El Gobierno ha seguido sufriendo sobresaltos hasta el último día del curso político. Pedro Sánchez escenificó el lunes su balance del semestre y decretó el inicio de las esperadas vacaciones de verano. Un día después, el Consejo de Ministros aprobó los permisos de nacimiento y de cuidados por los que Yolanda Díaz lleva tiempo presionando al ala socialista. Cuatro ministros comparecieron en rueda de prensa para vender ésta y otras medidas.
Estaba previsto que, desde ese momento, los integrantes del Ejecutivo pudieran ir alejándose de las cámaras y micrófonos progresivamente. Minutos después de la comparecencia, sin embargo, el Tribunal Supremo confirmó que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos. El balance del presidente, pero también la rueda de prensa de los ministros, ya habían quedado desactualizados.
La última comparecencia de Sánchez ante los medios, la tarde del martes, tras la habitual audiencia con Felipe VI, se vio marcada por el procesamiento de García Ortiz. El presidente del Gobierno y algunos de sus ministros, con la excepción de la titular de Defensa, Margarita Robles -que se mostró más distante-, respaldaron sin fisuras la permanencia del fiscal en su cargo.
Entre medias, el Ejecutivo ya se ha visto golpeado por el escándalo del comisionado para la Dana, José María Ángel, acusado de acceder a su plaza de funcionario recurriendo a un título supuestamente falso. Desde Moncloa habían restado importancia a esta polémica, anticiparon que el también presidente del PSPV enviaría un comunicado para explicar su situación, y afirmaron que en todo momento su comportamiento fue “legal y legítimo”.
El jueves, Ángel se vio obligado a dejar el cargo: sólo habían pasado dos días desde que se conoció que la Agencia Valenciana Antifraude advertía de su utilización de un título universitario falso para promocionar como funcionario. Inicialmente, en el Ejecutivo interpretaron que podrían sostenerle, aunque salieron de su error en poco más de 48 horas.
Vuelven a escena Leire Díez y David Sánchez
La semana de transición a las vacaciones ya estaba siendo accidentada: los medios empezaron a publicar nuevas informaciones sobre el caso Santos Cerdán, la trama de presunta corrupción por la que el exnúmero tres del PSOE duerme desde hace semanas en la cárcel de Soto del Real.
El lunes, además, la jueza que instruye la causa por la que también se sentará en el banquillo el hermano del presidente, David Sánchez, le había exigido que aclarase si tiene previsto cambiar de domicilio. La organización ultra Hazte Oír, que ejerce como acusación popular, afirmó que el músico tiene previsto establecerse en Japón, y reclamó que le prohibiera salir de España.
La jueza Beatriz Biedma rechazó retirarle el pasaporte y prohibirle que abandone el país, aunque sí le ordenó que aclarase si pretendía cambiar de domicilio. El jueves, Sánchez negó que vaya a mudarse. Y volvió a estar presente en los titulares.
Desde la comparecencia de Sánchez en el Congreso, el 9 de julio, el Ejecutivo ha recuperado algo de calma tras semanas sin controlar la agenda pública, viéndose golpeado por las informaciones sobre el informe de la UCO que fulminó la carrera de Cerdán. Y antes, sobre la exmilitante socialista que recababa información contra la Guardia Civil, Leire Díez, supuesta fontanera de Ferraz.
Que este jueves se conociera la imputación de Díez por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, tras una denuncia de Hazte Oír, tampoco contribuyó a reducir el nivel de decibelios de las causas que les preocupan. Como Cerdán, como García Ortiz, como el hermano del presidente, Díez volvió a los titulares.
Ya el viernes, primer día de agosto, se conoció la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de multar a España con 6.8 millones de euros por no cumplir a tiempo con la directiva que obliga a retribuir permisos parentales. Tres días después de aprobarlos, después de años de intentos por parte de Sumar, y los permisos ya generaban un nuevo dolor de cabeza al Gobierno.
Montero rebaja la promesa de Sánchez sobre los Presupuestos
En otro orden de cosas, el lunes el presidente se comprometió a presentar los Presupuestos para 2026, aunque dejó ver que está dispuesto a intentar agotar la legislatura sin ellos, siempre con el apoyo de los fondos europeos Next Generation.
El jueves, en una entrevista en TVE, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rebajó la promesa de Sánchez. Condicionó su presentación en el Congreso de los Diputados a que antes logren la “seguridad de poder aprobarlos”.
Se marcó como reto presentar la senda de déficit, la primera piedra de las cuentas públicas, a lo largo del mes de septiembre. Para cumplir con los plazos que marca la Constitución, los Presupuestos tendrían que llegar a la Cámara antes del 1 de octubre. En este caso asumen que ya van tarde.
De cara al próximo curso, a la vuelta del verano, está previsto un primer Consejo de Ministros el 26 de agosto. Servirá para aprobar el real decreto ley de capacidad y se declarará “la contingencia migratoria en Canarias”, ante la sobrecarga de sus servicios de acogida.
Hasta entonces, la idea es reducir al mínimo la actividad. La agenda de Moncloa plasma este parón, y sólo tres ministros tuvieron actos públicos el viernes. Buena parte de los dirigentes se han alejado de los teléfonos.
El toque de atención de Yolanda Díaz el jueves, cuando blandió el acuerdo de coalición para afear al PSOE que se abra a aceptar una prórroga de la vida útil de las centrales nucleares, apenas generó réplica. El Gobierno en su conjunto ya está al ralentí, sin que los sustos de la última semana de curso hayan podido evitarlo.