La patronal de los supermercados, Asedas, ha enviado una carta a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para mostrar su rechazo a la reducción de la jornada laboral. Representan a grandes establecimientos como Mercadona, el mayor empleador de España, Día, Aldi o Ahorra Más con más de 340.000 trabajadores, de los cuáles el 70% son mujeres. Consideran que en un sector con horarios muy amplios donde funciona la negociación colectiva y que la ministra no ha tenido en cuenta a los representantes empresariales para tomar esta decisión. Una medida que, de salir adelante, puede generar, dicen, unos costes de 630 millones de euros para el sector.
Según Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, el Gobierno “pretende hacer una especie de café para todos ignorando la situación particular de los sectores afectados. Cuando la vicepresidenta presentó esta medida, planteó que el comercio y la distribución eran los que más debían reducir porque los convenios vigentes tienen una jornada más amplia que otros sectores. Eso se ha hecho desconociendo cómo funcionan los sectores económicos de nuestro país. No se puede aprobar en estas condiciones. Trabajamos en un formato de proximidad durante un amplio horario de apertura, reponiendo los lineales de los establecimientos y cada convenio recoge los horarios más adecuados, también depende de las zonas, si son rurales o urbanas”, ha dicho en La Sexta.
Anged, la patronal de la distribución, también ha mostrado públicamente su desacuerdo en numerosas ocasiones. Considera que no es posible reducir la jornada sin deteriorar la productividad y recuerda el ejemplo de Francia, que redujo hace 25 años la jornada laboral por ley a 35 horas semanales y la experiencia, dicen, “fue devastadora en términos de productividad para su industria”.
Pero desde los sindicatos no opinan lo mismo y temen que sean las mujeres las más perjudicadas, puesto que copan la parcialidad y los empleos más precarios, sobre todo el de cajera. Ángel Trujillo, responsable de supermercados de la federación estatal de servicios de CC.OO. lo explica. “Hay un 25% de parcialidad, la mayoría no deseada y recae sobre las mujeres. En los supermercados ellas copan además la base de la pirámide, el 80% de las cajeras son mujeres y a medida que avanza la pirámide ellas van desapareciendo”.
El perfil de la cajera es el de una mujer, mayor de 45 años, con estudios bajos. Sus horarios dependen mucho de la empresa. Lo que sorprende a los sindicatos es ver más reacia a la patronal a reducir la jornada que a las propias empresas, “que incluso nos piden que estarían dispuestas para igualar el sector, para que no haya desigualdad entre compañías. Pensamos que es más una cuestión política que poco tiene que ver con la realidad. Bajar a las 37,5 horas no afecta tanto, no hace que sea menos organizado”. Lo que sí afectaría es a la parcialidad porque las empresas tendrían que subirles el sueldo a los empleados que trabajan a tiempo parcial para compensar la reducción de la jornada. Y de nuevo ellas serían las más perjudicadas, en torno al 38% de las cajeras tienen empleos parciales y pasarían a tener mejores salarios.
Pero para eso tendría que aprobarse en el Congreso de los Diputados y los números, por el momento, no cuadran. La patronal de los supermercados va a pedir a todos los grupos parlamentarios que no apoyen la iniciativa e incluso barajan subir los precios de los alimentos para compensar pérdidas. “El sector lleva dando muchos años, desde el Covid y antes, un ejemplo de responsabilidad tratando de que los costes impacten lo menos posible en el consumidor. Pero es indudable que nuevos costes al final impactan en las empresas, en los precios de los productos que comercializan, no es el momento de añadir nuevos costes, pero por mucha responsabilidad que tienen los empresarios, estas medidas no son neutras ni son gratis. Pedimos diálogo para analizar cada uno de los sectores, que se nos permita pactar estas condiciones sin injerencias del Gobierno. Esto no es café para todos”, insiste el director general de Asedas, que espera que la medida se desvanezca en el Congreso.