La Historia está llena de excusas que han llevado a la mujer a sufrir numerosas formas de violencia. El rol otorgado a las mujeres, del cuidado de los hijos e hijas y de los mayores dependientes, las ha expulsado en muchas ocasiones de la posibilidad de trabajar y de tomar sus propias decisiones de carácter económico.
Naciones Unidas define la violencia de género contra las mujeres y niñas como el tipo de violencia más generalizada de los derechos humanos en el mundo. Ya en el siglo XIX, nuestra ilustre pensadora Concepción Arenal reconocía esta injusticia expresando que la sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano.
Pero esta idea que podría parecer una obviedad aún se produce en nuestra sociedad de una manera insoportable. En España la autorización del marido era necesaria hace 50 años para abrir una cuenta y en Irán, por ejemplo, se plantean el bloqueo de cuentas bancarias si las mujeres se niegan al uso del velo. La violencia machista no tiene límites. El control económico para anular a las mujeres aparece en forma de control de los gastos, de prohibirles que acepten un puesto de trabajo o que acudan a un centro de formación, hasta la decisión de quien renuncia a un puesto de trabajo para el cuidado de los familiares.
Las razones que se utilizan para controlar la libertad económica de las mujeres son inaceptables y tiene como fin anular la posibilidad de progresar y decidir sobre sus vidas. Los datos aun hoy son demoledores, el 91% de las personas que no buscan empleo por haber decidido cuidar de menores, adultos enfermos o mayores, son mujeres y más del 90% de las reducciones de jornada en nuestro país lo han solicitado mujeres. En muchos de los casos empujado por el argumento de que los salarios de ellas son menores.
La violencia de género se ejerce en diferentes planos; sexual, físico, psicológico y económico. En la mayoría de los casos están estrechamente relacionados, pero la violencia económica afecta a un 11.5% de las mujeres en España, es la tercera más frecuente y aún no está tipificada en el Código Penal. Este tipo de violencia se mantiene, además, aun después de la separación o el divorcio, negándose por ejemplo al pago de manutención de los hijos e hijas. Es una realidad que lejos de revertirse, está aumentando en los últimos años.
La violencia económica ejercida por el cónyuge se agrava con la situación del mercado laboral que sigue otorgando una precariedad mayor a las mujeres. El SMI les afecta mayoritariamente a ellas, el 74% de los contratos parciales los suscriben las mujeres, y en muchos casos esa parcialidad es no deseada. La brecha salarial se traduce en que una mujer cobra de media unos 5000€ al año menos que sus compañeros hombres, lo que supone un 18% de brecha en los salarios que asciende a un 31% cuando hablamos de pensiones.
Existen más elementos que hacen difícil escapar a las mujeres de la violencia económica como por ejemplo las dificultades para acceder a una vivienda, donde las mujeres en todas las franjas de edad registran un número menor de vivienda en propiedad. El alquiler tampoco registra mejores datos, para las mujeres alquilar un piso de 80 metros cuadrados supone gastar el 81% de su salario más frecuente, 20 puntos más que en el caso de los hombres. Y cuando hablamos de paro de larga duración, también nos encontramos a la mujer en peor situación. De cada 100 personas que llevan más de 4 años en el desempleo, 54 son mujeres.
La violencia económica se ha ocultado durante siglos envuelta en falsos argumentos como que las mujeres no son buenas manejando la economía o que por naturaleza son las responsables de los cuidados en casa. Este tipo de violencia enmascara unas consecuencias terribles para la independencia de la mujer. Urge reducir la jornada sin merma salarial que pueda equiparar los salarios de las mujeres que no pueden o no quieren renunciar a su tiempo para conciliar. Es necesario que se eliminen los subsidios parciales para que las personas más vulnerables puedan cobrar la cuantía integra independientemente de que vengan de un contrato parcial o a tiempo completo. Es clave reforzar la formación en las escuelas de este tipo de violencia machista que ataca a las mujeres con el fin de anularlas, también en el plano económico.
Es nuestra obligación como sociedad, fomentar la corresponsabilidad y la equidad en las relaciones familiares que hagan posible la autonomía y la libertad de las mujeres en todos los ámbitos de su vida.