El mundo de los criptoactivos sigue creciendo con rapidez, aunque estos productos guardan cierto recelo entre las entidades europeas de supervisión financiera. Según un informe publicado por el Banco de España (BdE), las autoridades comunitarias de Valores y Mercados (ESMA), de Seguros y Pensiones Ocupacionales (EIOPA) y Bancaria (EBA), estos vehículos de inversión “exponen al cliente a mayores riesgos y ofrecen una protección limitada o nula“.
Aunque el Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA) regula estos instrumentos, el documento alerta de que “la mayoría de ellos suelen ser muy volátiles y conllevan riesgos elevados”. Lo que los hace “poco adecuados para los consumidores como medio de inversión, pago o intercambio”, según reza el escrito. Las amenaza de estos productos es “especialmente relevante” cuando las empresas emisoras de los mismos están asentadas fuera de la Unión Europea (UE) o del abanico de proveedores regulados por MiCA.
130.000 hogares
Bruselas define el término criptoactivo como “la representación digital de un valor o un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante el uso de tecnología de registro distribuido o similar”. Pese a su popularización en América, y especialmente en Estados Unidos, en España su uso sigue siendo muy discreto. Según cifras del BdE, apenas un 4,8% de los ciudadanos invierte en este tipo de activos. Lo que sitúa al país entre los que menos participación tienen en la UE, solo por delante de Francia e Italia.
Al mismo tiempo, la inversión en criptomonedas representa una fracción muy pequeña de los patrimonios familiares. Para aproximadamente el 80% de los hogares que posee monedas digitales, estas constituyen menos del 10% de su cartera de inversión, tal y como recoge el informe. Sin embargo, el Banco de España advierte de que existen unos 130.000 hogares en el país en los que los criptoactivos -como Bitcoin, Ethereum o Solana, entre otros- suponen una parte significativa del patrimonio financiero de las familias.
Entre los principales peligros que la ESMA, EBA y EIOPA identifican, se incluyen las fluctuaciones extremas de precios. “El valor de la mayoría de ellos puede subir y bajar rápidamente en cortos períodos de tiempo. Por lo que el inversor puede perder buena parte del dinero invertido o incluso todo en cuestión de minutos”, alertan las autoridades. Asimismo, el informe señala que los mercados de criptoactivos pueden sufrir restricciones de liquidez, ya que la falta de fondos “podría limitar la capacidad de venta al precio o en el momento deseado“.
Riesgos de fraude
El documento también subraya los riesgos de fraude. Para los supervisores algunos de estos valores digitales se promocionan de manera “agresiva”, y utilizan “información confusa, incompleta, inexacta y, en ocasiones, deliberadamente engañosa”. La advertencia se extiende al uso de las redes sociales, donde los influencers pueden “recibir incentivos para publicitar determinados criptoactivos“. La ESMA, EBA y EIOPA suman a esta amenaza el peligro de estafas y ciberataques, en las que los defraudadores emplean “técnicas de phishing” -engañar a alguien para que revele información sensible como contraseñas-, o enlaces maliciosos para apropiarse ilícitamente de los ahorros de los consumidores.
En cuanto a la protección al inversor, MiCA ofrece ciertas garantías, como acceso a información exhaustiva o procedimientos transparentes de tramitación de reclamaciones. Sin embargo, el texto defiende que estos derechos “no son tan amplios como los aplicables a los productos financieros más tradicionales” y que, en caso de invertir con empresas no reguladas, “es posible que no puedas acogerte a ninguna protección o que estés menos protegido que en la UE”.
Moneda de curso legal
Sin embargo, hay países que ya ven su futuro, y presente, en este tipo de activos. El Salvador es uno de ellos. Con el inicio de su estrategia de adopción de criptomonedas en 2021, el país se convirtió en el primer estado del mundo en declarar Bitcoin (BTC) como moneda de curso legal. Pero la medida ha encontrado pocos adeptos entre las organizaciones financieras internacionales.
Cuatro años después el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, puso fin a esta peculiaridad. El Parlamento salvadoreño aprobó en enero de este mismo año una reforma a la Ley Bitcoin que dejó sin efecto el uso de la criptomoneda como divisa oficial de la nación, junto al dólar estadounidense. La enmienda obedece a las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionó la aprobación de un crédito de 1.400 millones de dólares para el país a “mitigar los riesgos del BTC”.
Aunque las inversiones del país en este criptoactivo siguen adelante. Hace apenas una semana Bukele compartió en sus redes sociales los datos actualizados del portfolio de Bitcoin de El Salvador. La cartera de inversión alcanza un valor superior a los 775 millones de dólares, según las cifras publicadas. El país ha invertido, desde el inicio de su estrategia, un total de 300,5 millones de dólares. Por tanto, la ganancia alcanza los 475 millones de dólares y refleja un incremento acumulado del 158,17 %. De repartir el retorno entre la población del país, sobre 6,3 millones de habitantes, cada salvadoreño recibiría alrededor de 75 dólares. No obstante, el beneficio no se ha materializado, ya que el Estado salvadoreño mantiene sus tenencias sin vender los activos.
Stablecoins
Siguiendo la línea de El Salvador, hay quienes desde Europa desafían las advertencias de los supervisores comunitarios. El pasado 9 de octubre Luxemburgo anunció que su Fondo Soberano Intergeneracional (FSIL) asignará el 1% de su cartera a ETFs de Bitcoin, como parte de una política de inversión revisada en julio de 2025 que autoriza hasta un 15% de los activos en inversiones alternativas (incluyendo criptoactivos). La inversión, que supera los 7,5 millones de euros, convierte a Luxemburgo en el primer país de la zona euro en adquirir exposición oficial al BTC mediante instrumentos regulados.
En el otro lado del charco, la administración Trump ya pronostica las criptomonedas como parte del provenir de la política monetaria. El presidente de Estados Unidos firmó en julio de este mismo año la ley conocida como GENIUS Act. El precepto establece un marco regulatorio para las stablecoins -monedas digitales vinculadas al dólar u otros activos líquidos como el oro-. La norma exige a su vez que este tipo de instrumentos esté respaldado por activos solventes, como dinero fiat o bonos del Tesoro, que sus reservas sean divulgadas mensualmente. Además, la medida les otorga legitimidad legal como medio de pago regulado. Aunque no las reconoce como moneda de curso legal.
Ambos movimientos, el de Luxemburgo con el Bitcoin y el de Trump con las stablecoins, reflejan una tendencia global hacia la institucionalización de los criptoactivos. Si bien ofrecen oportunidades de innovación financiera, también plantean retos en seguridad y protección del inversor, como advierten los supervisores europeos. En este contexto, la regulación de las stablecoins podría servir de modelo, o advertencia, dependiendo del grado de cumplimiento de las garantías exigidas.