Tras el apagón del 28 de abril, más de la mitad de la población coincidía en la necesidad de invertir más en infraestructuras críticas y modernizar la red eléctrica como medidas de prevención básicas para evitar un suceso similar. El Gobierno respondió con el Real Decreto-ley 7/2025 (conocido coloquialmente como RDL antiapagones), un conjunto de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico. El objetivo -como anunció entonces Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica- lograr “un sistema más robusto y más solvente, que se traducirá en beneficios como son facturas más estables, más previsibles para consumidores, para ciudadanos, para autónomos, para pymes y para la industria”. Sin embargo, el fracaso del Ejecutivo al intentar convalidarlo posteriormente en el Congreso de los Diputados dejó al sistema en el punto de partida.
Es poco probable que los ciudadanos hayan sido conscientes del riesgo que ha vivido el sistema en las dos últimas semanas. A finales de septiembre, en una situación de baja demanda equiparable a la de pasada primavera, la red volvió a registrar “variaciones bruscas de tensión”. Ante las dificultades de Red Eléctrica para estabilizar el sistema, pese a operar en modo reforzado con un elevado número de grupos convencionales conectados, el Operador requirió el 7 de octubre a la CNMC -el supervisor- nuevas medidas urgentes.
Operación súper reforzada
En la práctica, esto supondrá llevar el sistema a una gestión súper reforzada. De esta forma, las energías síncronas (nucleares, centrales de gas y carbón e hidráulicas) deberán estar totalmente disponibles. Según informó Expansión, cerca de 200 centrales quedarán ‘intervenidas’ para responder de forma inmediata si así se requiere. Las eléctricas y otros agentes tienen hasta el próximo 15 de octubre para presentar sus alegaciones.
Además, desde el pasado 1 de octubre, Red Eléctrica, con el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha modificado la forma de entrada en el sistema de las plantas fotovoltaicas y eólicas. Ambas son dos fuentes de generación de respuesta muy rápida, que pueden entrar en avalancha, lo que dificulta la estabilidad de la red. Por eso, se ha optado por una incorporación gradual, extendiendo el tiempo de acoplamiento de dos a quince minutos.
Menor competitividad de las renovables
En el mercado esta ampliación de los tiempos de entrada restará competitividad a las energías renovables. Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía, explica a Artículo14 que con esta fórmula las tecnologías verdes tendrán menos participación en los servicios de ajuste. La jornada previa, REE realiza un proceso de casación entre la generación prevista y la demanda. Sin embargo, durante el día conforme a la demanda y la oferta real, el Operador efectúa servicios de ajustes para equilibrarlas.
En este mercado dinámico, las renovables tenían a su favor poder entrar rápidamente en el mercado, frente a las energías estables con un mayor tiempo de incorporación. Ahora esa ventaja se pierde. Como señaló la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), supone “expulsar” a estas instalaciones de este mercado.
Suben los precios de los servicios de ajuste
Tras el apagón, este modo reforzado se reflejó en el precio de los servicios de ajuste del mes de mayo. Entonces alcanzaron su máximo histórico, al situarse en 26,20€/MWh. Durante junio y julio, meses con una fuerte demanda -en julio la media de consumo se disparó hasta los 29.987 MWh, un 23,91% más que en mayo- el coste de estos servicios fue de 15,45€/MWh de media. En agosto, descendieron hasta 13,60€, y el mes pasado repuntaron un 27%, hasta los 17,30€. En lo que va de año, el incremento medio es del 42,29%.
“Los ciclos combinados (CCG) mantienen su avance y están conteniendo el crecimiento de la generación renovable”, indica el Grupo ASE en su último informe mensual sobre el mercado energético. En lo que va de 2025, la producción con gas ha aumentado un 33%, con un repunte especialmente notable a partir de abril. Según esta consultora, “REE parece haber establecido un mínimo del 8% de generación con CCG para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico”. Este funcionamiento implica, en la práctica, una limitación adicional para las renovables, cuya aportación al mix se mantiene en torno al 60%, de acuerdo con las estimaciones del propio Grupo ASE.
¿Qué pasa con la factura de la luz?
Desde el apagón, el modo seguro de REE (mayor conexión de grupos convencionales) ha supuesto un sobrecoste de 13,68 euros de media en la factura de la luz, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Sus cálculos elevan a 14,31 euros más la factura media de los hogares con tarifa regulada -el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)-. Para aquellos en el mercado libre, la subida es de 13,06 euros, y se está trasladando a los usuarios a medida que vencen sus contratos.
Esta nueva operación súper reforzada supondrá una nueva subida de los precios de la luz. Para la OCU, si prosigue esta tendencia, el sobrecoste en las facturas anuales con PVPC alcanzaría los 28,62 euros, y los 26,12 euros en las del mercado libre. Antonio Aceituno no duda de que habrá un impacto en la factura de la luz, aunque no se atreve a cuantificar su importe. En este sentido, recuerda la subida acumulada en los servicios de casación es del 42% en comparación con el mismo periodo de 2024.
Medidas temporales bajo la lupa de la CNMC
La confirmación de que estas medidas afectarán al mercado está en las salvaguardas que ha puesto el supervisor. En su resolución, la propia CNMC reconoce que las medidas solicitadas por REE podrían tener un impacto significativo sobre los servicios de balance, restricciones y control de tensión así como en las posibilidades de negociación de las instalaciones de producción en todos los mercados. “En concreto, el endurecimiento de las condiciones de prestación de los servicios podría resultar en una reducción de la oferta y, con ella, de la competitividad en los mercados, y/o resultar en un incremento del coste soportado por la demanda”, detalla.
Por eso, el organismo que preside Cani Fernández ha previsto que este mecanismo de refuerzo adicional del sistema tenga carácter temporal, con una duración inicial de 30 días naturales, prorrogable -a petición del Operador- por periodos adicionales de hasta quince días. El reto anunciado por Sara Aagesen tras el apagón, una factura “más estable y más previsibles para consumidores”, queda por ahora pendiente.