El caso de la capitán Lourdes Cebollero está poniendo en entredicho la efectividad del canal de denuncias en el Ejército. El Partido Popular se ha hecho eco de la noticia publicada por Artículo14 y este lunes, en la comisión de Defensa, ha interpelado al presidente del Observatorio de la Vida Militar, sobre esta cuestión.
Según publicó este medio, la capitán Cebollero presentó una denuncia ante la UPA por acoso de género y, no sólo terminó la denuncia en manos de los denunciados -lo que es ilegal según la ley Orgánica de Igualdad de 3/2007 y la reforma del Código Penal Militar de 2015-, sino que el asunto se volvió en su contra y le interpusieron una denuncia a ella por lo Penal, por injurias y calumnias.
Según explica la capitán a este medio, al archivarse la denuncia la ministra de Defensa, Margarita Robles, cesó a los dos presuntos acosadores de Cebollero, el coronel delegado en Aragón, Félix Allo Flores, y el teniente coronel, Rafael Fernández Sisniega, en 2019.
No obstante, “los cesados seguían viniendo por el Cuartel y el Jefe del Acuartelamiento, cuando yo iba a su despacho a darle novedades del servicio de guardia, me echaba la culpa del cese de sus amigos y me ‘recordaba’ que uno de ellos era compañero de promoción”.
Cebollero denuncia que mientras daba parte a la UPA –Unidad de Protección frente al Acoso– también lo hacía al Asesor Jurídico General de la Defensa, y más vías recurribles, pero todos hacían “la vista gorda”.
La denunciante, además, denunció que se había entregado su confidencialidad, según la resolución del Subsecretario de Defensa de Margarita Robles el 1 de febrero de 2019 quien, en contra de lo ya resuelto en este caso por su predecesor, Arturo Romaní, resolvió que era lícito identificar a la denunciante ante sus acosadores antes de iniciar procedimiento contra ellos. “Además, las represalias por denunciar el acoso, prohibidas por el artículo 9 de la Ley de Igualdad, fue violado cuando mis presuntos acosadores utilizaron mi denuncia y me identidad para imputarme ante la Justicia Penal Militar por haberles denunciado administrativamente un año antes”.
Explica que, ante el silencio por parte de Defensa -este medio ha tratado de conocer la versión del ministerio liderado por Margarita Robles sin éxito- acudió al Ministerio de Igualdad mientras estaba de baja médica por temporal ante el “hostigamiento continuo” que sufría por parte de los miembros de la unidad.
Cebollero cruzó varios correos electrónicos con el Ministerio de Igualdad, pero afirma que le decían que denunciara en Defensa. Cuando les contestó que ese Ministerio, “responsable de velar por la intimidad, confidencialidad e indemnidad frente a represalias de la mujer militar”, avalaba el hecho de que se entregara la identidad de la denunciante “a unos acosadores a los que nunca se quiso abrir expediente sancionador”, le indicaron que les mandara a ellos toda la documentación oficial y el texto de mi denuncia. El 3 de marzo de 2020 les envió todo.
Afirma que su “perplejidad” se produjo cuando vio que la resolución de esa denuncia ante el Ministerio de Igualdad la firmaba la Ministra Margarita Robles a fecha de 14 de julio de 2020. “La Directora del IMIO (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades), el 19 de mayo de 2020 remitió mi denuncia al Ministerio de Defensa, y se quitó de en medio el asunto”.
Sabía el Ministerio de Igualdad que el Ministerio de Defensa no estaba cumpliendo con la Ley de Igualdad y los derechos de la mujer militar denunciante, pero dejó la resolución administrativa en manos de quien violaba la legalidad”, lamenta Cebollero.
Artículo14 ha intentado ponerse en contacto con el actual Ministerio de Igualdad para saber si han recibido más quejas por parte de algún miembro de las Fuerzas Armadas y conocer su opinión al respecto, informa Diana Valdecantos, pero no han respondido.
Sí lo ha hecho el anterior equipo de Igualdad que lideraba Irene Montero. Según estas fuentes, “este tipo de quejas no se dirigen a la ministra ni a su gabinete, sino que las recoge el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, que tiene entre sus funciones la de recibir y canalizar en el orden administrativo las quejas formuladas en casos concretos de discriminación de hecho o de derecho por razón de sexo”.
Las mismas fuentes aseguran que “no se recibió ninguna información sobre violencia contra la mujer en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género” y añaden que “el Instituto de las Mujeres le dio respuesta como a decenas de quejas que recibe dicho organismo, cuya competencia es más orientar en la interposición de las quejas que la resolución de las mismas”.
Insisten en que el Instituto de las Mujeres no es competente para la resolución de las quejas y que es importante señalar que la Ley de igualdad “es una ley orgánica que obliga a todas las administraciones, pero no establece un sistema paralelo de garantías”
“En nuestro país la Ley de igualdad se debe cumplir por todas las administraciones, a través de la ley de procedimiento administrativo y en su caso por la vía judicial. El Ministerio de Igualdad impulsa las leyes y las políticas públicas de igualdad para que sea aplicada por todos los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias (el Ejército, la Inspección de trabajo, etc).
Del mismo modo aseguran que en la Ley del solo sí es sí “se aunó toda la violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual, en el deber de protección integral de las Administraciones Públicas, y esta ley ha reforzado la obligación de prevención, detección y respuesta a la violencia sexual, también en el ámbito castrense”.