El juicio contra Marius Borg, de 29 años, hijo de la princesa heredera Mette-Marit e hijastro del príncipe heredero Haakon, continúa esta semana en el Tribunal de Distrito de Oslo en un tramo especialmente sensible, el de los cargos por delitos sexuales y la disputa sobre la validez e interpretación de las pruebas tecnológicas. Borg se enfrenta a 38 acusaciones, entre ellas cuatro cargos de violación, y se ha declarado no culpable de los más graves.
La sesión de ayer llegó con la atención puesta en el testimonio de una segunda denunciante, que, según el testimonio de este martes, relató ante el tribunal que fue agredida sexualmente mientras dormía tras un encuentro que comenzó de forma consentida. La acusación sitúa el episodio en octubre de 2023, después de una fiesta durante una visita del acusado a las islas Lofoten, y sostiene que existen elementos objetivos para apuntalar esa versión.
En el centro del caso vuelve a aparecer la evidencia digital. La Fiscalía afirma que cuenta con un vídeo corto presuntamente grabado con el teléfono de Borg y, además, con datos de un dispositivo de monitorización de actividad de la denunciante para sostener que no estaba consciente en el momento determinante. La defensa, por su parte, insiste en que hubo consentimiento y cuestiona que esos indicios permitan concluir, por sí solos, el estado real de la denunciante y la intencionalidad del acusado.
El proceso ya venía marcado por el choque entre relato y material audiovisual. En los primeros días, Borg negó que los vídeos encontrados en su teléfono mostraran actos no consentidos y llegó a declarar entre lágrimas que la exposición pública desde la infancia influyó en su conducta. En otra de las sesiones rechazó haber drogado a una denunciante y dijo no recordar con claridad si hubo consentimiento (un episodio de 2018), mientras la Fiscalía le preguntaba por búsquedas y términos localizados en su móvil.
Más allá del tribunal, la causa se ha convertido en un problema político y reputacional para la monarquía noruega, aunque Borg no tiene título ni funciones oficiales. La atención internacional se ha intensificado por la coincidencia temporal con el retorno del debate sobre los vínculos pasados de Mette-Marit con Jeffrey Epstein y por la manera en que el caso tensiona el clima social en torno a la institución. Incluso la Casa Real ha tomado medidas de contención en redes sociales ante la avalancha de comentarios.
El calendario también añade presión. El juicio está programado hasta el 19 de marzo, lo que anticipa semanas de declaraciones cruzadas, peritajes y discusión sobre la cadena de custodia y el valor probatorio de vídeos, fotos, metadatos y registros biométricos. Con el foco puesto en la credibilidad y la evidencia técnica, la vista de ayer abre un tramo en el que cada detalle -lo que se recuerda, lo que se grabó y lo que registraron los dispositivos- puede inclinar el sentido del caso.