En España, 65 niñas y niños han sido asesinados desde 2013 en contextos de violencia de género vicaria. No fueron víctimas invisibles ni colaterales: fueron niñas y niños usados como armas por hombres que quisieron provocar el máximo dolor a sus madres. Criaturas objeto de su ansia de hacer sufrir. Criaturas que ya eran víctimas cuando convivían en “familia”. Y, sin embargo, la maquinaria institucional que debía protegerlos llegó tarde.
Cada caso lleva consigo el eco de una misma pregunta: ¿cómo es posible que, existiendo leyes, protocolos y advertencias, el Estado no lograra impedir lo que era previsible? La respuesta es incómoda: porque las leyes se incumplen, porque los juzgados no escuchan a la infancia y porque aún existe una cultura judicial e institucional que prioriza el “derecho del padre” por encima del derecho de un niño a vivir. Un anteproyecto que llega con el sabor amargo de las que ven como sus hijas e hijos son muertos en vida.
El Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas contra la violencia de género vicaria busca corregir esas fallas. Lo celebramos. Por primera vez, define legalmente esta forma de violencia como lo que es: una expresión de la violencia de género, ejercida contra las hijas e hijos de las mujeres para dañarlas a ellas.
El texto propone cambios relevantes:
• El Código Civil obligará a escuchar siempre a los niños y niñas y prohibirá las visitas con padres violentos, salvo resolución judicial muy motivada.
• El Código Penal incluirá un artículo específico que tipifique la violencia de género vicaria como delito autónomo.
• La Ley Integral contra la Violencia de Género (1/2004) y la Ley de Protección Jurídica del Menor reconocerán expresamente a los hijos e hijas de mujeres maltratadas como víctimas plenas, no como testigos pasivos.
• El Estatuto de la Víctima reforzará las garantías de las declaraciones infantiles, evitando que sean revictimizados.
Se trata de un paso importante, pero llega tras años de advertencias internacionales y tras demasiadas vidas segadas.
La voz de los organismos internacionales:
España ha sido reiteradamente señalada por organismos internacionales.
• El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en 2023, pidió al Estado español que garantice que los niños y niñas sean siempre escuchados en procesos judiciales y administrativos, y que su interés superior prevalezca sobre cualquier otro, incluido el del progenitor agresor.
• El Convenio de Estambul establece de forma clara que la custodia y las visitas no deben poner en riesgo ni a la víctima ni a sus hijos, reconociendo a la infancia como víctimas directas de la violencia de género.
• La CEDAW (Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) recordó que la violencia de género es una violación de derechos humanos y que los Estados tienen la obligación de prevenirla, sancionarla y repararla.
España ratificó todos estos instrumentos. Pero ratificar no significa cumplir. No se entiende como existen grupos políticos que niegan lo innegable, y otros que ponen piedras en el camino. Fijémonos en lo que ha costado llegar a un consenso y llagar al Pacto de Estado.
Lo que dicen las madres:
Las mujeres supervivientes lo repiten una y otra vez:
• “No nos ven como una familia víctima, nos tratan como si cada uno fuera un caso aparte”.
• “El sistema protege más los derechos del agresor que la vida de mis hijos”.
• “Tememos que la ley quede en papel mojado, como tantas otras”.
El miedo de las madres no es paranoia: en 2023, el propio Consejo General del Poder Judicial admitía que aún se concedían visitas a hombres investigados por violencia machista. Y la historia está llena de ejemplos: niñas y niños asesinados durante visitas impuestas por resoluciones judiciales que ignoraron el riesgo. Pero también criaturas sin cuidados básico y fundamentales, sin cariño, oyendo ofensas contra sus mamás.
La contradicción legal:
La Ley Orgánica 8/2015 ya había reconocido a los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género como víctimas plenas. Sin embargo, en la práctica, el Estado no los protege con la misma contundencia.
Esta contradicción genera una profunda sensación de desamparo: la ley reconoce derechos que luego se convierten en letra muerta en los juzgados. Una paradoja cruel: las víctimas saben que la norma las respalda, pero la justicia y otras instituciones las abandona, y las machaca
Lo que falta por hacer:
El anteproyecto es un punto de partida, pero no un destino. Para que tenga impacto real, necesita ir acompañado de medidas complementarias:
1. Suspensión automática de visitas y custodias en cuanto haya violencia de género acreditada.
2. Reconocimiento real de la unidad familiar víctima: madre y criaturas inseparables en la protección.
3. Equipos especializados en trauma infantil con perspectiva de género en todos los juzgados de familia y violencia de género.
4. Atención psicológica feminista gratuita y prolongada para niñas y niños que han sufrido violencia de género
5. Campañas educativas y mediáticas que visibilicen a las niñas y niños como víctimas plenas, no como daños colaterales.
6. Creación de un registro nacional de violencia de género vicaria, con datos detallados que permitan diseñar políticas basadas en la evidencia.
7. Supervisión internacional, para garantizar que España cumple lo que firma ante Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
El compromiso que aún falta
La violencia de género vicaria no es un error del destino: es una estrategia de los agresores y un síntoma de un Estado que no actúa a tiempo. Cada caso es también un fracaso colectivo.
El anteproyecto ofrece la oportunidad de cambiar esa historia, pero la experiencia obliga a la prudencia. No bastan leyes en el BOE. Se necesitan recursos, formación y voluntad política para que las resoluciones judiciales no vuelvan a convertirse en sentencias de muerte para niñas y niños.
Mi posición
No hay neutralidad posible: o se protege a las víctimas o se protege a los agresores. Y en demasiadas ocasiones, demasiadas instituciones han optado por lo segundo.
Quiero decirlo con claridad: una madre y sus hijos son una sola unidad familiar víctima. Separarlos en la protección y en las actuaciones es condenarlos al riesgo físico y mental. Escuchar a los niños sin tener en cuenta su voz es revictimizarlos. Proteger a un padre violento en nombre de su “derecho a ser padre” es negar la violencia de género
España se juega mucho más que su imagen internacional. Se juega la vida de quienes no pueden defenderse por sí mismos.
Y ya no hay tiempo para más excusas ni más silencios. La violencia de género vicaria ha mostrado, con brutalidad, que cuando el Estado falla, las consecuencias son irreparables.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.