El 11 de noviembre de 2025, el Ministerio de Igualdad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado activaron el protocolo de protección ante una nueva incidencia del sistema Cometa. Según el comunicado, el fallo técnico se originó en un enrutador que distribuye mensajes en función del tipo de alerta, provocando que aproximadamente el 10 % de los avisos generados presentara errores. Pese a que el «botón del pánico», las alertas por proximidad y las líneas de recepción/emisión de llamadas continuaron operativas, la falla ha vuelto a poner de relieve la urgencia de examinar este sistema desde la perspectiva de quienes están en primera línea: las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual.
¿Por qué la evaluación desde la víctima es más que una formalidad?
El sistema Cometa se ha diseñado (2009) como una herramienta de contención y protección: pulseras electrónicas, alertas automáticas, monitorización de medidas de alejamiento. Pero la tecnología, por avanzada que sea, no puede garantizar por sí sola la seguridad. Y cuando una incidencia técnica —como las registradas en 2024 y 2025— aparece, queda claramente expuesta la fragilidad institucional que subyace bajo la promesa de protección.
Una evaluación centrada en la víctima implica reconocer que la seguridad no se construye solo con hardware. Implica considerar cómo viven las mujeres el sistema, qué temores persisten, cómo se sienten notificadas, apoyadas y acompañadas. Cuando se leen testimonios de usuarias —por ejemplo, “el aparato pita, pero yo sigo sin dormir”— se hace evidente que el sensor tecnológico no sustituye el cuerpo humano que cuida, escucha y actúa.
Incidencias que lo demuestran: En 2024, con la migración del proveedor técnico del sistema, se produjo un fallo que impidió el acceso al histórico de movimientos previo al 20 de marzo. Esto tuvo implicaciones procesales: se reportaron sobreseimientos y absoluciones por falta de prueba objetiva. Esta crisis pone en evidencia que el sistema no solo falla en su misión protectora, sino que cuando sale mal también debilita la respuesta judicial.
En septiembre de 2025, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aseguró que había alertado sobre problemas del sistema, lo que generó una disputa institucional sobre quién informó a quién y si se actuó con la debida diligencia. Si la gobernanza no acompaña cada pulsera con un acompañamiento profesional, un protocolo claro y un respaldo procesal, la tecnología queda incompleta.
Y el episodio del 11 de noviembre vuelve a mostrar un riesgo recurrente: un fallo técnico, en este caso el enrutador, que genera una sobrecarga del 10 % de los mensajes —vehículo de alerta para las víctimas— y que obliga a activar manualmente el plan de contingencia. En estos instantes críticos, las mujeres en riesgo no pueden esperar. Pero, ¿qué dijeron ellas en ese momento? ¿Fueron informadas claramente? ¿Recibieron apoyo adicional? ¿Se sintieron contenidas?
Perspectiva de víctimas y dimensiones para evaluar:
Para que la evaluación tenga sentido real, debe incorporar dimensiones específicas desde la experiencia de la usuaria:
Percepción de seguridad
¿La mujer se siente más segura desde que lleva la pulsera? ¿Se alivian sus temores o persisten los “qué pasaría si…”? ¿La incidencia técnica genera un retroceso en su sensación de protección?
Accesibilidad y claridad del servicio de emergencia
¿El botón del pánico, la línea de llamadas, la alerta de proximidad funcionan como espera la usuaria? ¿Cómo vivió la última incidencia? ¿Se le explicó qué ocurrió? ¿Se le ofreció contacto de apoyo psicológico o jurídico?
Comunicación institucional y transparencia
¿Fue informada la víctima sobre la incidencia? ¿Se le ofreció explicación, disculpa, apoyo extra? ¿Hubo un protocolo de acompañamiento especial? ¿Se ha tomado en cuenta su voz para reformar el sistema?
Integración con atención humana
¿La pulsera es un complemento de un equipo humano: policía, psicólogas, trabajadoras sociales? ¿O es un parche tecnológico que sustituye lo que no se ha reforzado? ¿La incidencia implicó movilización de ese equipo?
Proceso judicial y capacidad de respuesta
¿El dispositivo ha aportado prueba útil en caso de quebrantamiento? ¿Las incidencias han minado esa confianza? ¿Qué pasó cuando no hubo registro suficiente o cuando los datos se perdieron?
Por qué importa y cuáles son las consecuencias reales
Cuando una víctima siente que el dispositivo “no sirve”, el riesgo se triplica: pierde confianza en el sistema, puede dejar de llevar la pulsera o no accionar el botón del pánico; se aísla más. Si el sistema tiene fallos y no se evalúa desde la víctima, se vuelve una promesa vacía.
Además, las consecuencias van más allá de la protección personal: influyen en el entramado de justicia. Un fallo de trazabilidad, un histórico perdido, una indicación técnica neumática que no funciona pueden derivar en nuevas victimizaciones.
Finalmente, la evaluación participativa es esencial desde un enfoque feminista: implica que las mujeres sean sujetas y no solo objetos de protección, que tengan voz, estén informadas y puedan opinar sobre el sistema que las interpone ante el agresor. Porque la tecnología no es neutral; reproduce lógicas de control, presencia, vigilancia. Si no se integra con sensatez, puede re-victimizar.
Hacia una evaluación integral: Para avanzar, se plantea un protocolo de evaluación que incluya:
• Cuestionarios cualitativos y cuantitativos dirigidos a las usuarias: ¿Cómo vivieron la última incidencia? ¿Qué sintieron? ¿Qué cambiarían?
• Sesiones de co-diseño con víctimas: ¿Qué necesidades no cubre la tecnología? ¿Cuál es su propuesta para que la pulsera tenga respaldo humano inmediato?
• Revisión técnica y de procesos accesible para las víctimas: Publicación de informes de incidencias, uso de lenguaje claro, seguimiento individual.
• Indicadores clave centrados en la usuaria: % de víctimas que se sienten más seguras tras instalación; % de incidencias comunicadas; % de acompañamiento activo después de un fallo; tiempo de restitución de servicio.
• Mecanismo de reparación específico: Cuando hay una incidencia, la víctima recibe no solo reparación técnica, sino un plan de cuidado adicional, sesiones de revisión, apoyo psicológico.
La tecnología telemática como Cometa es un paso imprescindible en la protección de víctimas de violencia, pero no puede ser la línea final del plan de seguridad. Las recientes incidencias deben servir como recordatorio de que la verdadera medida del sistema es la voz de la mujer protegida: si ella no se siente segura, si el dispositivo se convierte en una carga más, el sistema ha fracasado.
Evaluar desde la víctima no es un gesto simbólico: es una estrategia de supervivencia, justicia y reparación. Porque si el sistema falla, la vida de una mujer está en juego. La urgencia no es solo técnica, es humana.
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