El último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela revela torturas sexuales, persecuciones políticas, asesinatos y detenciones arbitrarias contra mujeres, niñas y ciudadanos españoles tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Se acusa al régimen venezolano de usar la violencia sexual como arma política. España guarda silencio oficial mientras al menos 14 españoles permanecen presos de manera arbitraria.
En Ginebra, durante la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela no solo documentó detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas con una impronta de represión política, sino que detalló con especial crudeza cómo mujeres y niñas han sido blanco de violencia sexual. Entre los detenidos figuran ciudadanos españoles y dobles nacionales, lo que implica una responsabilidad urgente del gobierno de España, que hasta el momento se ha limitado a expresar que se “preocupa”… pero no se ocupa. Se dice en Caracas que esto es “porque no somos gazatíes”.
Feminismo bolivariano
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de la resolución 42/25, en respuesta a las denuncias de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
El mandato de la Misión ha sido renovado varias veces, lo que le ha permitido documentar la situación de los derechos humanos en el país a lo largo de los años; de manera que se han producido varios informes y actualizaciones. El más reciente, que se presentó el 22 de septiembre de 2025 en Ginebra, durante la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cubre el período de septiembre de 2024 a agosto de 2025, y advierte que la violencia sexual y de género se ha consolidado como “herramienta de represión política y social”.
“Se han documentado casos de violencia sexual, incluyendo descargas eléctricas en los genitales de mujeres detenidas, desnudez forzada y sexo forzado como condición para acceder a necesidades básicas durante la detención”, constata el documento. Entre las víctimas hay niñas y adolescentes de entre 15 y 17 años, algunas estudiantes, otras activistas, así como hijas de opositores.
Después del triunfo electoral del opositor Edmundo González Urrutia, con el 70% de los votos, la represión se intensificó, señala el informe. “Tras las elecciones de julio de 2024 se intensificaron las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración y la violencia sexual contra manifestantes, incluidas adolescentes mujeres”. Durante ese período, al menos 25 personas murieron bajo custodia estatal o en operativos de seguridad; algunas víctimas fueron ejecutadas de forma extrajudicial; otras fallecieron por la negativa deliberada de atención médica.
Las detenciones incluyeron 220 menores de edad, entre ellos 22 niñas y decenas de adolescentes mujeres que fueron sometidas a condiciones inhumanas y, en varios casos, a violencia sexual. Además, la Misión documenta cómo el Estado persigue a familiares de disidentes —esposas, hijas, hermanas— usándolas como instrumento de presión, humillación y miedo.
Los españoles detenidos arbitrariamente
El informe y las declaraciones públicas recogen que hay al menos 14 personas con nacionalidad española que España considera detenidas arbitrariamente en Venezuela.
La mayoría de ellas son dobles nacionales, nacidos o residentes en Venezuela, salvo dos ciudadanos del País Vasco, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, ambos vecinos de Bilbao, acusados por el gobierno venezolano de participar en un complot para desestabilizar el país. El régimen los ha señalado como agentes del CNI español, una acusación que España rechaza.
Según cifras oficiales españolas, de los 14 detenidos, cuatro son españoles sin doble nacionalidad, y los otros 10 poseen doble nacionalidad. El Gobierno español ha exigido la liberación de todos los ciudadanos españoles privados de libertad de forma arbitraria en Venezuela y solicitado que se respete la asistencia consular que reconoce la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
Si bien el informe de la ONU y medios españoles han expuesto estos casos, la respuesta del Estado español hasta ahora ha sido decepcionante. En Ginebra, España ha exigido oficialmente la liberación de ciudadanos detenidos arbitrariamente, incluidos sus nacionales y dobles nacionales. También ha denunciado la falta de garantías procesales. Pero más allá de declaraciones, no se han conocido sanciones específicas, ni iniciativas diplomáticas efectivas de presión bilateral ni multilateral en foros internacionales para exigir el respeto a los derechos de estos españoles.
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, pidió al Gobierno venezolano que aclarase la identidad, cargos y paradero de Basoa Valdovinos y Martínez Adasme, pero esas solicitudes han quedado en el aire sin información confirmada por parte de Caracas. Lo mismo que la abogada y activista Rocío San Miguel, con doble nacionalidad, detenida desde el 9 de febrero de 2024.
El silencio se vuelve aún más inquietante si se considera que estos españoles están atrapados en un contexto de tortura sexual, humillaciones, falta de debido proceso y negación de derechos básicos, condiciones documentadas en el informe de la ONU. Más aún, su situación ejemplifica cómo la represión política no conoce fronteras ni distinción de nacionalidad cuando el objetivo es aplastar la disidencia.
Las agresiones sexuales del régimen
La Misión denuncia que en los casos de mujeres y niñas, las agresiones sexuales van desde sexo forzado hasta exigencia de actos sexuales para acceder a derechos fundamentales como visitas, llamadas, medicamentos, condiciones mínimas de reclusión. También documenta desnudez forzada, amenazas de violación y descargas eléctricas en los genitales, lo que constituye tortura sexual clara, algo que ni la Constitución venezolana ni los tratados internacionales autorizan.
Cada testimonio es más estremecedor que el anterior. Adolescentes detenidas relatan miedo ante miradas de guardias, madres forzadas a presenciar humillaciones, mujeres obligadas a desnudarse ante otras detenidas o funcionarios. El informe deja claro que estos abusos son parte de una política deliberada para sembrar terror y desactivar al adversario político.
Las muertes registradas tras las elecciones, la detención arbitraria de menores, la persecución de familiares de opositores, se combinan para formar un escenario en el que el Estado aparece no solo como represor político, sino torturador, humillador, y verdugo del cuerpo femenino.
El informe es una radiografía escalofriante de la realidad de Venezuela. No solo confirma la persistencia de un plan sistemático de represión, sino que también detalla con precisión la escalada de la violencia estatal, un patrón que, según la Misión, constituye crímenes de lesa humanidad. De allí que la oposición venezolana insista en que el carácter estructural de esta violencia exige responsabilidad internacional. No se trata ya de convicciones diplomáticas, sino de derechos humanos en peligro.
El informe de la ONU no es una acusación genérica ni una exageración: es el testimonio documentado de lo que pasa cuando el Estado somete a la población civil con especial brutalidad contra mujeres, niñas, opositores y ciudadanos españoles. Esa es la realidad. Y ante ella, el silencio de España es mucho más que omisión, es complicidad tácita.