Unos con silencios atronadores, otros con tartajeos y algunas posiciones más que firmes, belicosas, todo el continente americano se ha pronunciado ante el despliegue militar sin precedentes de Estados Unidos en el sur del Caribe (lo que equivale a decir: en las costas de Venezuela), con buques de guerra, submarinos y miles de marines, con ¿el pretexto?, en cualquier caso, con el discurso de combatir el narcotráfico en la región. Pero, sobre todo, para ponerles coto a las operaciones atribuibles al denominado “cartel de los Soles” vinculado al régimen venezolano.
La misión, que incluye vigilancia aérea y naval, así como el posible desembarco de tropas, es percibida por Venezuela como una amenaza directa y una escalada hostil.
En este escenario de alta tensión, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, apoyó sin ambages el despliegue militar estadounidense y ofreció su territorio para operar. Esta iniciativa de la gobernante trinitaria, una abogada de 73 años, cercana al partido Congreso Nacional Unido (UNC), alineado con la socialdemocracia y la centroizquierda, ha aumentado en varios decibeles el ya ruidoso impasse caribeño.
Persad hizo público su respaldo a la decisión de Estados Unidos de desplegar “recursos militares” en el Caribe y afirmó que si Washington solicita acceso al territorio trinitario para “proteger al pueblo de Guyana” ante un supuesto escenario de agresión venezolana, Trinidad y Tobago concederá ese permiso sin reservas. “Estados Unidos tiene la capacidad de desarticular las redes de narcotráfico; y asociarse con los estadounidenses no supone socavar la región del Caribe, sino defenderla“.
“Una vergüenza”
El trasfondo de tan encendidos dictámenes incluye el antiguo conflicto territorial sobre el Esequibo entre Venezuela y Guyana, y las divisiones regionales sobre cómo enfrentar una crisis que combina intereses geopolíticos, seguridad internacional y litigios fronterizos. De hecho, al tildar de “imprudente, lamentable y siniestra” la postura del Ejecutivo, la oposición trinitaria reprobó la falta de consulta con la Comunidad del Caribe (CARICOM), lo que habría saboteado la posibilidad de una postura regional unificada ante la crisis.
En Venezuela, la arenga de la primera ministra Persad-Bissessar, de origen indo-trinitense y seguidora del hinduismo, cayó como una piedra (piénsese que la distancia entre Trinidad y Tobago y Venezuela, en su punto más cercano, es de unos once kilómetros en el golfo de Paria). El principal portavoz del chavismo, Diosdado Cabello, la calificó de “una vergüenza” y agregó que “el pueblo de Trinidad y Tobago no se siente orgulloso de sus gobernantes” por estar sumiso a intereses extranjeros. Cabello, militar retirado con el rango de teniente, de 62 años, también puso énfasis en el conflicto territorial del Esequibo: “El sol de Venezuela nace en el Esequibo y eso no está en discusión”.
Un pronunciamiento de Trinidad y Tobago es de gran importancia para Venezuela debido a la citada proximidad geográfica y las fuertes interconexiones en materia de energía, seguridad y migración. Ambos países comparten, en el Caribe, una frontera marítima vital para la explotación conjunta de vastos yacimientos de gas natural, como el campo de gas Dragón, que se extiende a ambos lados del límite. La cooperación es, pues, crucial para la economía de ambos países y un desacuerdo político amenazaría estos proyectos conjuntos, así como la seguridad energética de la región.
De allí que la postura de la primera ministra haya tenido tal repercusión en Caracas. Venezuela argumenta que, como país vecino, Trinidad y Tobago debería mantener una postura de neutralidad y cooperación, en lugar de “prestarse a juegos geopolíticos” ajenos a la región.
La tensión no es nueva. La actual crisis se enmarca en una escalada previa de acusaciones sobre incursiones armadas, con denuncias de Nicolás Maduro de intentos de penetración de grupos armados desde Trinidad y Tobago hacia territorio venezolano. Aunque ambos gobiernos han mostrado interés en abrir canales diplomáticos e investigar de manera conjunta estos incidentes, las recientes declaraciones evidencian una mayor pugnacidad, donde el alineamiento con Estados Unidos y la tensión por el Esequibo dominan el discurso.
Cómo llegamos aquí
El detonante inmediato de la movilización naval estadounidense en el Caribe fue la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en julio de este año, que autoriza al Pentágono a usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga hispanoamericanos, catalogados como organizaciones terroristas, incluyendo el Cartel de los Soles, supuestamente integrado por militares de Venezuela (cuyos generales usan presillas decoradas con soles) y liderado por Maduro.
Lejos de quedarse en retórica, la decisión conllevó la diseminación de una fuerza militar nunca antes vista en estos pagos, con tres destructores, un grupo anfibio con 4.500 efectivos, un submarino nuclear, y unidades aéreas y navales.
Y sí, el despliegue, de manera oficial, está dirigido a operaciones antidrogas, pero el caso es que el 7 de agosto de 2025, la Administración Trump duplicó la recompensa por Nicolás Maduro, que ya había dejado en su anterior gobierno, a 50 millones de dólares; y la fiscal general, Pamela Bondi, calificó a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”. Y ya antes, el 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE UU le había colgado al Cartel de los Soles la etiqueta de “Terrorista Global Especialmente Designado”, operación simbólica para intensificar la presión contra el grupo. De paso, otros países, como Argentina, Ecuador y Paraguay, su sumaron al pronunciamiento del poderoso vecino del norte y también han designado recientemente al Cartel de los Soles como organización terrorista.
En suma, la postura oficial de Estados Unidos es que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, sino la cabeza de una organización criminal, y varias fuentes y funcionarios han reiterado tal percepción. Marco Rubio, Secretario de Estado de EE UU, puesto de mayor rango en el gabinete presidencial y, por tanto, y jefe de la diplomacia del país y, desde mayo de 2025, asesor de seguridad nacional interino, ha reiterado en varias ocasiones que el régimen de Maduro “no es un gobierno legítimo” sino una “organización criminal” que controla el territorio de Venezuela.
Mucha maniobra para unos soles en eclipse
Al enterarse de las declaraciones de Diosdado Cabello, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar le ripostó que no se disculparía por mantenerse “firme contra el narcotráfico y el contrabando de armas”, y justificó la cooperación militar con Washington como una prioridad para la seguridad regional.
Quizá también volvió su rostro a la ventana para ver pasar, por el mar que Trinidad comparte con Venezuela, hasta nueve embarcaciones de guerra, entre ellas: un Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato (Iwo Jima Amphibious Ready Group), que incluye el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y los buques de transporte USS San Antonio y USS Fort Lauderdale. Son, por cierto, barcos diseñados para el desembarco de tropas y equipo pesado en la costa. Tres destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke. Un crucero de misiles guiados (USS Lake Erie). Un submarino nuclear de ataque rápido (USS Newport News). Un buque de combate litoral y varios miles de efectivos, entre marinos y personal militar.
Parece más de lo que se necesita para una lucha contra las drogas. Y analistas militares y geopolíticos coinciden en que la escala y el tipo de activos desplegados son desproporcionados para una “mera” operación antinarcóticos. El buque de asalto anfibio (USS Iwo Jima) y embarcaciones de transporte con miles de marines es lo más revelador, porque son activos diseñados para proyectar llevar a cabo asaltos anfibios, es decir, para desembarcar tropas en un territorio. En contraste, las misiones antinarcóticos suelen utilizar buques de combate más ligeros, guardacostas y aviones de vigilancia.
Lo que está seguro es que ya cuentan con una isla si se les ofrece repostar agua potable y gasolina.