A tres semanas de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre, Honduras continúa sin conocer los resultados oficiales que definirán a su próximo presidente, en un contexto marcado por la incertidumbre política, retrasos institucionales y una creciente tensión entre actores partidarios y autoridades electorales. Sin embargo, el reciente inicio del escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias y el anuncio de la presidenta Xiomara Castro de que reconocerá al ganador proclamado por el Consejo Nacional Electoral han contribuido a reducir parcialmente el clima de confrontación.
El escrutinio especial, que comenzó finalmente este jueves a las 15:40 hora local, había sido pospuesto desde el 13 de diciembre debido a obstáculos administrativos, disputas entre representantes partidarios y la imposibilidad de integrar las juntas de verificación. Este proceso es considerado clave para definir el resultado de una contienda extremadamente cerrada entre dos candidatos conservadores: Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien lidera los resultados preliminares con el 40,54% de los votos, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que le sigue con el 39,19%, tras haberse procesado el 99,80% de las actas.
Recuento “voto por voto”
Las actas bajo revisión podrían representar más de 500.000 votos, según proyecciones del propio Nasralla, lo que explica la alta expectativa y presión política en torno a este conteo. El escrutinio se desarrolla en presencia de observadores nacionales e internacionales, con mesas integradas por representantes de los partidos políticos, bajo la supervisión del CNE, que tiene como fecha límite el 30 de diciembre para divulgar los resultados oficiales.
La prolongación del proceso ha generado preocupación entre distintos sectores de la sociedad hondureña, que temen que, de no proclamarse resultados antes del plazo legal, el conflicto sea trasladado al Parlamento. Este escenario se ve agravado por la parálisis legislativa, ya que el Congreso Nacional no ha celebrado sesiones plenarias desde agosto, en medio de desacuerdos entre las fuerzas políticas.
En paralelo, el debate sobre la exigencia de un recuento total “voto por voto” ha sido uno de los principales focos de tensión. Tanto Nasralla como el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata Rixi Moncada ocupa el tercer lugar con el 19,29% de los votos, han solicitado ese tipo de revisión. No obstante, el CNE ha reiterado que la ley no permite un recuento generalizado sin causales legalmente acreditadas. En un pronunciamiento público, el organismo subrayó que “la Ley Electoral de Honduras no reconoce ni admite la figura del ‘voto por voto’ total a nivel nacional sin causa”.
“Lo único que falta es que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral”
Desde el CNE también se ha advertido que aceptar un recuento total podría “desnaturalizar el sistema de escrutinio” y vulnerar principios como la legalidad, la imparcialidad y la transparencia. La consejera Cossette López expresó su preocupación por el nivel de presión sobre la institución al afirmar que “lo único que falta es que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral”, denunciando además hostigamientos, amenazas y bloqueos que han dificultado el avance del proceso.
El clima de tensión se reflejó también en las movilizaciones de simpatizantes del partido oficialista hacia las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se resguarda el material electoral. Ante esta situación, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, hizo un “llamado público” a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para proteger tanto a las personas como a los documentos electorales, y solicitó a la comunidad internacional que “esté atenta y documente lo que pueda ocurrir”.
En este escenario, el anuncio de la presidenta Xiomara Castro de que respetará al ganador proclamado por el CNE fue recibido como un gesto de distensión. La mandataria aseguró que, pese a las dificultades, respetará la institucionalidad y facilitará una “transición pacífica” una vez se emita la declaratoria oficial, cuyo plazo vence el 30 de diciembre. Su declaración fue valorada positivamente por diversos sectores, que la interpretaron como una señal para preservar la estabilidad democrática.