Que las mujeres deciden abortar libremente, y que quieren hacerlo en condiciones de seguridad, no es una opinión, es un hecho además de un derecho: solo en 2024 se registraron 106.173 abortos en España. Unos 3.000 más que el año anterior.
De esos 106.173, solo el 5,4% fueron interrupciones del embarazo por un motivo médico: grave riesgo para la vida de la mujer o el feto y por anomalías fetales incompatibles con la vida. El resto de mujeres que interrumpieron su embarazo, el 94,6%, lo hicieron en el margen legal de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
La importancia de la reforma del año 2023
La ley del Aborto, en realidad, se llama “ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. Y en esas dos primeras partes del nombre (“salud sexual y reproductiva”) se esconde el quid de la cuestión: la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) legal es un componente clave de la salud sexual femenina y ayuda a salvar la vida de miles de mujeres. Por es también tan importante que la ley, tal y como está establecida, se cumpla en todas las comunidades autónomas.
En el año 2023 se reformó, precisamente, para mejorar el texto de la primera. Para garantizar su cumplimiento y para que, entre otras cosas, aquellos ginecólogos que deseasen no practicar interrupciones voluntarias del embarazo por una cuestión moral se lo hiciesen saber a las autoridades competentes. Se garantizaría su confidencialidad y las administraciones podrían trabajar en mejorar la estructura organizativa de las consultas ginecológicas en la Sanidad Pública.
No se está cumpliendo con la ley
Sin embargo, a estas alturas del patio, la propia ministra de Sanidad ha afirmado que es “consciente” de que muchas comunidades no están “cumpliendo su parte”. Es decir, la ley. Un hecho del que son plenamente conscientes también en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI): “Quien está incumpliendo la ley es quien está integrando el aborto en la sanidad pública ofreciendo sólo un método. Cantabria, Baleares…pero también Madrid, Aragón y Asturias. Unas porque no cumplen con el registro de objetores exigido, y otras porque se está implantando en las públicas una única técnica para interrumpir el embarazo. Y eso, además no cumplir con lo que exige la ley – que lo que dice es que se informe y de ofrezca a todas las pacientes los métodos existentes para abortar- es engañar, además de desinformar, a las mujeres”.
Mónica García ha afirmado que “el ministerio va a ser contundente para exigir planes claros para dar la vuelta a esta situación” aunque no ha detallado por qué si su cartera es consciente, no se ha actuado antes. Han pasado más de dos años desde la reforma de esa ley.
¿Por qué se está incumpliendo la ley?
Sabemos que ni Madrid, ni Baleares, ni Aragón y ni Asturias cuentan con el registro obligatorio de objetores del aborto. La creación de estas listas es un mandato de la propia reforma del 2023. “Existe una ley orgánica, troncal, que nos obliga a todos, pero su aplicación es en cada una de las comunidades. ¿Quién tiene acceso a ese registro? Exclusivamente los directores de hospitales y los altos cargos sanitarios. ¿Para qué? Para saber cuántos objetores tengo y con qué personal cuento para realizar estas intervenciones”, nos explica José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI.
Sin embargo, como esa competencia es transferida a las comunidades, cada uno, a su cual: “Es la irresponsabilidad de los de siempre. Pero hay más”. Bosch quiere insisitir en el hecho de “aunque en la teoría parece perfecto, en la práctica es un desastre”.
La objeción de conciencia
Explica que la objeción de conciencia en la ley del Aborto “está hecha a la carta”. Es decir, los ginecólogos que quieren hacer uso de la objeción pueden hacerlo en función del método, en función de las semanas, en función de diversos supuestos: “Esto no pasa con los otros dos casos en los que existe la objeción: la eutanasia y el servicio militar cuando aún era obligatorio (hasta 2001, que se abolió)”. Aquí la objeción se responde con un “si o un no”.
En cambio, en la interrupción de embarazo, varía en función de la comunidad: “En Navarra por ejemplo se puede objetar al método, es decir, yo el farmacológico sí lo doy, pero no doy el instrumental. Puedo objetar a las semanas, hasta 14 semanas si lo hago, o de 14 semanas no lo hago, o hago de 22. También se puede objetar a las patologías”. Y esto, para los profesionales de las clínicas de interrupción del embarazo, es un “error”.
“Fomenta la desigualdad”
“La justificación le dieron a hacerlo a la carta es que esto ampliaría el número de médicos que podrían intervenir, porque dando tantas posibilidades, pues los objetores serían menos. Pero en realidad lo que está provocando es que no se pueda garantizar un mínimo de profesionales en la sanidad pública que garanticen, al cien por cien, que practicarán la interrupción del embarazo a cualquier mujer, sin distinción”, detalla.
Tal y como lo ven especialistas en el ámbito, fomenta la desigualdad en el uso de un derecho. Y, además, expone a las mujeres aún más: “Ellas ni siquiera conocen si el médico que las va a atender en la pública es o no objetor. Asique se pueden encontrar con ginecólogo que esté en contra del IVE y ni si quiera saberlo. Y muchos, por propia experiencia, tienden n a manipular a las mujeres que acuden o si quiera las ofrecen la información detallada y obligatoria que deben conocer”.
La falta de transparencia y la no-formación de especialistas
Francisca García, presidenta de ACAI y ginecóloga con más de 30 años de experiencia en interrupciones voluntarias del embarazo, explica que también se está incumpliendo la ley respecto a la oferta de técnicas instrumentales: “Lo que está pasando en la pública es que, en muchas comunidades autónomas – como en Cantabria o en Baleares- solo se ofrece un tipo de técnica, la farmacológica. Y esto viene de otro incumplimiento más: no se forma a los médicos para luego poder prestar todos los servicios”. Formarlos, nos explica, en otra de las técnicas disponibles y a las que las mujeres deberían poder acceder si lo deseasen: la quirúrgica.
Así se detalla en el artículo 13 de la ley. “Hay que garantizar la autonomía a la mujer que quiere hacer un IVE, para que ella decida qué método es más adecuado para ella. Pero como no forman a ginecólogos especialistas en ello, solo acaban ofreciendo un método”, insiste García. Ese es uno de los motivos por los que muchas mujeres acaban siendo derivadas a centros concertados. Porque en las clínicas especialistas “se garantiza esta autonomía y esa libre decisión para poder utilizar un método u otro”.
El 79% de las interrupciones voluntarias del embarazo, según el ministerio de Sanidad, se siguen realizando en centros privados concertados con la administración.
12 provincias que no garantizan el derecho al aborto
Y esto nos lleva a otro problema: en 12 provincias de España no existen ni centros privados ni centros públicos en los que una mujer pueda abortar voluntariamente. Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Palencia, Soria, Segovia, Zamora y Cáceres.
Asique se ven forzadas a desplazarse a otras provincias o comunidades para poder realizarlo. Y, aunque el IVE en sí no tenga coste para ellas, el desplazamiento no está cubierto por la sanidad pública. Se ven obligadas a pagar, de una u otra forma, para poder hacer uso de un servicio público.
El problema de no saber (ni querer) acompañar
“La interrupción voluntaria del embarazo es una práctica muy estigmatizada en el ámbito sanitario”, asegura García. Ella, que decidió especializarse en el IVE en los años 90 por su “profundo compromiso” con el movimiento feminista, nos cuenta no solo como ella y sus compañeros se sienten señalados dentro de la profesión, sino como eso, repercute en las mujeres que quieren hacer uso de su derecho a elegir.
“El proceso de acompañamiento la mujer entienda y sienta que está en buenas manos. El proceso por el que va a pasar. Hay mucho desconocimiento al respecto, y que un ginecólogo sepa escuchar y prestar el tiempo necesario a las mujeres, es fundamental”, cuenta. Esto supone, entre otras, “apoyara la mujer en la decisión que ha tomado, no juzgarla y acompañar en el sentido de que no sientan que están haciendo algo que está mal”.
El estigma persigue a las mujeres hasta las consultas. “Es muy habitual encontrarse con mujeres que consideran que al interrumpir el embarazo están incumpliendo una norma social, es que debe de ser madre. Por eso es tan importante que no se sienta juzgada, que sienta que su decisión está bien. Y que no pasa nada, porque es su decisión. No la del resto”.
En la pública, este trato, tampoco se da: “Porque entre los pocos médicos que ejercen el IVE y el poco tiempo que tienen o quieren prestar a las pacientes, acaban resolviendo por la vía rápida: pastilla o derivación”. Y esto, al fin y al cabo, no es más que otra forma de violentar a las mujeres y de no querer garantizarlas un derecho adquirido hace ya cuatro décadas.
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