La ministra de Defensa, Margarita Robles, avaló la entrega de los datos confidenciales de la capitán Cebollero a sus presuntos acosadores. Supo que no se había respetado la privacidad de la denunciante antes de abrir un proceso judicial, como establece la ley, y lo justificó.
Así se desprende de la carta que Robles le envió en mayo de 2023 a la denunciante, en la que responde negativamente a su petición de revocar la resolución de su entonces subsecretario, Alejo de la Torre, en la que justificaba la entrega de la denuncia de la capitán en 2017 al coronel Félix Allo Flores, y entonces delegado de Defensa en Aragón, y al Teniente Coronel Rafael Fernández Sisniega, en aquel momento Secretario General de la Delegación, por un supuesto caso de acoso por cuestión de sexo en el cuartel de San Fernando en Zaragoza.
Como ha informado este medio, dicha denuncia la interpuso la capitán a través de la UPA -Unidad de Protección frente al Acoso- que por ley debe garantizar la privacidad de la denunciante.
El juez militar resolvió archivar el caso, y el asunto se revolvió contra ella, dado que los presuntos acosadores enviaron interpusieron una denuncia por lo penal contra ella por un delito de injurias, calumnias y difamación.
Fue en medio de ese proceso cuando la capitán Cebollero averiguó que su denuncia había sido entregada a los denunciados -incluidos sus datos personales y el teléfono-, contraviniendo la ley.
“Nada de ello obsta o impide que dichas actuaciones puedan llevarse a cabo de manera pública”. Esta afirmación es consecuencia de una explicación en la página anterior, en la que la ministra explica que “las informaciones previas o reservadas no forman parte de un expediente sancionador, sino que constituyen un antecedente potestativo que la ley faculta a la Administración” para apreciar si se han producido los hechos.
Esta entrega de los datos que garantizó el entonces subsecretario general de Defensa, Alejo de la Torre, iba en contra de la resolución en febrero de 2018 del anterior subsecretario, Arturo Romaní (PP), en la que denegaba el acceso a la denuncia, de acuerdo a la ley. Romaní se basaba en que los dos presuntos acosadores no eran parte interesada, dado que nunca se abrió un procedimiento judicial. Según la normativa, el denunciado puede tener acceso a la denuncia cuando se le imputa para poder defenderse, pero no previamente, y la Administración no emitió una orden de incoación de expediente contra nadie y por falta disciplinaria. De la Torre de la Calle (PSOE), en cambio, afirmó que podían tenerla y usarla para ejercer su derecho a la defensa, pese a que nunca se abrió una acusación contra ellos.
Una audiencia con Robles
Según informa la capitán Cebollero, previamente a esta correspondencia mantuvo una reunión con la ministra en la que asegura, le dio la razón y la defendió en cuanto a que los datos no pueden ser públicos.
Fue después de esta reunión que la denunciante solicitó por escrito “la revocación administrativa de la resolución del Subsecretario, según el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo”.
Al recibir esta respuesta, en la que además se le notificó que la revocación estaba prescrita -lo cual era cierto-, Cebollero solicitó que se abriera un expediente de revisión según el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo (distinto al recurso de revisión), “al haber lesión de derechos fundamentales de la denunciante y no existía para ello el instituto de la prescripción”.
Según detalla, esta solicitud fue nuevamente denegada por la ministra en mayo de 2024 al confirmar que la entrega de la denuncia y de los datos personales de la denunciante se puede entregar a un presunto acosador, al que no se investiga. Hoy está pendiente de votación y fallo de la Audiencia Nacional. Además de la denuncia ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo que ha sido admitida y está pendiente de resolución.
Como ya informó este medio, la capitán recurrió también al ministerio de Igualdad en 2020 -mientras se encontraba de baja por el “hostigamiento” al que era sometida tras el revuelo en el cuartel por sus denuncias- entonces liderado por Irene Montero, que solicitó toda la documentación para después reenviarla a Defensa alegando que era competencia del ministerio dirigido por Robles, quien volvió a dirigirse a la capitán por escrito en el que, alegando fundamentos jurídicos, se declaraba “competente para resolver” a la ministra de Defensa.
Llama la atención la postura de la ministra, si se tiene en cuenta que en el Congreso de los Diputados en 2019 defendió el protocolo de las FAS: “Vamos a incidir en proteger la identidad de aquellas personas que denuncian para evitar cualquier tipo de filtración -que sería vulneradora de la Ley de Protección de Datos-.
Este medio se ha puesto en contacto con el ministerio de Defensa para conocer su versión de los hechos, pero guardan silencio sin manifestarse en ningún sentido.
El caso de la capitán Cebollero no es aislado, ya que este medio ha tenido acceso a testimonios de mujeres militares a las que, tras denunciar en la UPA -tras ser animadas a hacerlo-, se les reserva el mismo destino: ésta pasa a manos del denunciado -habitualmente un alto cargo-, que inicia una “campaña” contra la denunciante que termina en una baja psicológica y un expediente médico que la cataloga como incapacitada para el Ejército. La demandante acaba acaba en la calle y, en ocasiones, con el acto de servicio denegado.