La clave ya no está solo en reaccionar cuando la violencia ha estallado, sino en verla antes de que debute. En España, pese a años de políticas y campañas, seguimos teniendo un sistema que no detecta lo suficiente, ni a tiempo, los indicios que anuncian la agresión. La detección temprana de la violencia machista se revela como el eslabón débil: sin ella, el resto: la protección, la sanción y la recuperación, se construye sobre un terreno inestable.
Según los últimos informes del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en 2023 se contabilizaron cerca de 180.000 mujeres víctimas registradas en procedimientos judiciales por violencia de género. Y aunque los datos oficiales reflejan esta cifra, se estima que apenas el 10% de los casos reales son denunciados o reconocidos formalmente, lo que significa que alrededor del 90 % de las agresiones nunca llegan a detectarse por el sistema.
En ese contexto, voces expertas alzan la alerta. La presidenta de MUM (Mujeres Unidas contra el Maltrato), Carmen Benito, señala que “la detección de un posible caso de violencia de género suele basarse en señales de alerta, entrevistas de valoración y observación del contexto, siempre con un enfoque de seguridad y respeto”. Esa labor cotidiana es imprescindible, pero sin apoyos institucionales sólidos, muchas de esas señales quedan sin respuesta.
La detección precoz implica mucho más que esperar a la denuncia formal o al primer episodio violento. Benito resume los tres frentes clave: formar a los profesionales para reconocer comportamientos de control, aislamiento o celos extremos; crear canales seguros para que las víctimas o testigos hablen sin miedo; y extender esa detección al entorno comunitario y educativo.
Por su parte, el médico forense Miguel Lorente advierte que muchas veces el sistema simplemente no reconoce lo que es evidente: “La violencia de género no es invisible, pero sí es cierto que se acompaña de una ceguera social que impide verla con claridad”. Esa “ceguera” se traduce en la falta de preguntas concretas, en la ausencia de protocolos específicos o en el hecho de que síntomas recurrentes de salud no se vinculen con abuso.
Lorente explica que el patrón típico de esta violencia es “una situación mantenida en el tiempo que utiliza no sólo la fuerza física, sino también la posición de poder, la capacidad de intimidar, de amenazar, de coaccionar”. Eso hace que las víctimas acudan a los servicios de salud con síntomas muy diversos, pero sin que se les ofrezca la pregunta clave: “¿Te sientes controlada en tu relación?”.
El Observatorio refuerza esta realidad con cifras que estremece: en promedio, de todas las denuncias presentadas por violencia de género, solo alrededor del 22 % acaban en sentencia condenatoria. Esa brecha entre lo detectado y lo sancionado es otro síntoma de que el sistema no reconoce todo lo que debería.
La detección no es tarea exclusiva del ámbito judicial o policial: la comunidad educativa y el entorno social también tienen una función crítica. Benito insiste en ello: “La educación emocional desde edades tempranas es lo más fundamental”. Enseñar a jóvenes a identificar y expresar sus emociones sin violencia, a gestionar la frustración, a entender que la vulnerabilidad no es debilidad, o a distinguir qué es una relación sana, implica que posiblemente habrá menos silencios, menos víctimas que jamás fueron vistas.
Y es que no solo las mujeres adultas sufren. Lorente alerta de que en España hay “1.700.000 niños, niñas y adolescentes viviendo en hogares donde el padre maltrata sistemáticamente a la madre”. Esa cifra permite anticipar que los signos de riesgo no sólo ocurren, sino que se réplica en contextos familiares, con lo cual la detección temprana en la escuela puede evitar generaciones de víctimas. Si esos menores presentan aislamiento, bajo rendimiento, uso de sustancias o conductas agresivas, el sistema educativo tiene que saber que esos pueden ser signos de violencia en el hogar.
Detectar no es suficiente si luego no se actúa con rapidez y coordinación. Benito lo expresa con claridad cuando plantea: “No basta con preguntar por problemas de familia, sino que hay que identificar qué tipo de problemas de familia existen”. Esa diferenciación es clave para que la intervención no quede en una mera ficha o derivación sin seguimiento.
Lorente añade: “Uno de los elementos que más limitan las actuaciones profesionales son aquellos que se perciben como con inseguridad en las medidas a adoptar una vez que has identificado el caso”. Detectar implica saber qué hacer después: protocolos claros, canales de derivación y responsabilidad compartida entre sanidad, educación, servicios sociales, cuerpos policiales y órganos judiciales.
Desde el Observatorio se subraya que, aunque los datos oficiales son imprescindibles, existe un volumen desconocido de violencia que no llega a registrarse. Esa “zona oscura” hace urgente mejorar los sistemas de detección para que una mayor proporción de agresiones salgan del silencio. Es necesario que el sistema tenga ojos, oídos y nervios para actuar en la fase previa al daño irreparable.
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