Primera junta de accionistas de Indra bajo la presidencia de Ángel Escribano, cuya ratificación como consejero ejecutivo también forma parte del orden del día. La transformación de Indra en un campeón de defensa será uno de los hitos de la asamblea. Para ello, el primer paso es la adaptación estatutaria de su objeto social para dar cabida a estas nuevas actividades. De esta forma, Indra presentará a sus accionistas una modificación de sus estatutos e incorporará reglamentariamente en su área de actividad la “fabricación de vehículos militares de combate”.
En su estrategia de crecimiento en vehículos militares, además de la compleja fusión con EM&E y del interés por la filial de blindados de Iveco, la compañía también tiene intención de hacerse con la planta de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón (‘El Tallerón) para reconvertirla y fabricar blindados militares en ella después de que General Dynamics rechazase su oferta sobre su fábrica en Trubia (Asturias).
En este sentido, el consejo de administración propondrá a los accionistas que la actividad de la compañía sea “para usos civiles y militares”. Así, en el marco de la tecnología y la ciberseguridad se incorporan nuevas áreas como la investigación, la ingeniería (incluida la robótica), la fabricación, el suministro y la compraventa “de todo tipo” de equipos y plataformas para usos civiles y militares.
Material militar
En esta actualización estatutaria, Indra incluye específicamente entre los códigos que describen su actividad tres vinculados al ámbito militar: el 30.40, referido a los citados vehículos; el 33.18, correspondiente a la reparación de todo tipo de material militar; y el 30.32, relativo a la construcción aeronáutica y espacial militar y su maquinaria, según informa la compañía. Con esta modificación, la compañía ya adapta su marco jurídico a la evolución de su actividad ante el anunciado incremento del presupuesto en defensa y donde se presenta ya como uno de los grandes players.
Además, el Consejo someterá a votación la posibilidad de reducir el plazo de convocatoria de las juntas extraordinarias a 21 días, una medida que otorga mayor flexibilidad a la gobernanza interna de la compañía.
Ratificación del consejo
En el punto correspondiente al nombramiento de nuevos consejeros, Indra presenta ante sus accionistas la ratificación y reelección de Ángel Escribano como consejero ejecutivo por un plazo de tres años, así como su evaluación para el desempeño del cargo de presidente. En este sentido, el informe que la Comisión de Nombramientos destaca que Escribano es, junto a su hermano Javier, “el artífice de la conversión de un pequeño taller de mecanización con tornos manuales en un grupo de referencia en el sector de la Defensa y la Seguridad, tanto a nivel nacional como internacional”.
Esta Comisión refleja la ausencia de conflicto de interés, que ha sido avalada por informes de negocio y jurídicos de Gómez-Acebo & Pombo y Garrigues, y “valora muy positivamente la renuncia voluntaria que, con motivo de su nombramiento en enero de 2025, realizó Ángel Escribano a todos los cargos de administración, representación, institucional o con poder ejecutivo de cualquier clase dentro de EM&E Group”, para dedicarse plenamente al cargo de consejero ejecutivo y presidente de Indra. En este sentido, y desde que fue nombrado, la Comisión destaca “la intensa labor institucional realizada para explicar el rol de Indra en el ecosistema de la Defensa y reivindicar su posicionamiento”.
Resto de consejeros
Indra someterá al escrutinio de sus accionistas, además de la ratificación de Ángel Escribano como presidente de la compañía, la reelección de tres consejeros dominicales: Miguel Sebastián y Antonio Cuevas, en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Jokin Aperribay, por parte de Sapa Placencia, según figura en la convocatoria.
En la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará previsiblemente el 26 de junio en segunda convocatoria, también se votarán los nombramientos como vocales independientes de Josep Oriol Piña y Eva María Fernández Góngora, quienes ocuparán los asientos que dejarán vacantes Francisco Javier García y el todavía director general de Minsait –la filial tecnológica del grupo–, Luis Abril. Los contratos de Abril y García como consejeros de Indra expiran a finales de junio de este año, si bien el primero ha presentado su dimisión del máximo órgano de decisión de la compañía –del cual saldrá a finales de junio– y abandonará la dirección de Minsait el próximo 30 de septiembre, mientras que el segundo deja su asiento a petición propia.
Paridad en el consejo
Además de la modificación estatutaria, Indra también propone una modificación del Reglamento del Consejo, así como de la Política de Remuneraciones de sus miembros. En este sentido, las reglas actualizadas del órgano de gobierno también se adaptan a la Ley de Paridad, previendo la presencia equilibrada de mujeres. Con la incorporación de Eva María Fernández, Indra roza esta exigencia con un 37% de presencia femenina.
Tras la creación en octubre de 2024 de una Comisión de Retribuciones, independiente de la Comisión de Nombramientos y Buen Gobierno, se ajustan las competencias de cada una de ellas. En la junta de accionistas de finales de junio también se votará la política de remuneración al Consejo, la aprobación de las cuentas de la compañía correspondientes a 2024, así como la aplicación del resultado del pasado ejercicio y la consiguiente distribución de un dividendo en efectivo de 0,25 euros brutos por acción, con cargo a los beneficios del ejercicio 2024, a abonar el día 10 de julio de 2025.
Otros puntos
En el orden del día también se propone la reelección de Deloitte como auditor de las cuentas de la sociedad para este año y el nombramiento de PricewaterhouseCoopers (PwC) para realizar esa tarea en los ejercicios de 2026, 2027 y 2028, entre otros asuntos.
Los accionistas disponen de cinco días desde la publicación de la convocatoria para presentar propuestas complementarias al orden del día, así como para solicitar aclaraciones o ejercer su derecho de información previa, conforme a la Ley de Sociedades de Capital.