una militar el caso se me atraganta porque no tengo nada que hacer en su defensa. Lo único a lo que puede acogerse para salir de ese entorno es una baja médica y solicitar un cambio de destino.

Tenemos el caso de una militar que sufrió una violación en un buque de la Armada y no le proporcionaron las medidas cautelares adecuadas. Sólo asistencia telefónica por parte de la UPA. 

Es algo común.

¿Cómo debería actuar el ministerio de Defensa?

Yo creo que el ministerio, si no van a revisar el modus operandi de la Justicia militar, debería tomar la iniciativa para que se declinen los asuntos de acoso a la jurisdicción ordinaria, porque está claro que la castrense no funciona. Con juicios especializados. Es una petición clara, alta y que gritamos no sólo las mujeres, también los hombres sufren situaciones de acoso en las Fuerzas Armadas.

 

 

 

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